El Gobierno griego recurrió este miércoles a una
ley de emergencia, aplicable en “situaciones que perturben la vida
económica y social”, para forzar el fin de una huelga que mantenían los
trabajadores del mar desde hacía una semana y que dejó incomunicadas a
decenas de islas.
El ministro de Marina Mercante, Costas Musurulis, anunció la
movilización forzosa argumentando que el Gobierno había conseguido que
se empezara a negociar un contrato colectivo para el sector y el pago de
los atrasos.
El alto funcionario acotó que pese a la negociación, el Ejecutivo no
va a retirar el proyecto de ley de reforma del transporte marítimo
costero, porque forma parte de exigencias de los prestamistas
internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Unión Europea y
el Banco Central Europeo.
Es la segunda vez en dos semanas que el Gobierno heleno aplica la
fuerza para obligar a trabajadores en huelga a regresar a sus puestos de
trabajos. El personal del metro fue presionado a regresar a sus
actividades tras ocho días de paro, contra el recorte de salarios.
Los marinos obligados a regresar a sus trabajos se oponen a la
desregulación del sector de los ferries (impuesta por la troika), que
abre paso a una reducción de la tripulación pese a que el desempleo
afecta en el gremio a más de siete mil personas.
También exigen la firma de convenciones colectivas y rechazan los
recortes de su sistema de protección social y pensiones, por las medidas
de ajustes económicos impuestas a Grecia desde 2010 a cambio de su
rescate financiero.
Solidaridad con marineros
La Confederación de los Sindicatos de Empleados Públicos (Adedy) y la
Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), principales
sindicatos del sector público y privado, convocaron este miércoles a una
huelga en la región de Ática en solidaridad con los marineros.
Según reseñan agencias de noticias, asociaciones gremiales de
autobuses, trolebuses y trenes han declarado un paro de media jornada.
La Federación Panhelénica de Marineros (PNO) llama al Gobierno a
retirar “inmediatamente” su decisión de movilización forzosa, cuyo
incumplimiento conlleva penas de cárcel de hasta tres meses.
“El puerto fue ocupado desde ayer por la noche por cientos de
antidisturbios, fuerzas especiales de la policía y la Guardia Costera,
de forma autoritaria y violenta (...) El autoritarismo y el alistamiento
obligatorio del Gobierno no acabarán con las ganas de luchar de los
trabajadores que se han movilizado para exigir un trabajo digno”, dijo
el sindicato.
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