Por vigésimo año consecutivo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó por abrumadora mayoría –186 votos en favor, dos en contra y tres abstenciones– el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace medio siglo. El resultado en la votación de ayer es ilustrativo del aislamiento diplomático que padece la superpotencia en torno al añejo conflicto: salvo por el voto adverso del acusado y el de Israel –cuyo gobierno está necesitado del respaldo estadunidense para perpetuar otro atropello internacional: la ocupación ilegal de los territorios palestinos– y las abstenciones de islas Marshall, Micronesia y Palaos, más de 90 por ciento de los estados miembros de la ONU –cuyos gobiernos provienen de las más distintas ideologías económicas, políticas y sociales, y no pocos de ellos han sido aliados tradicionales de Washington y críticos del régimen cubano– rechazaron el intervencionismo, la inmoralidad, la pretensión de extraterritorialidad y el anacronismo que conlleva el embargo contra el país caribeño.

Es pertinente insistir en que, con independencia de opiniones sobre el sistema político y económico cubanos, el bloqueo impuesto por Estados Unidos resulta insostenible desde el punto de vista legal, moral, humano y político: en las cinco décadas transcurridas desde su inicio, esa medida ha perjudicado gravemente a la nación caribeña, ha obstaculizado la alimentación, la salud y la prosperidad de la población de la isla y ha provocado enorme daño a su economía. Según afirmó ayer el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, el bloqueo ha costado al país caribeño unos 975 mil millones dólares, fundamentalmente por la necesidad de adquirir comida, medicamentos, reactivos, repuestos para equipos médicos, instrumental y otros insumos en mercados alejados y, en muchas ocasiones, con el uso de intermediarios, a consecuencia de la prohibición a negociar con compañías estadunidenses, e incluso con subsidiarias de otros países.

Para colmo, la persistencia de la medida constituye una contradicción a los principios de libre comercio que Washington ha impuesto en otras latitudes del continente y del mundo, toda vez que priva a empresas de Estados Unidos y de otras naciones de legítimas oportunidades de negocio y de inversión en la economía cubana.

Por otra parte, en la sesión volvió a relucir la doble moral característica de la postura de Washington hacia la isla, con la insistencia, formulada por el representante del vecino país en la ONU, Ron Godard, de que nuestro objetivo (con el embargo) es lograr un ambiente más abierto en Cuba, mejorar los derechos humanos y libertades fundamentales: aun soslayando que tales exigencias vulneran el principio de no intervención y las nociones básicas de respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, su planteamiento resulta improcedente en voz de un gobierno que ha tolerado y respaldado a regímenes impresentables como el de Arabia Saudita, el de Marruecos y el de Israel –entre muchos otros–, que son reconocidos por su carácter opresivo y por ser violadores consuetudinarios de los derechos humanos.

En suma, con la continuidad de una política que ha generado el rechazo de prácticamente toda la comunidad internacional, la administración que encabeza Barack Obama ha acentuado la percepción de fracaso con respecto a sus promesas iniciales de cambio. Fuera de la eliminación de algunas de las restricciones a viajes y envíos de divisas impuestas por George W. Bush, la política del gobierno actual de Washington hacia La Habana es indistinguible de la de su antecesor. El presente mandatario estadunidense, distinguido hace dos años con el Premio Nobel de la Paz, atropella, con el mantenimiento del embargo, las consideraciones éticas, humanas y civilizatorias más elementales y actúa a contrapelo del sentir mayoritario de la ONU.