Si los cubanos, no importa ahora sus ubicaciones sociales, pudieran hacerlo sin pedir permisos, fijando libremente las fechas de regresos y de salidas, y de paso sin pagar los servicios consulares leoninos que el Gobierno cubano fija, se estaría dando un paso muy importante en el desmontaje del sistema político autoritario. Un paso que probablemente pocos en el Palacio de la Revolución estarían dispuestos a dar.

Pero si al mismo tiempo se levantaran todas las disposiciones que impiden a los emigrados disfrutar sus derechos legítimos como ciudadanos cubanos (sin ello no hay normalización migratoria) y en particular el derecho a regresar, entonces este sistema político excluyente y discriminatorio estaría firmando su propia acta de defunción. Y con seguridad esto no lo van a hacer ni los tecnócratas mercantilistas ni los ateridos burócratas ideologistas.

El asunto es muy claro: la política migratoria cubana es un inmenso mecanismo de expropiación de derechos de los cubanos y cubanas, de represión, de coacción social y de abusos fiscales. Y esto es válido tanto para los cubanos insulares como para los emigrados. La ciudadanía secuestrada que sufren los emigrantes es la contrapartida perfecta de la ciudadanía incompleta que afecta a los habitantes de la Isla. No podía ser de otra manera, sencillamente porque una y otra condición son resultados de un Estado que se coloca por encima de sus ciudadanos para administrar sus derechos civiles y políticos, los que confisca, delega y revoca según las circunstancias

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