El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expresó su preocupación por las amenazas proferidas por grupos paramilitares de Colombia en contra de tres Organizaciones no Gubernamentales (ONG) dedicadas a trabajar con las víctimas del conflicto armado.

"Las amenazas contra líderes en procesos esenciales para la construcción de paz y reconciliación nacionales son de extrema preocupación", refirió el PNUD mediante un comunicado.

"Toda amenaza e incitación a la violencia y a la intolerancia tiene que ser rechazado firmemente por el Estado", subrayó la agencia de las Naciones Unidas en la misiva.

Esta semana, la directora de Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), Ana Teresa Bernal, denunció que el grupo paramilitar Águilas Negras amenazó de muerte a dirigentes de tres ONG en defensa de los derechos humanos.

Además de Bernal fueron amenazados Luis Emil Sanabria, de Redepaz; así como Carmen Palencia y Gerardo Vega, de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), y Jesús Mario Orozco, de la Fundación para el Desarrollo Visual Oral y Humano (Funhumana).

“Les declaramos la guerra directa y frontal con el objetivo de exterminar a estas organizaciones y a sus dirigentes”, fue el mensaje enviado en dos hojas dentro de un sobre del Bloque Urabá Antioqueño (noroeste) de las Águilas Negras.

“Los vamos a enterrar a todos ustedes en las tierras que tanto reclaman y sigan haciendo propaganda en los medios de comunicación, eso no les servirá de nada”, asegura la nota.

"Se creen muy seguros con sus (...) escoltas (...) a esos los acostamos (sepultamos) rapidito, son igual de dormidos a ustedes", continuó.

Recientemente el grupo armado, considerado como la tercera generación de los grupos paramilitares y asociadas con los carteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas, también dejó panfletos amenazantes en las sedes de una docena de grupos de teatros de calle del país. Por este caso se activaron medidas de seguridad de parte de la Policía Nacional.

En cuanto a las ONG que acompañan a los desplazados y a quienes reclaman las tierras, tienen documentados los homicidios de más de 60 desplazados forzosos por el conflicto desde el 2005.

El grupo que suscribe la amenaza actúa en Urabá, región agroindustrial del departamento de Antioquia, en donde el Gobierno ha descubierto una apropiación irregular masiva de tierras.

El pasado 25 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos indicó que una investigación sobre las transacciones de tierras en Urabá concluyó que "grandes terratenientes" se apropiaron de manera irregular con 41mil 790 hectáreas de predios rurales.

El mencionado estudio estableció que gran parte de las mencionadas transacciones fueron mediadas por la prófuga Sor Teresa Gómez, perteneciente a la familia Castaño, una de las fundadoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Por otro lado, la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) afirma que desde marzo de 2002 hasta el 8 de mayo de 2011, han asesinado a 49 líderes y personas en situación de desplazamiento, que reclaman restitución de tierras.

En lo que va de 2011 van ocho personas asesinadas por el mencionado caso, según Codhes.