Al cumplirse este 7 de junio los primeros diez meses (300 días) del nuevo Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, numerosas organizaciones europeas alzaron el tono de voz, exigiendo a los gobiernos del continente una presión más consecuente y activa sobre Bogotá. A la base de esta denuncia, la constatación de la continuidad persistente de las violaciones de los derechos humanos y de la impunidad casi total en ese país sudamericano.
Una centena de redes, ONG y asociaciones acaban de suscribir un documento público exigiendo “hechos concretos y verdadera voluntad política” a las autoridades colombianas.
“Las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia”, enfatiza el documento firmado, entre otros, por la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia –OIDHACO, con sede en Bruselas; el Foro de Mujeres y Desarrollo de Noruega; Pan para el Mundo de Alemania; la Rete italiana Colombia Vive; la DKA de Austria; así como noventa asociaciones y partidos políticos del Estado Español.
Entre julio 2010 y abril 2011 se contabilizan 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo 34 asesinatos, puntualiza el documento.
Que señala que 15 líderes campesinos que reclamaban el derecho a la tierra de sus organizaciones en poblaciones del norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Arauca y Tolima corrieron igual suerte en el mismo período.
“El drama del desplazamiento forzado continúa...Sólo en el primer trimestre del 2010 se han registrado en Acción Social 36.000 personas en tanto víctimas” de ese flagelo producto del conflicto, enfatizan las organizaciones europeas.
Quienes señalan los escasos avances reales del nuevo Gobierno en el área de desapariciones forzadas; en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales -se documentaron 29 nuevos casos-; de las agresiones constantes a sindicalistas - cerca de 230 casos entre ellos 24 asesinatos-; del asesinato de dirigentes indígenas -122 casos- y del no respeto al mandato constitucional de la consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades afro-colombianas.
Para las organizaciones europeas firmantes, estas violaciones constantes de derechos humanos y la vigencia de la impunidad de las mismos enmarcan una realidad preocupante.
Mirada helvética
“Compartimos el contenido del documento “300 Días de Juan Manuel Santos”. El cambio real con respecto al gobierno anterior de Álvaro Uribe se limita básicamente al tono usado frente a la oposición política, fingiendo un diálogo constructivo con las organizaciones de la sociedad civil”, enfatiza Stephan Suhner, coordinador del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia.
A pesar de expresiones de buena voluntad de las nuevas autoridades, como por ejemplo la Ley de Víctimas o de Tierras, muchas de las medidas tomadas o en camino son insuficientes, enfatiza el experto en Colombia.
En cuanto al tema prioritario de la tierra, “se habla de restituir 2 millones de hectáreas a los campesinos desplazados...Pero el total de la tierra robada en el marco del conflicto interno es de 6 millones de hectáreas. ¿Qué pasa con las 4 millones restantes?”, se interroga Suhner.
El experto suizo enfatiza que “en el área minera – una de las locomotoras de esta nueva administración- y en relación específica a los efectos sobre el medio ambiente, no se ve voluntad alguna de concertar con las poblaciones y comunidades directamente afectadas”.
Por último, Suhner reconoce ciertos avances en el terreno de la política internacional, como por ejemplo, la resolución de la crisis entre Colombia y Venezuela. “Aunque pienso que esos pasos positivos no están lejos de un cálculo político: mejorar la reputación de Colombia. Apostando a que la mejor imagen externa del país facilitará la suscripción de los Tratados de Libre Comercio pendientes y las inversiones extranjeras en general”, enfatiza.
“La Unión Europea no puede seguir callada”
En paralelo al documento de la sociedad civil europea, y a partir de su sede en Bruselas, Bélgica, la OIDHACO (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia) hizo llegar a la Unión Europea (UE) tres reivindicaciones centrales.
En primer lugar que la UE exija avances verdaderos a Bogotá, “ya que las cifras de violaciones no solo no han cesado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos sino que se han incrementado”.
También que exija a Bogotá reconocer públicamente la existencia de grupos paramilitares en 32 departamentos del país. Dado que “actualmente los presentan como delincuentes comunes y sus crímenes contra organizaciones y defensores de derechos humanos aparecen como consecuencia de la violencia común”.
Y, por último, exige que la comunidad europea se comprometa en la lucha contra la impunidad vigente en ese país sudamericano “la que ronda en el 97% de los casos denunciados” según la OIDHACO.
De los más de 50 mil supuestos desmovilizados en el proceso de la Ley 975, tan solo existe una condena en firme dictada por la Corte Suprema de Justicia.
La ONG española Intermón-Oxfam denuncia que entre 2001 y 2009, 490.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. En el marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, los paramilitares han confesado un total de 70.780 delitos. De estos solo 69 casos hacen referencia explícita a violencia sexual. Hasta la fecha no hay ninguna sentencia condenatoria frente a este crimen, denuncia el documento público.
Sergio Ferrari, en colaboración con Le Courrier y swissinfo.
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