“Una extorsión para mantener las tercerizaciones y conseguir la impunidad”
1. La escalada del gobierno contra los tercerizados, y su ataque al Partido Obrero, apuntan a encubrir a los verdaderos responsables de este conflicto: nos referimos a Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, José Pedraza, y Omar Maturana, de las cúpulas de la UF y la Fraternidad. Hace cuarenta días, una RESOLUCION del ministerio de trabajo disponía la reincorporación de 217 trabajadores, tercerizados y de la concesionaria UGOFE; en segundo lugar, establecía el pase a la planta permanente del ferrocarril de los 1500 tercerizados del Roca; y, finalmente, y hasta que se produjera ese pase a planta, la equiparación salarial de los tercerizados según el escalafón más bajo del convenio ferroviario. El Ministerio difundió a la prensa esta resolución, con el nombre y apellid! o de todos los trabajadores involucrados. Esa resolución no fue cumplida: un centenar de despedidos aún no han sido reincorporados, con el agravante de que cesantearon en el interín a tantos tercerizados como los que fueron reintegrados a sus tareas. La promesa del pase a planta, que debía sustanciarse al 20 de diciembre no ha ocurrido, y el cobro de convenio a partir del 1º de diciembre tampoco.
2.-Durante todo este tiempo, la secretaría de transporte no puso un peso para que pudiera sustanciarse ese acuerdo. Las razones las dio, en la tarde de ayer, Omar Maturana, de La Fraternidad, cuando aseguró ante el periodista Zlotowajda que “ningún tercerizado pasará jamás a planta permanente”, ya que “los puestos de trabajo los deciden los sindicatos, 80% la Unión Ferroviaria y 20% la Fraternidad”. De ese modo, la burocracia sindical se asegura el ingreso de elementos afines, que permitan seguir ejerciendo su dictadura contra los trabajadores del ferrocarril. ¡Christian Favale, detenido por el crimen de Mariano Ferreyra, es uno de sus “postulantes”! Mientras tanto, los propios dirigentes de la UF son empresarios de las tercerizadas, lucrando con la miseria salarial y la precarización laboral de quienes reclaman su pase a planta. Por estos dos motivos, pero no sólo por ellos, Pedraza y Maturana han colocado un veto al ingreso de los tercerizados.
3.-En la tarde de ayer, los representantes de los despedidos y el ministro Tomada habían llegado a un compromiso, que permitía el levantamiento de la medida (se trataba de un pago de dos mil pesos a los despedidos, a modo de paliativo hasta que se resolvieran las cuestiones de fondo). Pero sorpresivamente, el ministro se desdijo. Las razones son claras: Pedraza y Maturana le habían bajado el pulgar a ese compromiso. Sugestivamente, comenzaban los desmanes en Constitución. La matriz de esos desmanes excede, por mucho, a los “pasajeros indignados”: está la mano inconfundible de José Pedraza y la patota sindical.
4.-Con sus constantes provocaciones y extorsiones, Pedraza y los suyos apuntan más lejos: están exigiendo la libertad de los siete dirigentes y patoteros detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra. Ocurre que el hilo conductor de la causa y de sus cargos apunta, inexorablemente, a José Pedraza y Juan Carlos Fernández. Pedraza necesita liberar a la patota para poder bajarse, él mismo, del banquillo de los acusados. Al pudrir el acuerdo con los tercerizados y montar el escenario provocador de Constitución, la burocracia sindical ha enviado su mensaje extorsivo al gobierno y a la Justicia. Detrás de su objetivo de impunidad, Pedraza tiene virtualmente secuestrado al gabinete nacional.
5.-El Partido Obrero convoca a todo el pueblo argentino a defender la lucha de los tercerizados: su victoria es crucial para terminar con la lacra de la precarización laboral. Reclamamos que NO se excarcele a la patota sindical que mató a Mariano, para que se pueda avanzar en el juicio castigo y cárcel a José Pedraza y todos los responsables políticos e intelectuales del crimen de Barracas
En la tarde de hoy, la policía Federal detuvo a Omar Merino y Jorge Hospital, trabajadores ferroviarios, militantes del PO y de la agrupación “Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra” Los operativos fueron consumados por el sector “Roca” de la policía Federal, la misma división policial que está señalada por haber “liberado” la zona de Barracas en ocasión del crimen del Mariano. Los detenidos participaron con Mariano de toda la lucha de los trabajadores tercerizados.
A sesenta días del crimen de Barracas, el gobierno logró el propósito que denunciamos de entrada: transformar a las víctimas en culpables, y convertir a las patotas en “sujetos de derecho”. Hoy, la patota que asesinó a Mariano está tramitando su excarcelación. En cambio, sus compañeros van presos, luchando por las mismas reivindicaciones que estuvieron presentes en Barracas, y que se encuentran incumplidas. Estamos ante la expresión más completa de encubrimiento del crimen de Ferreyra.
Las detenciones han mostrado hasta qué punto la patota ferroviaria tiene de rehén al gobierno nacional. Durante todo este tiempo, la burocracia sindical ferroviaria ha ejercido su extorsión. En las últimas semanas, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad pararon tres veces el ferrocarril por la libertad de los patoteros detenidos y contra la incorporación de los tercerizados. Nadie, y mucho menos el gobierno, levantó el menor reclamo por la interrupción del servicio. Ahora, los tercerizados ferroviarios, que pararon por profundas reivindicaciones obreras, son criminalizados. La prolongación del corte del pasado jueves, durante más de siete horas, obedeció a las permanentes contramarchas del gobierno respecto de cualquier propuesta de acuerdo, ello, como resultado de la presión de los Pedraza y Maturano.
El gobierno ha descubierto las cartas que siempre tuvo desde el crimen de Mariano: la voluntad de encubrir a sus asesinos. De este modo, han preservado una alianza política que, si se viene abajo, compromete el resultado electoral del 2011.
Mientras ordena estas detenciones, el gobierno no tomó la menor disposición para investigar a los responsables de los desmanes de Constitución, donde se advierte la mano inconfundible de la patota sindical y de sus barrabravas a sueldo, existiendo incluso evidencias fotográficas de ello. Después de los hechos, el gobierno intentó meter en una misma bolsa a Duhalde, a Macri y al PO. Pero si de “pactos” se trata, el único que conocemos es el del gobierno nacional con Macri en oportunidad de los hechos de Soldati, y en contra de los vecinos sin techo.
Con la detención de los compañeros de Mariano Ferreyra, el gobierno reconoce que los Pedraza lo tienen de rehén: los jefes de la patota libres, los compañeros de Mariano presos. El gobierno adopta la tesis de los asesinos.
Llamamos a todo el pueblo argentino y a sus organizaciones obreras, de lucha y democráticas a emprender una inmediata movilización por la libertad de los compañeros de Mariano; por la satisfacción inmediata de las reivindicaciones de los tercerizados ferroviarios; para impedir la excarcelación de la patota que consumó el crimen de Barracas y avanzar por la cárcel a Pedraza y todos los responsables políticos.
LIBERTAD INMEDIATA A LOS COMPAÑEROS JORGE HOSPITAL Y OMAR MERINO DEL PO
(Buenos Aires, 26/12/10, 22 hs) La Policía Federal ha detenido a los militantes ferroviarios del Partido Obrero Jorge Hospital y Omar Merino, al parecer bajo los cargos de “extorsión” y “corte de vías”. Hay otros militantes que se encuentran perseguidos, a partir de una resolución de un juzgado federal de Quilmes en base a una denuncia del gobierno nacional. Esto es una medida de persecución política inadmisible que no es posible dejar pasar. Es un salto por parte del gobierno kirchnerista en su política de criminalizar las luchas y debe ser tomado como un ataque a todas las organizaciones de trabajadores, populares y de izquierda. A poco más de dos meses del crimen de Mariano Ferreyra, increíblemente Pedraza sigue libre mientras el gobierno y la justicia persiguen a militantes obreros y populares.
Del PTS exigimos la liberación inmediata de los compañeros y el retiro de todos los cargos a los perseguidos. Manifestamos nuestra solidaridad incondicional con ellos frente a la persecución del gobierno y del Estado y llamamos a la más amplia movilización para terminar con este ataque represivo.
Sabbatella: “Queremos a Pedraza y sus cómplices presos de por vida”
Al participar del inicio de la primera jornada del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado en 2010, el titular del bloque del Frente Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, señaló que "el avance de esta causa es fundamental para que haya justicia y se conozca y castigue a todos los responsables”.
"Este proceso pone en evidencia el accionar y los intereses del sindicalismo empresarial cómplice de la precarización laboral y la tercerización, y la existencia de patotas sindicales en connivencia con fuerzas policiales”, destacó el diputado.
“Tenemos esperanza en el avance de esta investigación y el pronto castigo a todos los responsables”, afirmó Sabbatella y agregó: “Es un juicio importantísimo y esperamos que Pedraza y sus cómplices terminen presos de por vida”.
La Presidenta aseguró que el Gobierno aportó un testigo clave para el inicio de la investigación
Durante un acto en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Kirchner se refirió al inicio del juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y recordó que aquel día el ex presidente Néstor Kirchner la llamó "muy conmocionado" para contarle que "tenían a los tipos" que atacaron al joven a partir de "la colaboración de un intendente del Gran Buenos Aires que nos acercó un testigo" con el que "la jueza inicio el hilo de la investigación que lleva al juicio".
La mandataria aprovechó una videoconferencia que mantenía con el ministro de Justicia, Julio Alak, para reconstruir aquellas horas en las que coordinaron la seguridad para llevar ese testimonio ante la jueza de la causa, luego de que "Néstor se puso en marcha", en referencia a la información que consiguió mediante el intendente bonaerense, del cual la Presidenta no quiso dar el nombre.
Además, la mandataria aseguró que el asesinato del militante del PO había "afectado muchísimo" al expresidente y señaló: "Mi hijo Máximo siempre me dice que la bala que mató a Ferreyra también rozó el corazón de su padre".
El descarrilamiento ocurrió el mismo día en que se iniciaba el Juicio contra Pedraza y sus cómplices.
Entiendo que los trenes están atados con alambre, pero ... cuanta coincidencia ! ! !
Más problemas en las vías
Más de 30 heridos tras descarrilar un tren de la línea Mitre
Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, "seis personas fueron hospitalizadas y 33 atendidas en forma ambulatoria", luego de que la formación se desviara a 300 metros de la estación Retiro, cuando el último vagón se desprendió e impactó contra una torre de señalamiento de unos 12 metros de altura. "Ninguno de los heridos reviste gravedad, todos tienen politraumatismos", confirmó Crescenti. Tras el descarrilamiento, se presta un servicio reducido mientras los operarios trabajan en el lugar.
El accidente involucró al último coche, el número 13, de la formación 3092 que venía desde Tigre.
El accidente involucró al último coche, el número 13, de la formación 3092 que venía desde Tigre cuando "por causas que se están determinando salió de las vías y causó la caída de la torre de señalamiento", indicó la Unidad de Gestión Operativa Mitre y Sarmiento (UGOMS).
Además, destacó que, como consecuecia del accidente, el servicio se está brindando de forma reducida entre las estaciones Tigre-Belgrano C, Tigre y Bartolomé Mitre, J.L.Suárez-Colegiales y Mitre- J.L.Suárez, todos estos trayectos de ida y de vuelta.
Será que soy el único "malpensado".
¿A nadie más se le ocurre que este "accidente" pudo haber sido, tranquilamente, un sabotaje de la mafia de los ferrocarriles en protesta por "el mal momento" que está pasando su Jefe (el asesino Pedraza)?
Los sucesos en Barracas empezaron a las diez de la mañana. Los tercerizados y organizaciones que los apoyaban fueron a la estación Avellaneda con la idea de hacer un corte. La presencia del grupo de la UF los disuadió y caminaron junto a las vías, mientras algunos matones los seguían por el terraplén. Al llegar al puente Bosch intercambiaron insultos y pedradas. Luego los tercerizados hicieron una asamblea en Luján y Santa Elena, ya al mediodía. Decidieron desconcentrarse y en ese momento la patota avanzó hacia ellos, sin que los policías a cargo del operativo siquiera intentaran impedirlo. En el cordón que formaron para intentar proteger a las mujeres y niños estaba Mariano Ferreyra. La bala que lo mató sería de la misma arma que hirió a Elsa Rodríguez.
Por lo menos 13 testigos que identificaron la presencia de Favale que disparaba un arma de fuego unas cinco veces con el cuerpo inclinado sobre la calle Luján, volverán a declarar. Uno de ellos, Benítez, que pidió protección, lo escuchó jactarse ante Pablo Díaz: “Al de la gomera, a ese gil de mierda, le agujereé la panza”. Favale a la vez acusó a Sánchez, a quien identificó por un tatuaje en el brazo. A Sánchez lo reconocieron al menos cinco personas por su remera de Bob Marley y una gorrita; lo vieron disparando parado junto a un Volkswagen Polo color verde. Alberto Esteche, que estaba en la parrilla, testificó: “A mi entender tiraba a matar”. Otro testigo ferroviario con protección, Claudio Díaz, reveló que había ido al lugar junto con Sánchez en un Ford Focus color champán, donde llevaba un arma por “si se llegaba a complicar”. El papel de Uño y Pérez en la recolección de las armas fue descripto en detalle por José Eduardo Sotelo, un testigo que estaba ahí de casualidad, quien denunció amenazas tras su declaración. Sotelo dijo que al entregar las armas, Favale y Sánchez decían “negro, negro, le dimos” y que Pérez les dijo “háblenlo con Pablo (Díaz)”. Del papel de Díaz hablaron muchos testigos y lo delatan sus llamadas con Fernández y hombres de la patota. A Alcorcel lo incriminan otros ferroviarios, sus llamados y el recorrido de su celular. A Pipitó y González, los periodistas amenazados para que no filmaran.
Algunos defensores diseñan una estrategia conjunta bajo el mando del abogado de Pedraza, a quien apodan “DT”. Intentarán sostener que todo fue una riña (con esperanzas de ahorrar a sus clientes una pena severa) y que los tercerizados y organizaciones estaban armados. Que no había órdenes y la presencia del grupo fue “espontánea”. También se aferran a dos peritajes balísticos que mostraron que tanto la bala que hirió a Nelson Aguirre como la que mató a Mariano rebotaron antes de impactar en sus cuerpos. El de Aguirre es un proyectil de escopeta, que algunos testigos dijeron haber visto en manos de los matones de la UF, pero las defensas dirán que era una tumbera del PO. El proyectil que mató a Mariano quedó alterado después de que un perito de los ferroviarios lo golpeara en una junta de expertos, en una de tantos intentos por obstaculizar la causa.
Para las querellas, más allá de los rebotes, hay otras pruebas básicas del ataque de la patota, además de los testimonios: los disparos fueron durante la retirada de los tercerizados, Favale y un grupo de gente llevada por él eran ajenos a la UF, el objetivo de la patota no parecía responder a un interés propio (salvo la posibilidad de conseguir beneficios laborales por colaborar) sino de las autoridades.
El comienzo del juicio por el crimen del militante
Mariano Ferreyra, la hora de la justicia
Los acusados son 17, entre ellos el jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Cuáles son las pruebas sobre su participación en los hechos del 20 de octubre de 2010. Cómo será el juicio oral.
Por Irina Hauser
Mariano Ferreyra pasó los últimos minutos de su vida tendido en una ambulancia particular que pasaba de casualidad por Barracas, sin médico ni equipamiento, y que ofreció la mínima ayuda que hasta ese momento no llegaba. Viajaba apoyado sobre Elsa Rodríguez, herida con un disparo en la cabeza, y lo sostenía su amigo Damián, quien le imploraba con palmadas en la cara que no cerrara los ojos, que aguantara. Una bala de arma calibre 38 había perforado su remera y también su abdomen. Mientras lo llevaban hacia el hospital Argerich, el escenario de los disparos y las pedradas –en las calles Luján y Pedriel– iba quedando vacío ante la mirada impasible de la Policía Federal, que dejó ir a los agresores, una patota de la Unión Ferroviaria (UF) para la que un rato antes había liberado el terreno con el fin de que actuara. Mariano, Elsa y un centenar de personas, muchas del Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, protestaban ese día para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos del ferrocarril Roca y la regularización de los “tercerizados”. Querían cortar las vías, pero ni lo intentaron, ya que se toparon con los matones del gremio, quienes al recibir barrabravas de refuerzo se les abalanzaron con un despliegue de máxima violencia en el momento en que se retiraban. El ataque, definiría la Justicia después, pretendía “aleccionar” a los “tercerizados” para que dejaran de insistir con su reclamo. La fuerza de choque actuaba con un “plan criminal”, cuyo resultado sólo podía interesar a los líderes sindicales, empezando por José Pedraza, que veía su poder amenazado. El cariz político de este crimen se vio desde el primer día. Las pruebas quedarán a la vista en el juicio oral que hoy comienza.
Las audiencias –a cargo del Tribunal Oral Criminal 21– podrían durar más de seis meses y prometen mostrar cómo se entrelazaron los papeles de los diecisiete acusados: Pedraza, su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, siete ferroviarios más un barrabrava que componían la patota y siete policías, tres de ellos comisarios. Todos corren el riesgo de recibir condenas por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua, el peor de los castigos. Los únicos que no están presos son los uniformados. La fiscal será María Luz Jalbert.
Los testimonios recogidos apenas ocurrieron los hechos fueron claves en la investigación penal y lo serán durante el juicio. Habrá más de 380 testigos. Pero también serán determinantes los entrecruzamientos telefónicos, las escuchas, los videos registrados, las comunicaciones policiales y la documentación que relaciona el ataque de la patota con los intereses del sindicalismo empresario. Las querellas, que representan a la familia de Mariano y a los heridos, intentarán probar que hubo un móvil político y económico detrás del ataque que terminó en el asesinato del militante del PO, de 23 años: el ingreso a planta de los tercerizados, plantean, amenazaba la hegemonía de Pedraza en el gremio, un poderío que a la vez le permitía mantener sus negocios, que incluyen la explotación del tren Belgrano Cargas (cedido a la UF en los noventa) y su propio manejo de empresas tercerizadas, contratadas y subsidiadas a través de la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa), operadora de algunos ramales por cuenta y orden del Estado. Las tercerizadas se caracterizan por pagar a sus trabajadores salarios muy inferiores a los de planta y dejarlos fuera de convenio, sin derechos básicos, como indemnización por despido y vacaciones.
En la investigación inicial, la jueza Wilma López y los fiscales Cristina Caamaño (ahora funcionaria del Ministerio de Seguridad) y Fernando Fiszer dieron por probado que dos personas dispararon armas de fuego: Gabriel Sánchez, guarda de Constitución, y Cristian “Harry” Favale, un barrabrava de Defensa y Justicia que no era ferroviario y fue llevado por Claudio Alcorcel. Actuaron en coordinación con un grupo, donde cada cual tenía una función. El portero de los talleres de Remedios de Escalada, Juan Carlos Pérez, fue señalado como quien juntó las armas, para su ocultamiento, que le entregaron el picaboletos Guillermo Uño, Sánchez y Favale. Jorge González y Salvador Pipitó amedrentaron al equipo de C5N para que no filmara la agresión. El delegado Pablo Díaz, secretario de la comisión de reclamos de la UF, organizaba al grupo y daba instrucciones.
A pesar de que no se hallaron las armas utilizadas, se sabe –por los proyectiles hallados y extraídos a Mariano y los heridos– que eran por lo menos cuatro: dos calibre 38, una 22 y una escopeta. Queda el enigma sobre quiénes serían los dos tiradores restantes.
La presencia en el banquillo de los jefes gremiales, de quienes fueron su brazo armado y de la policía, habla de lo que este juicio también pone en discusión un modelo económico, los métodos del sindicalismo y hasta el papel de las fuerzas de seguridad en esa trama. Tratándose de un caso donde se han denunciado intentos de obstaculización durante la investigación de parte de Pedraza y la UF, que van desde un intento de soborno en la Cámara de Casación, la alteración de pruebas y amenazas a testigos, también será un puesta a prueba para la Justicia.
Empezó el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, con los dirigentes de la UF entre los acusados
Cuando Pedraza se sentó esposado en el banquillo
En la primera audiencia se leyeron los cargos contra los imputados, entre quienes están la patota de la Unión Ferroviaria y siete policías. Los abogados defensores hicieron numerosos planteos de nulidad. El Tribunal Oral Criminal 21 ya rechazó una decena.
Por Irina Hauser
El acusado José Pedraza se dio vuelta en un momento y lanzó besos hacia su familia y el público.
Había pasado un buen rato desde la apertura del juicio, cuando José Pedraza, por primera vez en la mañana, se dio vuelta hacia donde estaba sentado el público y guiñó un ojo, sonriente. Pareció que el mensaje iba dirigido hacia su mujer y su hija, que estaban al fondo. Pero fue una situación incómoda, porque quienes se encontraban en primera fila y se toparon con ese guiño fueron el hermano, las dos hermanas y el padre de Mariano Ferreyra, asesinado el 20 de octubre de 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria (UF). Pedraza y su segundo en el gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, encabezan la lista de acusados que comenzaron a ser juzgados y que también integran ocho matones y siete policías federales. Se los responsabiliza por el homicidio del joven militante del Partido Obrero (PO) y las heridas sufridas por otras personas que participaban de la misma protesta contra los despidos y la tercerización en la línea Roca. En la audiencia de ayer se les leyeron los cargos, que prevén hasta prisión perpetua, pero la mayor parte del tiempo estuvo dedicada a la discusión sobre una andanada de planteos de nulidad –hasta del juicio íntegro– de parte de los abogados defensores. Algunos intentaron instalar la idea de que la investigación durante la instrucción inicial fue parcial y sesgada. En la misma jornada, el Tribunal Oral Criminal 21 (TOC 21) rechazó una decena de nulidades y dijo que no veía motivos para no empezar. Hoy resolverá otra decena de cuestionamientos y luego empezarán las indagatorias.
Las primeras audiencias serán en los tribunales de Retiro, donde entran justo los treinta abogados defensores, los acusados, los seis letrados de las querellas y los damnificados, entre ellos Beatriz Rial, la mamá de Mariano; Elsa Rodríguez (baleada en la cabeza) y Nelson Aguirre (baleado en la pierna). “Yo quería estar ahí sentada, quería verles la cara”, le dijo Rial a Página/12, conmovida. “Y los vi, y sentí bronca”, suspiró. Al lugar para el público, detrás de un vidrio, la gente entraba a los codazos. Allí se mezclaron desde Martín Sabbatella, Victoria Donda, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, hasta Claudio Lozano, Vilma Ibarra, Horacio Verbitsky, Jorge Altamira, Beatriz Sarlo y la familia de Pedraza y Fernández. El TOC 21, que preside Horacio Días, hizo sacar el crucifijo del recinto y no exigió ponerse de pie al iniciar el debate.
La audiencia empezó cerca de las 11, cuando entraron los acusados esposados. Los policías, libres, habían llegado antes por su cuenta. El clima lo marcaron los comentarios socarrones del juez Días (ver aparte) y sus chispazos con los defensores y con la fiscal María Luz Jalbert, quien a poco de comenzar se quejó de que las querellas hablaron antes que ella sobre las nulidades. “Debí haber sido la primera”, gruñó.
La lectura de las acusaciones aportó un repaso de aquel día en que un grupo de trabajadores tercerizados del Roca, junto con el PO y otras organizaciones, fue a protestar a la estación Avellaneda. Iban a cortar las vías, pero la presencia de la patota los disuadió. El ataque se produjo cuando se retiraban. El barrabrava Cristian “Harry” Favale, ajeno a la UF, y el guarda Gabriel Sánchez están acusados de haber disparado. El portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el picaboletos Guillermo Uño, de recoger las armas para ocultarlas. Al delegado Jorge González y a Salvador Pipitó se los acusa de amenazar al equipo de C5N para evitar que filmara. Claudio Alcorcel, otro delegado, aparece como reclutador, y Pablo Díaz, secretario de Reclamos del gremio, como el coordinador de la fuerza de choque, que además mantenía contacto con el Gallego Fernández, quien estaba en la sede de la UF con Pedraza. La acusación concluye que hubo un “plan criminal” para “aleccionar” a los tercerizados. Atribuye a Pedraza y Fernández una motivación política, ya que el ingreso de esa masa de trabajadores amenazaba su hegemonía en la UF, que a su vez les permitía mantener sus negocios. Las imputaciones por homicidio calificado pueden derivar en condenas a prisión perpetua.
A los policías se los acusa de haber liberado la zona para que actuara la patota. La acusación hasta menciona el llamado de un cabo al 911 pidiendo refuerzos por la falta de acción de los otros policías que estaban en Barracas. Los acusados son los comisarios Jorge Ferreyra, Luis Mansilla, Hugo Lompizano, el principal Gastón Conti, los subcomisarios Luis Alberto Echevarría y César Garay y el camarógrafo policial David Villalba. Usaron, dice la imputación, teléfonos que no registran el contenido de las llamadas, tardaron en dar aviso a la Justicia, cortaron la filmación ante los disparos y dejaron ir a los agresores. La fiscalía los acusó por abandono de persona seguido de muerte, pero las querellas como partícipes del homicidio, lo que generó un fuerte debate.
Luego se debatieron cerca de veinte planteos de nulidad con que los defensores intentan dilatar el proceso. El defensor oficial Claudio Armando (de Pipitó) dijo que la instrucción fue “incompleta” porque nunca se investigó la tentativa de corte de vías de los tercerizados. A pesar de que el TOC 21 rechazó esa denuncia por innecesaria, más tarde, Alejandro Freeland (letrado de Fernández) se referiría a los manifestantes como “gente que va como hordas por la calle”, con “armas, palos y gomeras”, y se sumaría con un reclamo de nulidad absoluta de la elevación a juicio. “¿Me perdí algo y ya estamos en los alegatos?”, ironizó la abogada María del Carmen Verdú (Correpi), de la querella de los heridos. Al rechazar los planteos, se preguntó por qué ante crímenes políticos “siempre tenemos que dar explicaciones de lo que hacen las víctimas”. Tampoco hubo denuncia penal contra ellos, aclaró. El abogado Maximiliano Medina, del CELS (querella de la familia), dijo que Mariano no formaba parte de ninguna “horda” y coincidió con la fiscal en que el hecho ya fue descripto.
El abogado de Pedraza, Carlos Froment, también pidió la nulidad de todo al decir que detrás de una foja habían encontrado anotaciones a mano, en teoría de la fiscalía de instrucción, que decía que “mientras no se desbaraten los negocios de Pedraza y Fernández no van a declarar”. “Se direccionó el proceso hacia Pedraza, no se buscaba esclarecer el hecho”, sentenció. Tanto Jalbert como las querellas dijeron que eran solo papeles de trabajo. El TOC llegó a rechazar una decena de cuestiones clave, entre ellas un pedido de nulidad de las escuchas y otro de la elevación a juicio (porque aún tramita una recusación contra los jueces). Pedraza se despidió de su familia haciendo la “V” con la mano.
Hebe de Bonafini. (1º parte del Discurso del 4 de octubre de 2012).
"Bueno compañeros empieza este día, que tendría que ser de mucha más felicidad, con una gran tristeza. Desapareció un compañero, un compañero que tenía que denunciar hoy al mediodía la complicidad de los Pedraza"
Un compañero que se arriesgó, un compañero que no tuvo miedo, como decía el hijo hoy, y que anoche fue secuestrado porque hoy iba a dar más nombres. Este compañero se llama Severo, de apellido Severo, y hace un rato apareció el coche vacío. Por favor que aparezca. ¡Basta de tener que buscar gente desaparecida, hijos de re mil puta! ¡Qué quieren! Estos malditos, estos burócratas: esos son, no son otros. Hay que tenerle más miedo que a los milicos. Se imaginan como está la familia y como estamos nosotros. Él iba a denunciar el crimen de Ferreyra, ya había denunciado. Así que las Madres somos solidarias con los compañeros que están llamando ahora a una marcha que a las cinco van a venir para acá, les damos un grito y un aplauso muy fuerte para que aparezca rápido, con vida. Nos están pegando, nos están pegando de todos lados, nos están pegando de todos lados.
El testigo desaparecido que debía declarar este mediodía en el juicio oral contra la patota de la Unión Ferroviaria, y su titular, José Pedraza, por su participación en el crimen de Mariano Ferreyra, fue encontrado golpeado y maniatado en la zona de Avellaneda. Anoche, la familia de Severo había denunciado que había salido de su casa a las 23 para ir a visitar a su nieto y desde entonces no contestaba los llamados al celular. El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que "se deberán investigar todas las hipótesis y las circunstancias del caso" y reiteró que ni Severo ni su familia habían solicitado ampararse en el programa de testigos protegidos.
La familia de Severo había radicado la denuncia policial en las comisarías 4ta. y 6ta. de Avellaneda.
El testimonio que Severo tenía que brindar hoy en Comodoro Py aportaría información sobre las conexiones entre Cristian Favale y los integrantes de la patota de Constitución. El abogado de la querella, Ismael Jalil, consideró que Severo "es un testigo que comprometía seriamente a los referentes de la Unión Ferroviaria, a José Pedraza, a Juan Carlos Fernández" y recordó que "ya al declarar en la primera instancia hablaba de un entramado de responsabilidades que había entre la conducción de la empresa de la línea Roca y la UF".
Además, Severo reveló que la agrupación del sindicato Unión Ferroviaria (UF) de Plaza Constitución guardaba armas en su oficina de esa terminal de trenes, según el letrado.
También destapó que en la víspera del asesinato de Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, la empresa Trenes Metropolitanos y la UF había convocado a los ferroviarios a sumarse a la patota del gremio para repeler la protesta de los trabajadores tercerizados, que querían cortar las vías de la línea Roca. Pero Severo se había negado y, según denunció su hijo, aquella noche la puerta de la vivienda familiar fue baleada.
Para Altamira, el secuestro de Severo es "una extorsión"
El jefe del Partido Obrero, Jorge Altamira, sostuvo que el secuestro del exempleado ferroviario Alfonso Severo, que debía declarar el jueves pasado en el juicio oral por el crimen de Mariano Ferreyra, fue una "advertencia" para futuros testigos y denunció "intereses muy poderosos" contra el proceso judicial. "Ha quedado muy en evidencia por numerosos testigos la responsabilidad política de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria que terminó con la vida de Mariano Ferreyra", sostuvo Altamira.
Además, el referente del PO sostuvo que el secuestro del testigo estaba vinculado con "intereses muy poderosos que quieren interferir en el juicio oral y público". "La Unión Ferroviaria quiere deslindar la responsabilidad a los autores materiales", señaló.
"Me trae a la memoria una solicitada de la comisión directiva de la Unión Ferroviaria que solamente fue publicada en el diario La Nación y decía que iba a defender incondicionalmente a los imputados, esa palabra me llamó la atención porque quiere decir que van a defender aunque sean los autores", resaltó Altamira.
El dirigente de izquierda, en diálogo con radio Brisas, apuntó que hay aspectos en las declaraciones de Severo donde imputa a una serie de personas y "esas personas en estos años han continuado en Ferrobaires. Acá hay una omisión muy grande del poder político".
Por otra parte, enfatizó que "la estructura sindical argentina es como la mafia. El mes que viene hay elecciones en la Unión Ferroviaria y hay lista única, hay que desembarazarse de una estructura de burocracia sindical para que la clase obrera argentina pueda expresarse con su voz".
El Tribunal Oral en lo Criminal 21 dará a conocer a las 17 el fallo por el asesinato del militante del PO, ocurrido en octubre de 2010. Durante sus últimas palabras, el principal acusado, José Pedraza, habló del “hartazgo” de sus afiliados ante los cortes de vías, afirmó que "nunca un ferroviario se enfrentó" con quienes hacían esas protestas y dijo que “la bala que rozó el corazón de (Néstor) Kirchner también rozó el mío”. Cristian Favale y Gabriel Sánchez, acusados como coautores del crimen y también con pedido de prisión perpetua, se declararon "inocentes".
La Fiscalía solicitó prisión perpetua para Pedraza y otros cinco acusados, y penas no mayores a 10 años para el resto.
A diferencia de 13 de los 17 procesados, Pedraza, acusado de ser instigador del crimen, hizo uso de su derecho a hacer oír sus últimas palabras. Cuando fue invitado por los jueces, se sentó frente al estrado y con tranquilidad dijo que jamás promovió el crimen, repasó su historia en la Lista Verde del gremio que lideró durante décadas y adujo que las acusaciones en su contra son de índole política.
Insistió en su "absoluta falta de responsabilidad en la lamentable muerte" de Ferreyra y luego se dirigió a Beatriz Rial: "Señora madre de Mariano Ferreyra, quiero decirlo desde lo humano, jamás promoví ni imaginé ni tuve nada que ver con el crimen de su hijo, que a mí, como padre, me ha dolido tanto como usted".
También habló de los 160 desaparecidos que su gremio tuvo durante la última dictadura militar y aseguró que cuando de dispuso la tercerización de algunos de los trabajadores ferroviarios, él "no estaba de acuerdo, pero las necesidades nos llevaron a que en un momento firmáramos un acuerdo para permitirlo".
"Jamás imaginábamos que iba a suceder un 20 de octubre de 2010. Mucho menos que tuviéramos como resultado una desgraciada víctima que hemos lamentado profundamente", prosiguió hasta que dijo: "La bala que rozó el corazón de Kirchner, también rozó el corazón de todos los ferroviarios y el mío".
Afuera, manifestantes de distintas agrupaciones políticas y organizaciones sociales mantienen una vigilia hasta la lectura del veredicto sobre el crimen de Mariano Ferreyra, quien fue asesinado de un tiro en el estómago el 20 de octubre del 2010 mientras participaba de una manifestación de obreros ferroviarios precarizados por una cooperativa dependiente de la Unión Ferroviaria. Ese día, los manifestantes fueron atacados por una patota del gremio sin que la policía interviniera para evitarlo.
La Fiscalía solicitó prisión perpetua para José Pedraza y otros cinco acusados, y penas no mayores a 10 años para el resto. El pedido sostiene que tanto Pedraza como su mano derecha Carlos Fernández fueron "instigadores del homicidio" del joven militante del Partido Obrero y de la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. La misma pena se pidió para Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernando Sánchez y Pablo Marcelo Díaz, pero como "coautores" de esos delitos.
Al dar sus últimas palabras, Favale, sobre quien pesa un pedido de prisión perpetua, agradeció a su esposa y al resto de los que “creen en mi inocencia”; hizo lo mismo con sus abogados y dijo ser “inocente” del delito que se lo acusa: coautor del crimen del militante del Partido Obrero.
Gabriel Fernando Sánchez, también acusado a perpetua por ser uno de los presuntos tiradores, miró a la madre de Mariano Ferreyra y le dijo: “Señora, yo no maté a su hijo (…) Yo estaba trabajando. Yo recibí un llamado, me convocan y fui”.
En tanto, la fiscalía pidió para Gustavo Alcorcel, acusado de ser "cómplice secundario", 10 años; mientras que para Daniel González y Salvador Pipitó pidió 9 años, por considerarlos "cómplices primarios de homicidio simple".
Con respecto al personal policial, el fiscal pidió las siguientes penas: 10 años para Hugo Lompizano y Luis Mansilla, 9 años para Jorge Ferreyra, 8 años para Luis Echavarría, 7 años para Rolando Garay y Gastón Conti. En todos los casos se les imputó el abandono de persona. En tanto que solicitó la absolución de David Villalaba.