El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha reactivado la causa iniciada por Garzón por las torturas cometidas sobre cuatro islamistas —uno de ellos el llamado talibán español— en la base norteamericana de Guantánamo y que constituyen inicialmente, según el magistrado, delitos de torturas, contra la integridad moral y crímenes de guerra.
El magistrado considera que existe base suficiente para afirmar la jurisdicción de la justicia española para investigar los hechos, ya que existe un “vínculo de conexión relevante con España” y, a pesar de que el pleno de la Sala Penal estableció preferente la jurisdicción estadounidense, no hay constancia de que ni en Estados Unidos ni en Reino Unido haya abierta ninguna investigación ni persecución efectiva de esos delitos.
El juez Ruz ha instado al fiscal para que le informe acerca de las personas contra las que entienda pertinente dirigir la acción penal como responsables de los hechos. Mientras tanto, el magistrado considera que no procede notificar la querella a los querellados: El expresidente George Bush, el exvicepresidente Dick Cheney, el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, el general Michael Lehner, jefe militar de Guantánamo, y el general Geoffrey Miller, jefe de operaciones de detención e inteligencia de la base norteamericana.
Mientras tanto, el juez ha ordenado los exámenes forenses de Hamed Abderrahman Ahmed (el talibán español) y Lahcen Ikassrien, residentes ambos en España, para que acrediten las lesiones y secuelas que puedan haber padecido.
También ha requerido a EL PAÍS para que, “en colaboración con la Administración de Justicia, (...) informe a este juzgado si obra en su poder documentación alguna relativa al trato recibido durante su detención en Guantánamo por parte de los querellantes Abdul Latif Al Banna, Omar Deghayes, Hamed Abderrahman Ahmed y Lahcen Ikassrien”. Este periódico publicó una serie de informaciones sobre la base de los denominados papeles de Wikileaks, que se pusieron a disposición de los lectores en la web del diario.
El juez reitera las comisiones rogatorias remitidas en 2009 a Estados Unidos y Reino Unido y recordadas en otras cuatro ocasiones, que hasta ahora no habían tenido respuesta alguna.
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