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General: Los crímenes de lesa humanidad del franquismo son imprescriptibles
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| De: Ruben1919 (Mensagem original) |
Enviado: 06/02/2011 13:27 |
Así lo exige el Comité de Derechos Humanos de la ONU pues esta Ley es contraria a los Convenios Internacionales ratificados por España
La máxima autoridad en Derechos Humanos del mundo ha afirmado que la Ley de Amnistía es ilegal.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue el primero en amonestar a España y lo hizo en términos muy duros. Su documento, publicado el 5 de enero de 2009, muestra "preocupación" por "el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía" de 1977 y recuerda que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" y que las amnistías "relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto".
Pero no ha sido el único. El 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a condenar explícitamente la norma porque "el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción". Afirmando a continuación que: "El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía".
En la misma línea, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita expresamente de nuevo la Ley de Amnistía y hace dos exigencias a España: "Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad". Y que se realicen "investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada".
Ha llegado el momento de terminar con una Ley que impide que se juzguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Franquismo. Exijamos al Presidente del Congreso de los Diputados que la Ley de Amnistía sea derogada.
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Gonorrea es un auténtico ignorante de la jerarquía de las normas jurídicas y aún así cree que se las sabe todas ... el muy imbécil no sabe que el derecho internacional está por encima de las normas nacionales cuando las primeras emergen de tratados firmados por los estados . Y dice y vuelve a repetir que Garzón no tiene razón cuando afirma basado en la jurisprudencia y en la doctrina internacionales que los crímenes de lesa humanidad no prescriben .... jajajajaja Ahora verá que sabe mas que cualquier jurista el mequetrefe ... |
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SI JUZGAMOS LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO JUZGUEMOS TAMBIEN LOS DE LA IZQUIERDA REPUBLICANA , FRENTE POPULAR , LOS COMETIDOS POR LA IZQUIERDA ....ETC
ALGUNOS ESPAÑOLES NO TENEMOS QUE VER CON NADA DE ELLO , CON NINGÚN CRIMEN Y QUEREMOS SOLUCIONES EN EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO Y SEGUIR VIVIENDO EN PAZ Y EN PROGRESO . 
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Los crímenes reales y falsos del Frente Popular ya fueron demasiado juzgados por el régimen del criminal dictador.
Ahora faltan LOS OTROS.
A ver si se entera don Iñaki.
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EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ES UN CORRUPTO QUE NO JUSTIFICA SU ENRIQUECIMIENTO DE PATRIMONIO .
Pero usted cómo lo sabe, señor Cataplasma. Si tiene pruebas vaya a un juzgado y que resulte lo que tenga que resultar. ¿Por qué no lo hacen usted o sus amigos peperos o falangistas? A mí me da exactamente igual, pero lo que no puede ser es calumniar, aunque ya sabemos que darle a la lengua es muy fácil. Yo no simpatizo con el PSOE pero si hay un partido corrupto en España, ése es el PP, sobre todo en los últimos tiempos. Es el PP el del vergonzoso caso "Gürtel" (Correa, que no sé por qué hay que decirlo en alemán) y es el PP el que en la gran mayoría de los casos (Benidorm es la única excepción conocida) ha roto los pactos antitransfuguismo, que son una muestra de absoluto desprecio por la democracia, puesto que los tránsfugas falsean el voto popular y quien lo acepta y promueve se kga y se mea en la democracia, pero eso es muy propio de los franquistas peperos. En Galicia los casos de transfuguismo a favor del PP son diversos y variados, mientras que a favor del PSOE u otros partidos más a la izquierda, cero patatero.
LOS SOCIALISTAS ESTÁN pringados con un delito de colaboración con banda armada terrorista ( CASO FAISÁN ) como lo estuvieron antes con el terrorismo de Estado con Felipe González en el GAL .
No diga gilipolleces, procure ser un poco menos de Creta.
LO QUE HAY QUE HACER ES ECHAR AL GOBIERNO ACTUAL DEMOCRATICAMENTE MEDIANTE UNA VOTACIÓN DEL PUEBLO . PARA QUE ESPAÑA VUELVA A SER EL GLORIOSO Y GRANDIOSO PAÍS QUE SIEMPRE HA SIDO SIN QUE ESTOS SINVERGüENZAS LO IMPIDAN O LO DIFICULTEN .
Lo que hay que hacer es un referéndum democrático Monarquía-República, y no tragar esta monarquía impuesta por Franco y los poderes fácticos. Lo mismo hay que hacer con el resto de esta constitución de derechas que tenemos, como consecuencia de la libertad vigilada bajo la amenaza de un ejército franquista cuando se hizo esta constitución en presencia de una bajada de pantalones de la izquierda y a la medida del capital y la oligarquía franquista.
SI JUZGAMOS LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO JUZGUEMOS TAMBIEN LOS DE LA IZQUIERDA REPUBLICANA , FRENTE POPULAR , LOS COMETIDOS POR LA IZQUIERDA ....ETC
Claro, pero resulta que los de la izquierda se han juzgado hasta la saciedad y se han juzgado también los que no eran crímenes de la izquierda, mientras que los franquistas se fueron de rositas. Qué gracioso es usted, doctorcito. Procure ser un poco menos gili, si es posible...
ALGUNOS ESPAÑOLES NO TENEMOS QUE VER CON NADA DE ELLO , CON NINGÚN CRIMEN Y QUEREMOS SOLUCIONES EN EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO Y SEGUIR VIVIENDO EN PAZ Y EN PROGRESO . 
Pues sin miedo, juzguemos todo de manera objetiva, no como hizo Franco con los que defendieron la república. Al menos vayamos a orinar a la tumba del dictador...
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Jajajajajajajaaaaaa VAMOS !!!! |
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Los crímenes reales y falsos del Frente Popular ya fueron demasiado juzgados por el régimen del criminal dictador.
Ahora faltan LOS OTROS.
A ver si se entera don Iñaki.
Ahora faltan LOS OTROS.
ARGUMENTO FALSO
Se refiere a Carrillo
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ES UN CORRUPTO QUE NO JUSTIFICA SU ENRIQUECIMIENTO DE PATRIMONIO .
NO HA JUSTIFICADO UN PATRIMONIO IMPOSIBLE DE CONSEGUIR CON SU SUELDO
SI NO ES CON AMIGUISMO Y CON NEGOCIOS SUCIOS ... ¿ POR QUÉ NO DETIENEN Y ENCARCELAN A LOS QUE HAN DIFUNDIDO LA INFORMACIÓN PATRIMONIAL DE ESE ILUSTRE PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ?
LOS SOCIALISTAS ESTÁN pringados con un delito de colaboración con banda armada terrorista ( CASO FAISÁN ) como lo estuvieron antes con el terrorismo de Estado con Felipe González en el GAL .
LO DEL GAL ESTÁ PROBADO Y CONDENADOS UN MINISTRO Y UN SECRETARIO DE ESTADO Y LO DEL FAISÁN seguramente se probará con el nuevo curso que lleva la investigación y las diligencias judiciales .
LO QUE HAY QUE HACER ES ECHAR AL GOBIERNO ACTUAL DEMOCRATICAMENTE MEDIANTE UNA VOTACIÓN DEL PUEBLO . PARA QUE ESPAÑA VUELVA A SER EL GLORIOSO Y GRANDIOSO PAÍS QUE SIEMPRE HA SIDO SIN QUE ESTOS SINVERGüENZAS LO IMPIDAN O LO DIFICULTEN .
ESO ES IMPRESCINDIBLE , YA QUE DONDE ENTRA LA IZQUIERDA LA CAGAAAAAAAA .
HASTA AHORA ESTE GOBIERNO SOCIALISTA Y OBRERO SÓLO HA DEMOSTRADO INCOMPETENCIA E INEPTITUD
SI JUZGAMOS LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO JUZGUEMOS TAMBIEN LOS DE LA IZQUIERDA REPUBLICANA , FRENTE POPULAR , LOS COMETIDOS POR LA IZQUIERDA ANARQUISTA....ETC
INCLUIDO CARRILLO , QUE SE HA IDO DE ROSITAS , SIGUE VIVO Y NOMBRADO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA IZQUIERDA ESPÑOLA . ESO ES TALANTE , ECUANIMIDAD Y JUSTICIA , JAJAJAJAJAJA . LA DE LA IZQUIERDA QUEMACONVENTOS JAJAJAJAJA .
ALGUNOS ESPAÑOLES NO TENEMOS QUE VER CON NADA DE ELLO , CON NINGÚN CRIMEN Y QUEREMOS SOLUCIONES EN EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO Y SEGUIR VIVIENDO EN PAZ Y EN PROGRESO .
ME IMPORTA UN CARAJO LA REPUBLICA Y GOBIERNOS COMO EL ACTUAL , SÓLO QUIERO PAZ Y PROGRESO Y ESO CON LA IZQUIERDA ES IMPOSIBLE 
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Viva la eterna tercera República española !!! .... Ya no mas zanganos mantenidos a costa del hambre de los mas humildes ! Fuera Zapateros y AZNOS vendidos o representantes de la corona ... la mitra ... la burguesía y las trasnacionales .- |
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El Secretario General del Partido Comunista de España, José Luis Centella, manifestó ayer su indignación por el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo denegando la autorización a la familia del poeta para interponer recurso extraordinario de Revisión, frente a la sentencia de condena de muerte dictada el 18 de enero de 1940, por el Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid, contra Miguel Hernández, como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto en el artículo 238.2º del Código de Justicia Militar del año 1890.
Es significativo que la Sala acuerde denegar la interposición del recurso amparándose en lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, argumentando que la condena, como todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra, ha sido reconocida por esta ley como “radicalmente injusta”, y declarada su ilegitimidad, por lo que el Supremo admite que la condena es injusta e ilegitima pero no la anula.
Para José Luis Centella “en estas circunstancias han quedado al descubierto las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica, tal y como se había visto en casos anteriores”, a la ve que considera insuficiente la declaración de Miguel Hernández como víctima del Franquismo mientras resulta imposible conseguir la anulación de su condena”,
Al conocer la decisión del Supremo, Centella anunció la intención del PCE de promover una iniciativa ciudadana para exigir los cambios legales que permitan la anulación del juicio y la desaparición de la condena de Miguel Hernández, y la del resto de los miles de republicanos, fieles a su gobierno democrático y sus ideales, que todavía no han visto reparada su memoria.
El PCE denuncia que con esta decisión se pone en evidencia cómo sigue imperando la memoria de los vencedores por encima de la necesaria justicia histórica con los vencidos, y la falta de voluntad del gobierno socialista por no haber desarrollado en todos sus años de gobierno una Ley de la Memoria Integral. Por todo esto, el Partido Comunista seguirá defendiendo la necesidad de la anulación de los tribunales franquistas al considerar que el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que desencadenó no puede ser fuente de derecho.
En consecuencia el PCE denuncia el trato hipócrita realizado con el poeta del pueblo a quien el año pasado se colmó de honores institucionales durante la celebración del centenario de su muerte, pero al que al mismo tiempo se le priva de reparación de la justicia negándole la anulación de aquel juicio que le condenó a muerte. El Partido Comunista considera que ésta es una segunda condena testimonial, que añadir a la dictada en su día por los tribunales franquistas. La diferencia es que esta vez se hace en democracia, y también la importancia de esta anulación ya que sentaría el precedente para anular la de tantos republicanos injustamente represaliados.
En estas circunstancias, el PCE hace un llamamiento a todas la comisiones, plataformas, instituciones y colectivos que han trabajado para difundir las actividades en torno al centenario del poeta para que se sumen a la petición de cambios legislativos que permitan la definitiva anulación de la sentencia de Miguel Hernández sin esperar a que una nueva celebración nos sitúe ante el espejo de nuestras vergüenzas.
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Viva la eterna tercera República española !!! .... Ya no mas zanganos mantenidos a costa del hambre de los mas humildes ! Fuera Zapateros y AZNOS vendidos o representantes de la corona ... la mitra ... la burguesía y las trasnacionales .-
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Antonio Morales
Niños robados - Fiscal jefe de Málaga
Miércoles, 09 de Marzo de 2011
Antonio Morales, fiscal jefe de Málaga, contestará las preguntas de los lectores sobre el caso de los niños robados.
Los internautas preguntan a Antonio Morales
Eluque
1. 09/03/2011 - 12:23h.
¿Cree usted que al final estos casos quedarán en nada porque habrá prescristo todo?
Buenos días, Eluque. Hemos iniciado una investigación que todavía no sabemos a dónde nos va a llevar. Las posibilidades delictivas son muchísimas: desde suposiciones de parto -en el caso de los supuestos compradores- al robo de niños, en el caso de los intermediarios que pudiera haber. Y también puede haber delitos de falsedad en documento público y usurpación del estado civil. Hemos iniciado un camino que hay que ver a donde nos lleva. La prescripción va en relación con el delito. Estos delitos, por regla general prescriben transcurridos los diez años, pero la usurpación del estado civil es una condición duradera y permanente, y ahí la prescripción no existe.
Javi
2. 09/03/2011 - 12:29h.
Buenos días. Una vez una familia ha realizado la denuncia, ¿qué se puede esperar qué haga la Justicia y qué más puede hacer la familia para avanzar en el proceso? Gracias
Buenos días, Javi: En Málaga, una vez que se abren las diligencias de investigación en la Fiscalía, se comunica a la Policía Nacional, que ha nombrado a una inspectora para que lleve a cabo la investigación profunda de los hechos -hasta ahora tenemos 39 casos denunciados, la mayoría en los últimos días-. Con los certificados de defunción, la policía ha tratado de contactar con las personas que los formalizaron -por desgracia, algunos han fallecido ya o tienen una edad muy avanzada-. Contamos también con la colaboración de la directora del Archivo Histórico Provincial, que trata de localizar la documentación procedente de juzgados de toda la provincia y trata de saber qué existe en otros archivos para facilitarnos la investigación. También investigamos los enterramientos que se dice que se hicieron esos años por las funerarias que trabajaban con los hospitales.
Javi
3. 09/03/2011 - 12:34h.
¿De qué forma se llevará la instrucción, se investigarán cada uno de los casos o solamente la trama en sí? Gracias y un saludo.
Gracias por la pregunta, Javi: Tratamos cada caso individualmente. De hecho, ya hemos judicializado uno de los casos denunciados en la Fiscalía y se han remitido al Juzgado de Instrucción correspondiente para que profundice en la investigación. Cada caso tiene su particularidad, tanto por los lugares como por las circunstancias narradas en cada denuncia. La casuística es realmente enorme.
Pablo
4. 09/03/2011 - 12:35h.
He leído en algún periódico que algunas de las denuncias que se han presentado no iban a prosperar porque el delito habría prescrito, es esto cierto?
Buenos días, Pablo: como ya he mencionado anteriormente, hay delitos que sí prescriben y otros que pueden no hacerlo por tener carácter permanente. Un saludo.
Laura
5. 09/03/2011 - 12:38h.
¿Qué va a pasar con todos esos médicos y personas implicadas en el proceso del robo de niños? ¿Va a haber alguna manera de poder juzgarlos? Imagino que será difícil recopilar tantos datos en tantas provincias. Gracias por responder
Buenos días, Laura: De momento, en Málaga no tenemos ninguna denuncia de una trama organizada de sustracción y venta de niños en la que estuviera implicado personal sanitario. Si la investigación nos llevara a ello, se actuaría contra ellos.
Manolín
6. 09/03/2011 - 12:44h.
Tienen previsto o hay algún tipo de asesoramiento o guía para personas que tienen dudas de que a sus familias pudiera haberle ocurrido algún caso de niños robados pero que no tienen certeza? Solo la sospecha puede servir para que la fiscalía investigue?
Buenos días, Manolín. Actualmente no existe ningún organismo de orientación o asesoramiento creado como tal. No obstante, en la provincia de Málaga, y eso puede ser extensivo a toda España, tanto en el Archivo Histórico Provincial como en el archivo de la Diputación y en el archivo municipal de Málaga cuando hay ciudadanos que acuden a buscar la documentación se les informa sobre las posibilidades de que existan o no los documentos que buscan. Otros archivos municipales informan sobre los registros de los cementerios o la ausencia de los mismos.
lapidus
7. 09/03/2011 - 12:46h.
Buenos días, me gustaría saber cuál de los casos de niños robados le ha impresionado más y por qué?
Buenos días Lápidus: hay una denuncia que recuerdo, de una madre a la que le dijeron que su niño había nacido muerto y que el bebé había sido enterrado en la tumba de un señor muy rico. Eso es al menos lo que relataba la familia.
Cecilia
8. 09/03/2011 - 12:50h.
Hola, Antonio, me alegro de saludarte (nos conocimos cuando trabajaba en Málaga). Me gustaría saber qué delitos se pueden haber cometido en estos casos de niños robados y si han prescrito. Un saludo.
Hola, Cecilia, yo también me alegro de saludarte. Como ya he comentado más arriba, los delitos principales serían: usurpación del estado civil, suposición de parto, sustitución de un niño por otro, falsedad documental e incluso estafa. La mayoría de las familias denunciantes no pretende tanto un castigo a los supuestos responsables como conocer la verdad de lo que pasó con sus hijos. Actuamos en este sentido en base al art. 24 de la Constitución: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Las familias ejercen un derecho e interés legítimo.
Granaina
9. 09/03/2011 - 13:00h.
Buenos días, Quería saber como puedo iniciar la investigación de un caso familiar que podría ser el de una niña robada. El nacimiento fue en 1977 e informaron a mis padres, a las 13 horas de nacer, que había muerto. No sé si vieron el cuerpo o no (aún lo tengo que confirmar con ellos) ¿Se han dado casos en el Hospital Carlos Haya o en el Materno infantil de Málaga?
Buenos días, Granaina: En el Carlos Haya se ha dado un caso, aunque la mayoría corresponden al Hospital Civil de Málaga. Para iniciar la investigación hay dos vías principales: le recomiendo que acuda en primer lugar a los archivos del propio hospital en el que nació la niña. Si esos archivos no existieran, pueden acudir a los archivos de la diputación o del archivo histórico provincial correspondiente. También se puede buscar en los registros de los cementerios o de inhumaciones que se conservan en los archivos municipales. Con esa documentación pueden acudir a la Fiscalía. En cualquier caso, si no encuentran la documentación, cosa muy habitual porque en los hospitales faltan muchos archivos, también pueden acudir a la Fiscalía en caso de que tengan sospechas de que se trata de un niño robado.
Domi del Postigo
10. 09/03/2011 - 13:08h.
Cómo debe actuar la justicia en caso de que los,hoy adultos,bebés robados no quieran reconocer a sus padres biológicos? Abrazo. Gracias
Hola, Domi, me alegro de saludarte: ciertamente es una pregunta complicada. La Fiscalía investiga los hechos delictivos, y su esclarecimiento puede comportar hacer pruebas biológicas. En ese caso entrarían en conflicto derechos de dos partes, de la madre biológica y del adulto. Estas personas son víctimas, no autores de delitos, y para las pruebas de ADN se requeriría su consentimiento. Pero el problema puede ser anterior a las pruebas de ADN: el mero hecho de perturbar a un adulto planteándole que la que cree su familia biológica puede no serlo puede acarrear un trauma y ser una violación de su derecho al sosiego. La verdad es que la respuesta no es sencilla. En todo caso, hay que contar con el consentimiento de la persona afectada.
Daniel
11. 09/03/2011 - 13:09h.
Si uno tiene sospechas de que podrían haber robado un niño en su familia, pero no tiene ninguna prueba ¿Qué puede hacer?
Gracias por la pregunta, Daniel. Puedes encontrar la respuesta más arriba. Un saludo.
Morgan
12. 09/03/2011 - 13:11h.
Al igual que están saliendo a la luz tanto hijos robados como padres engañados ¿aparecerán tambien monjas, curas , enfermeros etc?
Hola, Morgan: nosotros no tenemos constancia alguna, de momento, de religiosos, sino exclusivamente de personal sanitario y en especial a las matronas.
afollet09
13. 09/03/2011 - 13:14h.
Hola buenos días, la historia de los niños robados es un drama de tal calibre que asusta. He conocido a varias mujeres que están convencidas de que las engañaron y que ahora buscan a sus hijos. Me gustaría conocer si también le ha impresionado a usted las historias que cuentan estas mujeres
Hola, afollet09. Naturalmente que me han impresionado. Es imposible que situaciones como las denunciadas no impresionen.
lolo
14. 09/03/2011 - 13:15h.
¿Qué derechos tienen las personas afectadas por el caso actualmente, ante las prescripciones d elos delitos etc.?
Hola, Lolo. Como ya he apuntado antes, los afectados tienen el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir, a que la justicia de respuesta a sus derechos e intereses legítimos.
ALF
15. 09/03/2011 - 13:18h.
Si uno de los "niños" robados quisiera reconstruir su identidad, ¿qué pasos tendría que dar?
Hola, Alf: para estos casos existe ya un procedimiento administrativo a través del Registro Civil correspondiente. En los llamados casos de niños robados, en la provincia de Málaga, la iniciativa de investigar la han llevado a cabo las madres o las hermanas. Hasta ahora no hemos conocido casos en los que los hijos inicien la investigación.
david J.
16. 09/03/2011 - 13:21h.
¿La Fiscalía de Málaga recurrirá las denuncias de bebés robados que archive el juez porque considere que han prescrito, como un reciente caso en Cádiz?
Hola, David: Si la Fiscalía entiende y comparte que el archivo se ajusta a derecho, no recurrirá. En caso contrario, no lo quepa duda de que recurrirá.
Jota
17. 09/03/2011 - 13:26h.
Buenos días¿Todos estos delitos no son lo bastante graves, continuados y extendidos como para que sean investigados bajo una causa general, y no como casos independientes? ¿De haber una causa ideológica detrás, no serían crímenes contra la humanidad y por tanto no prescribibles? ¿Se están poniendo los suficientes recursos para esclarecer estos crímenes? Mi sensación es que las autoridades judiciales no están siendo lo suficinetemente diligentes. Gracias
Buenos días, Jota: La experiencia de la Fiscalía de Málaga es que cada caso es distinto de los otros. Ni siquiera se circunscriben a un periodo concreto, ya que van desde 1960 hasta 1987. La Fiscalía General del Estado coordina todas las denuncias de España y da las directrices de actuación para cumplir con los principios de legalidad, unidad de actuación e imparcialidad.
hija de¨¨ refugiada¨¨
18. 09/03/2011 - 13:30h.
En mi caso aparezco como hija de ¨la refugiada nº.....¨y luego registrada como hija de padres desconocidos previamente a ser adoptada.He solicitado tener acceso a la información tras ese número y la Diputación de Alicante - autoridad a la que pertenecia el hogar dóde nací- dice que tras ese número nohay nada ni nadie.Hay algún modo de averiguarlo. Gracias
Buenos días: En esto, sin conocer más datos, creo que debería dirigirse al Registro Civil de Alicante, para consultar las supuestas modificaciones en la inscripción de su nacimiento.
alberto
19. 09/03/2011 - 13:31h.
Mi madre tiene serias sospechas de que se cometieron irregularidades cuando a los 3 dias de haber dado a luz a su tercer hijo, le dicen que este a fallecido (año 1979), ella solo lo pudo ver amortajado a traves de un cristal. Para ella siempre fué un tema doloroso que ha intentado olvidar , pero ahora, ¿Cuales són los procedimientos que debemos seguir para saber si todo se hizo correctamente? Gracias
Buenos días, Alberto: creo que he contestado a una pregunta similar anteriormente. Un saludo.
Mensaje de despedida
Muchas gracias por sus preguntas. Lamento haber dejado algunas sin contestar por falta de tiempo y no haber podido responder a todas las cuestiones que se han planteado con la precisión que estos temas requieren. Algunos de los temas planteados han sido interesantísimos tanto desde el punto de vista jurídico como del humano. Hasta pronto.
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España debe respaldar al juez Garzón en la aplicación del derecho internacional
Investigación de crímenes cometidos en la Guerra Civil y la dictadura
Washington D.C., 26 de abril de 2010
CEJIL muestra su preocupación por la decisión del magistrado instructor del Tribunal Supremo español de 7 de abril de 2010, de enjuiciar por prevaricato al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por investigar los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil española y posterior dictadura. La decisión se basa entre otras razones, en la prescripción de los delitos y la existencia de la ley de amnistía 46/1977 de 15 de octubre de 1977 que el juez instructor considera aplicable.
CEJIL considera que las autoridades españolas no pueden criminalizar las acciones judiciales que, con fundamento jurídico en el derecho internacional, estén encaminadas a investigar crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentra la desaparición forzada de cientos de personas en España.
Si bien jueces y fiscales deben aplicar la ley vigente interna, no pueden ignorar el derecho internacional y las obligaciones asumidas por el Estado español, que son de cumplimiento también para funcionarios judiciales. La propia Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales, se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados y convenios internacionales ratificados por España.
En este sentido, la comunidad internacional, de la que forma parte España, ha reconocido la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la imposibilidad de que los mismos sean objeto de leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, y el derecho a la verdad que asiste a los familiares de las víctimas.
La Asamblea General de la ONU, en Resoluciones 2583 de 1969 y 3074 de 1973, resaltó la importancia de la “investigación rigurosa” de los crímenes de lesa humanidad, afirmando que éstos serán objeto de investigación, “dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”, y que “las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”. Por su parte, el Secretario General de la ONU, en su informe sobre el establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona, señaló que “las Naciones Unidas mantienen sistemáticamente la posición de que la amnistía no puede concederse respecto de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o las infracciones graves del derecho internacional
humanitario”.
Igualmente, bajo el derecho internacional existe reconocimiento expreso de que la desaparición forzada es un delito de carácter continuado o permanente en tanto no se esclarezca el paradero de la persona desaparecida. Por tanto, no sólo se trataría de delitos que no han prescrito, sino que el Estado español tiene el deber de investigarlos para esclarecer los hechos e identificar a los culpables. Así lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en jurisprudencia constante y vinculante para España, y así pareció reconocerlo dicho Estado al ratificar en septiembre de 2009 la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual recoge similares principios.
A pesar de ello, el magistrado instructor señala que el juez Baltasar Garzón continuó con el procedimiento penal que había iniciado a pesar “de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento”. Además, se acusa al juez de atribuirse competencia para investigar a pesar de tener conocimiento de que los sujetos eventualmente responsables podrían haber fallecido.
Vale señalar que las desapariciones forzadas se perpetúan, en ocasiones, por la complicidad y el encubrimiento de personas que no participaron de la detención inicial de las víctimas, lo que puede llegar a acarrear responsabilidades penales hasta la actualidad.
Adicionalmente, consideramos que la interpretación del juez instructor ignora de manera palmaria el derecho a la verdad que asiste a las víctimas respecto a sus familiares desaparecidos, en tanto la suerte de éstos no se esclarezca. Dicho derecho fue reconocido por Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005, vinculante para España, así como en el “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad”, emitidos por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998.
En este sentido, las investigaciones penales de graves violaciones de derechos humanos son consideradas como clave para la satisfacción de tres objetivos fundamentales: el esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de responsabilidades individuales y la reparación de las víctimas. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se enmarca en el derecho de acceso a la justicia”, y que la obligación de investigar es una forma de reparación. En similares términos se ha pronunciado el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien destacó al respecto la “relación cercana entre el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, debido a que los mecanismos judiciales juegan un rol prominente en asegurar que se esclarezcan los hechos” (E/CN.4
/2006/52 de 23 de enero de 2006).
Más aun, incluso si los presuntos responsables hubieran fallecido, en otras jurisdicciones, se han llevado a cabo procesos judiciales que, pueden tener entre sus fines el satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas. De esta manera, en Argentina se llevaron a cabo los llamados “juicios de verdad”, que tenían como fin único “satisfacer la obligación de investigar el destino final de los desaparecidos entre 1976 y 1983, descubrir la verdad de lo sucedido y de esta manera dar respuesta a los familiares y a la sociedad” (Resolución 18/98 de la Cámara Federal de La Plata, de 21 de abril de 1998).
Con base en lo anterior, consideramos que la investigación iniciada por el juez Garzón para combatir la impunidad por crímenes de lesa humanidad y promover la búsqueda de la verdad para las víctimas afectadas, está sustentada en el derecho internacional. Por ello, las discrepancias sobre la competencia del juez o los posibles conflictos entre la ley internacional y la interna deben ser debatidos jurídicamente en el proceso, pero no deben implicar en ningún caso la penalización del juez.
De lo contrario, España estaría tomando un paso que, más allá de contravenir sus obligaciones internacionales, constituiría un retroceso para la justicia internacional, y crearía un peligroso precedente en la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos en España y en otras partes del mundo. Por tanto, CEJIL hace un llamado a las autoridades españolas para reconsiderar su decisión en el presente caso.
Contacto de prensa:
Mauricio Herrera Ulloa
Director de Comunicación
Tel: (202) 319-3000
mherrera@cejil.org
www.cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
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Puede exhumar a los fusilados, pero le costará 1.600 euros
Paralizada la apertura de una fosa en Salamanca porque los propietarios del terreno quieren dinero
Hay fosas abiertas —casi 300 desde el año 2000—, fosas pendientes de exhumar —al menos 1.200—, y una cerrada con un candado. Está en Pedrotoro (Ciudad Rodrigo, Salamanca) y es la propietaria del terreno quien lo ha puesto. Exige a la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, que busca allí los restos de entre 15 y 20 fusilados, una fianza de 600 euros. El arrendatario de la finca, de la misma familia, otros 1.000 como indemnización por daños. Los arqueólogos empezaron a cavar, pero no les dio tiempo a encontrar la fosa. Ahora la exhumación está paralizada. El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán (PP), ha pedido a la Abogacía del Estado que le diga “qué procede hacer” después de que el juez de Ciudad Rodrigo, al que acudieron los familiares de las víctimas, dijese en un auto que eran “las autoridades administrativas” quienes deben resolver el problema.
La asociación tiene ingresada en su cuenta la subvención de 7.200 euros que recibió del Gobierno anterior para realizar esta y otras exhumaciones en la zona. “Ese dinero es para pagar a los siete arqueólogos, su alojamiento en un pueblo cercano, que por cierto, se llama Águeda del Caudillo, las herramientas y el alquiler de la pala excavadora, que cuesta 30 euros la hora”, explica Severiano Delgado, su presidente. “Esto no es una actividad mercantil, sino humanitaria. Por supuesto, no ganamos dinero con esto, ni nos parece bien que nadie pretenda ganarlo. A esta señora y al arrendatario del terreno, que es su hijo, les hemos ofrecido 800 euros como indemnización y dejarlo todo como estaba en 15 días. El terreno no vale ni eso. Es un pastizal de secano”.
N. M., la propietaria, se enfada cuando este diario le pide su versión. “¡Le he pedido a un técnico agrario que me evalúe los daños y los he denunciado a la Guardia Civil!”.
El subdelegado del Gobierno en Salamanca, que se reunió con la asociación, sigue aconsejando a las partes que lleguen a un acuerdo. “Da un poco de vergüenza el asunto del dinero en un tema tan sensible”, admite.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no recuerda un caso así. “Es de una falta de humanidad brutal. No están buscando oro, sino restos de fusilados. Y lo que pide esta señora es como un rescate. Tiene secuestrado a un grupo de desaparecidos del franquismo”. De hecho, explica, para la mayoría de propietarios de fincas en las que hay fosas de la Guerra Civil, "es un alivio que vayamos a exhumarlos". Así ocurrió recientemente en Espinosa de los Monteros (Burgos), donde el comprador de un chalé en cuyo jardín yacían los restos de 12 fusilados en 1936, permitió a los arqueólogos trabajar durante varios días.
En ese grupo de desaparecidos, la asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia busca a ocho hombres detenidos por falangistas, ingresados en 1936 en la cárcel de partido de Ciudad Rodrigo y "puestos en libertad" sin que sus familias volvieran a saber de ellos.La asociación cree que en este paraje de Pedrotoro podrían estar los restos de Gertrudis Sánchez, La Gaona, una mujer a la que torturaron y fusilaron al principio de la Guerra Civil. Los falangistas también mataron a dos de sus hijos.
Los zapatos de la víctima, expuestos en un bar
Germán Martín, hijo de Manuel Martín, alcalde de Ciudad Rodrigo por el Frente Popular fusilado en agosto de 1936, busca en el terreno de esta señora a su tío Avelino, detenido menos de cuatro meses después. "A mi padre lo mataron con casi toda la corporación municipal.Tenía 44 años y cuatro hijos. Yo era el más pequeño. Él tuvo una sepultura individualizada. Pero después vinieron a por mi tío. Se lo llevaron detenido, dijeron que lo dejaban libre y nunca volvimos a saber nada", explica Germán, de 80 años. Le indigna el problema que ha surgido con los propietarios del terreno para abrir la fosa donde gente mayor del pueblo le ha dicho que puede estar enterrado su tío. "Es una vergüenza. Todo son obstáculos. Esto debería estar haciéndolo el Estado, no las asociaciones. Nuestros familiares no pueden estar por ahí tirados".
Ángel de Miguel es nieto de otro desaparecido del franquismo que podía estar en esta fosa, Alfredo Miguel Plaza, interventor en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el Frente Popular. "Un día un señor mayor del pueblo me dijo que había oído los disparos por aquí", explica. "Mi abuelo tenía 50 años y cinco hijos cuando lo mataron. Dos de ellos estaban luchando en el frente de Guadarrama con los franquistas cuando lo asesinaron. Mi padre, que tenía entonces 14 años, no habló de esto hasta hace dos años. Todavía le daba miedo. Los zapatos de mi abuelo habían estado expuestos como trofeo en el bar al que solían ir".
Ángel Iglesias Ovejero busca en fosas al primer marido de su madre y a tres hermanos de ella, sus tíos. Dos de ellos pueden estar en esta que ahora está cerrada con un candado a la espera de un talón. "Uno tenía 24 años y el otro 26. No sabemos por qué los mataron. No estaban señalados políticamente, eran analfabetos, se dedicaban a guardar cabras", explica. "No hay acta de defunción, ni tumba, ni lápida... Es como si no hubieran existido". Pero existieron. La madre de Ángel los lloró: a sus tres hermanos y a su primer marido, todos asesinados entre agosto y septiembre de 1936. "Yo creo que los mataron a todos por miedo a que alguno quisiera vengar la muerte del otro. Fue una salvajada. Este pueblo tenía entonces menos de 1.500 habitantes y asesinaron a 19 vecinos".
Ángel Iglesias, catedrático de lingüística, de 68 años, cuenta que su madre siempre supo quién había matado a su primer marido. "Se lo dijo el señor que conducía la camioneta en la que se lo llevaron.Nosotros fuimos al colegio con los hijos de los asesinos..." Por eso ahora le duele que la fosa no se pueda abrir por un asunto de dinero. "Creo que lo que le pasa a la propietaria del terreno es que no le gusta que se hable de estas cosas, que se sepan. Pero tiene en su terreno algo que no es de su propiedad. Y nuestro deber es intentar recuperar los restos. Si fueran familiares suyos lo vería de forma distinta".
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Hallada una quinta fosa de represaliados del franquismo en El Marrufo
Localizados restos de al menos nueve personas más y signos de violencia en otras dos sepulturas
Los equipos que trabajan en las fosas comunes de represaliados por el franquismo en la finca de El Marrufo, situada en Jerez, han hallado, a unos 30 metros de la zona de actuación principal del campo de trabajo arqueológico, una quinta sepultura clandestina con restos de un cuerpo humano. Además, en la fosa número 4 se han detectado restos óseos que podrían corresponder a un mínimo de nueve personas y, en el tercer enterramiento, signos de violencia.
El arqueólogo responsable de la excavación, Jesús Román Román, manifestó que "la existencia de la nueva sepultura hace suponer que el área de dispersión de las fosas comunes podría ser mayor que la que en un principio se había estimado".
Según este arqueólogo, "la presencia de fosas con pocos cuerpos y poca profundidad", debido en parte a la dureza del terreno, permite pensar en la hipótesis de que "la dinámica de los verdugos, que dispusieron de varios meses y un amplio terreno para ejecutar los fusilamientos, siguió la pauta de la apertura diaria y sucesiva de fosas que inmediatamente tapaban". Por esta razón, no cabe descartar el supuesto de que "todo el perímetro de la zona principal de actuación arqueológica podría contener nuevas fosas".
Los restos hallados en la fosa número 4, en proceso de delimitación, podrían corresponder a un mínimo de nueve cuerpos. Esta fosa es paralela a la número 1, ya exhumada y en la que aparecieron restos de diez personas.
En la sepultura número 3, según datos aportados por el antropólogo físico Juan Manuel Guijo, han sido identificados ocho esqueletos adultos cuya edad se precisará tras su exhumación. De estos ocho, tres son esqueletos femeninos claros, y otros dos también podrían corresponder a mujeres. Siete cuerpos de esta fosa presentan posibles evidencias de haber tenido las muñecas atadas y de impactos de proyectiles.
"Estos signos de violencia indican la alevosía con la que los verdugos asesinaron a estas víctimas inocentes", afirmó el presidente de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo (Afresama), Andrés Rebolledo.
El responsable de esta agrupación informó también del inicio de las labores de limpieza de la maleza del interior y del exterior del antiguo cementerio de la Sauceda, donde se proyecta realizar el entierro digno de las víctimas cuyos cuerpos se exhumen.
Sobre este asunto, señaló que la Delegación de Medio Ambiente de Málaga ha emitido un informe favorable para la autorización de las obras de reparación de este recinto, que está a expensas de la firma final del delegado. Asimismo, explicó que se está gestionando la autorización del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, donde está dicho cementerio, abandonado desde los sesenta.
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El segundo país del mundo con más muertos en las cunetas, sólo superado por Camboya
Al menos 88 mil víctimas del franquismo continúan sepultadas en fosas comunes
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Federación Estatal de Foros por la Memoria recuerda al Gobierno que España es el segundo país del mundo con más muertos en las cunetas, sólo superado por Camboya.
Alejandro Agón era jornalero. Fue fusilado por las tropas franquistas el 24 de septiembre de 1936. Nadie sabe donde está. Luciano Chamorro desapareció durante la guerra en la provincia de Badajoz. Tenía 37 años, era campesino y nunca se volvió a saber de él. Lisardo Gutierrez, minero de profesión, fue detenido y 'paseado' por las fuerzas franquistas en marzo del 38. Tras una breve estancia en la cárcel fue ejecutado. Se desconoce dónde descansan sus restos mortales. Como ellos, las asociaciones de memoria histórica estiman que hay cerca de 88.000 cuerpos enterrados en cualquier cuneta de España. Una cifra a la que se suman las cerca de 20.000 víctimas del franquismo que están enterrados junto a su verdugo en el Valle de los Caídos.
"Sólo el régimen de Pol Pot en Camboya supera a España en número de desaparecidos", señaló Miguel Ángel Rodríguez Arias, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Este jueves se celebró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y España tiene el dudoso honor de ser la única democracia mundial que no ha investigado el terrorismo de Estado una vez superada la dictadura, según Rodríguez Arias. De poco sirvieron las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2008 o el informe de Amnistía Internacional Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, publicado el 9 de mayo de 2012, que insta a España a derogar la ley de amnistía, investigar los crímenes y exhumar las fosas comunes. El Estado español, más allá del tímido intento que supuso La Ley de Memoria Histórica de 2007, no ha hecho nada por sacar de las cunetas a sus desaparecidos.
Las cifras que se barajan son inexactas, se basan en teorías y en cálculos aproximativos y siempre hablan en términos mínimos, pero son escalofriantes. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Emilio Silva calcula que 88.000 personas, aproximadamente, continúan enterradas en fosas comunes en cualquier rincón de España. “En casi todas las capitales de provincia hay una fosa. Pero el número de personas que hay dentro es difícil de calcular porque se ha destruido mucha documentación de la dictadura y porque hay casos de personas que no han sido reclamados por familiares”, relata a Público Emilio Silva.
La cifra inicial de la que se parte es que, en 1975 cuando Franco falleció y se inició el período de transición, las cunetas españolas albergaban alrededor de 93.000 muertos. A esa cifra total, Emilio Silva resta una cifra que oscila entre los 1.000 y 2.000 cuerpos que fueron exhumados desde la transición hasta el golpe de Estado de Tejero en 1981 y otros 6.000 que han sido recuperados desde el año 2000 hasta la actualidad.
“Las cifras que barajamos siempre se quedan cortas”, apunta José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que señala que siempre que se analiza a fondo cualquier provincia de España aparece al menos una fosa de la que no había ninguna prueba documental.
Está más claro el número de fosas comunes que se encuentran a lo largo y ancho del territorio español, en total, 2.246 señaladas en la Península , de las que prácticamente la mitad se encuentran repartidas entre Aragón (594) y Andalucía (492) . Tras estas dos comunidades, están el Principado de Asturias (320), Castilla y León (187), Catalunya (151), Castilla-La Mancha (139), País Vasco (92), País Valencià (85), Madrid (51), Extremadura y Galicia (46 en cada una), Navarra (16), Cantabria (7), La Rioja y Murcia (6 en cada una), Balears (4), Canarias (2) y Ceuta y Melilla (una fosa en cada ciudad autónoma).
Futuro incierto
El futuro de los miles de cuerpos de asesinados durante la Guerra Civil que continúan en las fosas comunes es aún hoy, 37 años después de la muerte de Franco, incierto. Las reticencias de algunos sectores de la sociedad para su apertura, el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica y la falta de fondos ha repercutido negativamente en las investigaciones y exhumaciones. Las asociaciones de memoria histórica siguen denunciando el “sin sentido” que supone que sean las familias de los desaparecidos las que tengan que promover las investigaciones y posteriores exhumaciones.
“Los familiares no sólo tuvieron la desgracia de haber sufrido la pérdida de un ser querido y su estigmatización, sino que aún hoy tienen que hacerso cargo de las exhumaciones. Es un sin sentido”, denuncia Emilio Silva, quien, no obstante, asegura que a pesar de las dificultades encontradas no tienen intención de cesar en este trabajo.
En este sentido, José María Pedreño asegura que el movimiento memorialista “no va a parar”. “No se trata sólo de la defensa a ultranza de los derechos humanos sino de luchar contra la impunidad. No se puede permitir que muchos herederos de los que declararon la guerra a un sistema democrático, eliminaron sistemáticamente a sus rivales políticos y gobernaron a base de Consejos de Guerra, hoy estén disfrutando de muchos privilegios económicos y políticos”, denuncia.
El Gobierno incumple sus compromisos internacionales
La Red ciudadana de apoyo a la querella argentina (Red AQUA), en la que están integradas más de 30 organizaciones sociales, denuncia que el Estado español no investiga las desapariciones forzadas “incumpliendo sus obligaciones internacionales”. En este sentido, la Red señala que ni el Gobierno español ni la Judicatura han respondido a los requirimientos judiciales de la Justicia argentina de “identificación de los personajes políticos, militares policiales del periodo que va desde el alzamiento militar-fascista hasta las primeras elecciones de 1977".
Asimismo, la Red denuncia que el Gobierno de Rajoy, así como el de Zapatero, no han cumplido con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2008, que instaban a España a abolir la Ley de Aministía aprobada durante la Transición y a investigar los crímenes del franquismo. “España, al no investigar las desapariciones forzadas, no sólo está incumpliendo sus obligaciones internacionales sino que está contribuyendo a que perdure el crimen como tal, y a
aumentar los daños que las desapariciones provocan. Esto es particularmente grave: conmemoran la lucha contra un crimen que en realidad contribuyen a agravar”, denuncia la Red en un comunicado de prensa. Fuente: http://www.publico.es/441527/al-menos-88-000-victimas-del-franquismo-continuan-sepultadas-en-fosas-comunes |
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Garzón, Zapatero y la justicia universal
Más allá de algunas instrucciones fallidas y otros casos controvertidos (escuchas de Gürtel y crímenes del franquismo), Baltasar Garzón se ha caracterizado como juez de la Audiencia Nacional por su empeño en establecer el principio de justicia universal en España. Esto significa extraer las violaciones de los derechos humanos del principio de territorialidad aplicado al conjunto de delitos, reconocido en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De tal forma que cualquier juez español las podría investigar en cualquier parte del mundo aunque la víctima no fuera española, por lo que las fronteras nacionales no podrían ser un obstáculo para ello.
Este principio genera reticencias entre diversos Estados por dos motivos fundamentales. Primero, porque consideran que supone una cesión de soberanía legislativa; segundo, porque los Estados más intervencionistas en la política mundial son muy reacios a ser investigados por organismos internacionales o por otros tribunales nacionales. Frente a estas posiciones de realismo estatal, numerosas organizaciones y personalidades, así como parte de la doctrina jurídica, considera que las violaciones contra los derechos humanos deben extrapolar las fronteras nacionales porque son delitos directos contra la dignidad del ser humano, que es universal, y que debe tener un reconocimiento autónomo que vaya más allá de la extraterritorialidad por colaboración entre Estados.
Hay que recordar al respecto que los derechos humanos están directamente reconocidos por normas internacionales -destacando la Declaración Universal de 1948 y los Pactos Civiles-Políticos y Económicos-Sociales de 1966- y que dichas normas regulan órganos de protección del mismo ámbito. Sin embargo, este caso es un ejemplo más de la contradicción inherente al derecho internacional, cual es la de que a falta de un órgano legislativo mundial, está creado a través de los tratados por sus propios destinatarios, los Estados, lo que le resta eficacia.
En el caso de España, los primeros pronunciamientos relevantes los tuvo la Audiencia Nacional en noviembre de 1998 que, apoyándose en el artículo 23 de la LOPJ, señaló la competencia de la justicia española en relación con los casos Chile y Argentina. Sin embargo, el 25 de febrero de 2003 el Tribunal Supremo dictó, en el caso Rigoberta Menchú, una sentencia restrictiva que consagraba la primacía de la jurisdicción interna por el principio de subsidiariedad, y sólo contemplaba la investigación si existía una conexión relevante o de nacionalidad de la víctima con el Estado español. El TC, en su sentencia 237/2005 de 26 de septiembre derivada del recurso de amparo consiguiente, modificó esta doctrina al afirmar que la mencionada ley consagraba el principio de jurisdicción universal en España de manera concurrente y no subordinada a ningún otro tribunal nacional. Esta doctrina fue asumida posteriormente por el TS en sentencia de 20 de junio de 2006 referida al asunto Falung Gong, sobre posibles violaciones de derechos en el Tíbet.
De esta manera, España daba un paso importante hacia el desarrollo del principio de justicia universal. Sin embargo, este rumbo progresivo se vio frenado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que en noviembre de 2009 reformó el citado artículo 23.4 de la LOPJ para recuperar el límite anterior, de tal forma que, en contra de lo que dijo el TC en 2005, cualquier investigación de un crimen contra la humanidad por parte de un tribunal español debía estar condicionada al vínculo de nacionalidad o conexión relevante de la víctima con el Estado, añadiendo además que el caso no tenía que estar siendo investigado por ningún otro tribunal nacional o internacional.
Diversas informaciones publicadas entonces apuntaron a que esta actitud del gobierno español se debió a las presiones ejercidas por las autoridades de los EE.UU. para evitar la investigación, por parte de la Audiencia Nacional, de la muerte de José Couso en Irak -provocada presumiblemente por militares norteamericanos- y de los vuelos de la CÍA a Guantánamo. Los EE.UU. advirtieron que no aceptarían la investigación de otro tribunal nacional sobre la actuación de su personal militar porque supondría una violación de su soberanía y porque el caso Couso ya estaba siendo investigado por el Pentágono. Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero modificó la legislación vigente ignorando la doctrina del TC y del TS y frenando en seco el desarrollo del principio de justicia universal en España.
Daniel Guerra es politólogo |
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