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Río de Janeiro, 5 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA solicitó al Gobierno de Brasil la suspensión cautelar de las obras de la represa de Belo Monte por su amenaza a la vida de varios pueblos indígenas del Amazonas, informaron hoy organizaciones indigenistas.
El organismo dependiente de la OEA solicitó la suspensión "inmediata" de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que el Gobierno cumpla una serie de requisitos para proteger la población originaria de la región, según divulgaron hoy las ONGs que defienden a los pueblos afectados.
Las obras comenzaron el mes pasado en la localidad de Altamira, en el estado de Pará, apenas dos semanas después de que un juez pidiese la suspensión del proceso de licitación por supuestas irregularidades en la concesión apresurada de los permisos.
Los grupos ecologistas temen daños irreparables al ecosistema del río Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas, y los indigenistas protestan porque la represa, que será la tercera mayor del mundo desplazará de sus hogares a unas 50.000 personas, incluidos una decena de pueblos indígenas.
La carta de la CIDH, firmada por el secretario ejecutivo del organismo, Santiago Cantón, y remitida a las comunidades de indígenas del Xingú, fue divulgada íntegramente por el Consejo Indígena Misionario (Cimi).
La CIDH recuerda que el Gobierno brasileño debe cumplir la obligación de consultar previamente a los afectados, en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla que la información ofrecida debe ser libre, de buena fe y "culturalmente adecuada".
En ese sentido, se debe garantizar que los indios tengan acceso a los estudios de impacto social y ambiental de la obra "en un formato accesible" y que esté traducido a las respectivas lenguas indígenas.
La decisión de la CIDH también obliga al Gobierno brasileño a adoptar "medidas vigorosas" para proteger la integridad de los pueblos indígenas aislados, que podrían ser afectados por la represa, que va a inundar una área selvática de cerca de 500 kilómetros cuadrados.
Otro de los requisitos exigidos es la elaboración de un plan para prevenir la diseminación de enfermedades como consecuencia de la implantación de la represa y las derivadas del flujo masivo de personas en la región con motivo de las obras.
La CIDH dio un plazo de quince días para que el Gobierno presente pruebas del cumplimiento de las medidas cautelares y que, periódicamente, actualice esas informaciones.
Una vez que el Gobierno brasileño presente sus alegaciones, la CIDH escuchará a ambas partes y decidirá si mantiene o prorroga las medidas cautelares. EFE
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