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Primer 
3 de abril de 2013
A la opinión pública mundial, a las autoridades colombianas, en especial a los Magistrados de la Corte Constitucional.
Quienes firmamos esta carta, la dirigimos con profundo respeto y al tiempo con la convicción moral y el derecho que nos asiste para expresar nuestra solidaridad y señalar la gravedad de una decisión equivocada en contra de los derechos no sólo de la dirigente política Piedad Córdoba Ruíz sino de los derechos colectivos del pueblo
colombiano a construir la paz.
Lo hacemos con la alarma causada por la información de prensa que da cuenta de la posibilidad de que el alto Tribunal constitucional pueda decidir negativamente la acción de tutela interpuesta por la ex Senadora Piedad Córdoba contra la decisión injusta e ilegítima dictada en 2010, hace dos años y medio, por el Procurador General de Colombia, en la que, desbordando su competencia, determinó sancionarla por 18 años, decretando una muerte política, a quien había sido legítimamente elegida por una parte importante de mujeres y hombres de Colombia.
La destitución e inhabilitación que le impusieron nos pareció y nos parece un exabrupto jurídico, ético y político, basado en pruebas manipuladas, como judicialmente está confirmado, con elementos obtenidos ilegalmente en una operación militar violatoria de los más elementales principios del derecho internacional y de los derechos humanos, al vejar la soberanía de un país vecino y amigo como es Ecuador, en la que con poderosos bombardeos se consumó una matanza tras la cual fueron recogidos unos ordenadores en los que supuestamente unos correos indicarían una indebida relación de Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Colombia (18 de Mayo de 2011), determinó que el contenido demostrativo de esos elementos en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino es ilegal: “Los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de “Raúl Reyes” fueron recogidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera tenían facultades de policía judicial”.
La presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el conjunto de las garantías y del debido proceso no sólo se estarían violando de manera radical con una decisión que la hallara culpable, sino que se estaría violando su derecho y con ella el de una amplia parte de la población colombiana, a construir y participar activamente de la paz, tal y como lo reconocen instrumentos jurídicos suscritos por el Estado colombiano.
La decisión del Procurador, insistimos, no sólo viola los derechos políticos de Piedad Córdoba sino de los colombianos y las colombianas que votaron por ella como representante política. El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo establece el articulo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano.
Se estaría enviando un claro mensaje de obstrucción política y persecución, no sólo de la persona que puso en riesgo su vida para mediar y obtener la liberación de decenas de civiles y militares en manos de la guerrilla, como lo hizo exitosamente en una delicada tarea de años, reconocida mundialmente, sino de todos los que tienen como objetivo el cese de la violencia. En ello consistieron sus contactos y oficios, dentro de un trato político que contribuyó al indiscutible escenario que hoy día tenemos, el de un vivo y esperanzador proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Un tal mensaje de castigo es un mensaje de condena de ese proceso, pues si hoy se ahoga la participación de una destacada personalidad como Piedad Córdoba, en la vida política de su país en igualdad de condiciones ¿con qué garantías podrá contar esa gran parte del pueblo colombiano tradicionalmente excluida del poder político? Esa muerte política que equivale a una pena extrema que rompe con el avance del Estado de Derecho en Colombia, esa criminalización resultante, reforzaría lo que judicialmente ya ha sido comprobado en expedientes que obran contra redes y estructuras comprometidas en crímenes de lesa humanidad. Que por todos los medios, incluyendo atentados contra su vida y de sus asesores, interceptaciones de sus comunicaciones, hostigamiento y amenazas, ha existido un propósito espurio contra Piedad Córdoba.
Confiamos que una justa decisión de la Corte Constitucional no les de la razón a quienes acudiendo a diversidad de métodos oprobiosos han buscado apartarla de las opciones y alternativas políticas a las que el pueblo colombiano tiene derecho para el logro de la paz.
Expectantes en que sabrán acoger dicha acción de tutela, y que conforme al ordenamiento legal colombiano se tendrán esas pruebas como violatorias del debido proceso, por lo tanto plenamente nulas, confiamos y demandamos con respeto que se le restituya a Piedad Córdoba Ruiz todos sus derechos políticos, su condición de Senadora de la República, cesando así este capítulo deshonroso de persecución política y de intolerancia inadmisible.
Por tanto, quienes suscribimos esta misiva pública desde la comunidad internacional, hacemos un llamado a la Corte Constitucional de Colombia, para que reestablezca la justicia, conscientes de los efectos no sólo hacia su persona y electores, sino de lo que significa política e históricamente para enaltecer así el servicio de la juridicidad a la vocación de paz y reconciliación, incompatibles con el quebrantamiento de los derechos fundamentales y de costosos principios de civilización como son la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos.
Atentamente,
- Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente SERPAJ-Argentina, miembro de la Comisión Ética para Colombia
- Federico Mayor Zaragoza, Ex Director General de la UNESCO, ex Ministro, Presidente Fundación Cultura de Paz, España
- Heike Hänsel, Parlamentaria de Die Linke, presidenta de la Subcomisión de Naciones Unidas del Bundestag, Alemania
- Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuela de Plaza de Mayo, Miembro de la Comisión Ética para Colombia
- Cayo Lara Moya, Coordinador Federal de Izquierda Unida, Diputado, Presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, Congreso de los Diputados, España
- José Luis Centella Gómez, Secretario General del Partido Comunista de España, CE, Diputado, Portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
- François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica
- Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor Universidad Complutense de Madrid – España
- Joan Josep Nuet i Pujals, Coordinador General de Esquerra Unida i Alternativa, Diputado IU Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA, congreso de los Diputados, España
- Ricardo Sixto Iglesias, Diputado IU Valencia, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
- Paul-Emile Dupret, jurista, Parlamento europeo, Grupo GUE/NGL
- Belén Gopegui, escritora, España
- Santiago Alba Rico, escritor, filósofo, Túnez, España
- Agustín Velloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor universitario y escritor, España
- Isaac Rosa, escritor, España
- Constantino Bértolo, escritor, editor, España
- Ángel Guerra Cabrera, Cuba/México, periodista y catedrático.
- Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos
- Gaspar Llamazares Trigo, Diputado IU Asturias, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
- Ascensión de las Heras Ladera, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, congreso de los Diputados, España
- Caridad García Álvarez, Diputada IU Madrid, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Congreso de los Diputados, España
- Alberto Garzón Espinosa, Diputado IU Málaga, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
- Chesus Yuste Cabello, Diputado CHA Zaragoza, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
- Laia Ortiz Castellví, Diputada ICV Barcelona, Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. Congreso de los Diputados, España
- Enrique Santiago Romero, abogado, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional
- Marisa Matias, diputada europea, Portugal
- Alda Sousa, diputada europea, Portugal
- Gilberto López y Rivas, Profesor-Investigador, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
- Paul Ríos, Coordinador de Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.
- Aitziber Blanco, Lokarri, red ciudadana por la paz en el País Vasco.
- Juan Domingo Sánchez Estop, escritor, Bruselas, Bélgica
- René Vázquez Díaz, escritor, Suecia.
- Igor Urrutikoetxea, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central sindical vasca LAB y miembro del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial
- Fabio Marcelli, investigador Instituto de Estudios Jurídico Internacionales del Consejo Nacional de Investigación, Director de la Asociación de Abogados Demócratas y miembro del Bureau de la Asociación Internacional
- Julie Cánovas, Doctora, jurista experta en derecho internacional, Universidad de Borgoña, Francia
- Salvador López Arnal, profesor, escritor, Catalunya, España
- Gabriela Morales Gracia, jurista mexicana, experta en derechos humanos
- Antonio Salamanca Serrano, escritor, doctor en filosofía y derecho, experto en derechos humanos, España / Ecuador
- Mario Amorós, periodista, historiador, escritor, España
- Steven Forti, periodista e investigador en Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona, España
- Unai Aranzadi, Director de la agencia informativa Independent Docs, Suecia
- Xabi Puerta, escritor y productor, Presidente de la Asociación Cultural Alfonso Sastre
- Joaquim Arrufat Ibáñez, diputado de la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres al Parlament de Catalunya
- Carolina del Olmo, Directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, Madrid
- Iñaki Markiegi Candina, Presidente Fundación Mundubat
- Patricia Rivas Bufala, Periodista, España
- Fausto Gianelli, abogado, experto en derecho internacional, Módena, Italia
- Amaia Izko, abogada, portavoz de Sortu, País Vasco
- José Antonio Gutiérrez D., Analista Político, Latin American Solidarity Centre, Dublín, Irlanda
- Adolfo Araiz Flamarique, Abogado, Tafalla, País Vasco, España
- Lux Barinagarrementeria Abogado, Donosita, País Vasco
- José Mari Esparza, Editorial Txalaparta, Tafalla, País Vasco, España
- Iñaki Soto, Director diario Gara, País Vasco
- Joseba Álvarez, dirigente político, Portu, País Vasco
- Iratxe Urízar, Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos
- Jon Iñarritu, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España
- Iker Urbina, Diputado Amaiur, Congreso de los Diputados, España
- Amalur Mendizábal, Senadora Amaiur, Senado de España
- José Manuel Mariscal Cifuentes, Senador Izquierda Unida, Senado de España
- Urko Aiartza, Senador Amaiur, Senado de España
- Francisco Bello, Informativo digital Iniciativa Debate, España
- Carlos Alberto Ruiz, jurista, experto en derechos humanos, España
- Marina Albiol Guzmán, Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes.
- Javier Moya, CEDSALA, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia
- Bernardino Camilo da Silva - Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, Brasil
- Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico, Grupo Paz con Democracia, México y Red en Defensa de la Humanidad
- Lorenzo Loncon, dirigente pueblo Mapuche, Argentina
- Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, Escuela de las Americas Watch, SOA Watch
- Tica Font, Comisión Ética de la Verdad
- Valerie Techer, France Amerique Latine
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