Carnet por puntos para obispos

Emma Torralba

Eclesalía

Alertados por las últimas declaraciones de algunos prelados españoles, miembros de la “Plataforma de afectados por los obispos” (PAO) -de reciente creación-, han enviado un escrito a la nunciatura reclamando la instauración de un carnet por puntos para obispos.

Como ocurre con en el carnet de conducir, los pastores de la grey cristiana perderían puntos cada vez que algunas de sus declaraciones y/o acciones incumpliera las normas elementales del sentido común, pudiéndose dar el caso de perder todos los puntos con la consiguiente retirada del “carnet de obispo”.

De momento, los miembros de la PAO proponen las siguientes medidas urgentes:

* Pérdida de 7 puntos para Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid por conducir en dirección contraria a toda la sociedad al cuestionar la idoneidad de Soraya Sáenz de Santamaría como pregonera de la Semana Santa, “debido a su situación matrimonial”.

* Pérdida de 5 puntos para Jaume Pujol, arzobispo metropolitano de Tarragona por saltarse todas las señales de inteligencia teológica al expresar públicamente que “las mujeres no pueden ser curas como él tampoco puede ser madre; cada uno tiene su función propia en la Iglesia”.

* Retirada automática de carnet y multa de 250 euros para Demetrio Fernández, obispo de Córdoba por salirse en la curva de lo razonable al decir desde el púlpito que “en las escuelas de Secundaria, dentro de los programas escolares, se incita a los jóvenes a fornicar”.

Para recuperar los puntos perdidos, la PAO propone que los obispos asistan a cursos de reciclaje humano, en los que a través de diapositivas se les mostrarían mujeres del siglo XXI en intervalos de cinco minutos.

El departamento de fecundación asistida de la universidad de Lovaina ha pedido encargarse de la rehabilitación del arzobispo de Tarragona, argumentando que, sumando los avances de la ciencia con la situación eclesial actual, “es más fácil que un obispo se quede embarazado que el que una mujer llegue a ser cura”. Prometen devolverlo a España en un plazo de nueve meses.

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