La defensa del general boliviano Gary Prado Salmón, colaborador de la CIA quien ordenó en 1967 el asesinato del combatiente revolucionario Ernesto “Che” Guevara, pidió ayer una intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “precautelar sus derechos”.

El general retirado  es uno de los 39 implicados en el caso Rozsa, una conspiración para asesinar el Presidente Evo Morales.

Prado Salmón fue acusado de haber colaborado con el húngaro-croata-boliviano Eduardo Rózsa,  líder de un grupo  de mercenarios, veteranos de los balkanes que  intentó matar en 2009 al presidente Evo Morales y apoyar un movimiento separatista en el departamento de Santa Cruz.

Gary Prado Araúz, hijo y abogado del general retirado envió una carta dirigida a Emilio Alvarez, secretario general de la CIDH, donde le hace una solicitud urgente de Medidas Cautelares de Protección para Gary Prado Salmón porque considera que está siendo “víctima de violaciones a sus DD. HH. y garantías procesales por funcionarios judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Gary Prado hijo pidió además al secretario de la CIDH que le conceda una audiencia en Washington, entre el jueves y viernes, para presentarle la documentación que respalda la solicitud.

La pasada semana el general retirado abandono el juicio oral que lleva adelante el Tribunal de Sentencia, que funciona en Santa Cruz pero pertenece a La Paz. Argumentan que un fallo del Tribunal Constitucional ordena que el caso Rózsa sea ventilado en un juzgado de Santa Cruz.