La Unión Europea (UE) exigió este martes al Gobierno conservador de España una nueva reforma laboral, en el marco del programa de austeridad aplicado en este país, que legalice los despidos injustificados, ponga fin a la estabilidad laboral y reduzca la indemnización por despido.
De visita en Madrid, el comisario europeo de Empleo, László Ándor, aseguró que “muchas veces son necesarios cambios legislativos para encontrar la solución a un problema”, y “no se puede negar que aquí hay uno”, en referencia al récord de desocupación del país ibérico.
Contradictoriamente, Ándor aboga por nuevos despidos e indemnizaciones pactadas, con la excusa de querer “mitigar” el elevado y creciente desempleo en España
La UE lamentó, en primera instancia, que el Gobierno español descartara, por inconstitucional, una propuesta europea conocida como “contrato único”, que permite el despido injustificado. La medida es resistida tanto por el gobierno como por la oposición. E
“El desempleo juvenil es muy alto y el Gobierno tiene que hacer lo que esté en sus manos para facilitar la contratación”, remarcó Ándor, tras defender la propuesta de la Comisión Europea (CE) de contrato único.
En vista de todo ello, Ándor lanzó públicamente la propuesta de un "contrato único abierto" para frenar la sangría del desempleo, que en España afecta al 27 por ciento de la población activa -unos 6.2 millones de personas-, y especialmente a los jóvenes, con una tasa de desocupación de casi el 60 por ciento.
Por un lado, la Unión Europea asegura que el contrato único implicaría la supresión de la modalidad temporal y la implantación de una sola fórmula de contratación indefinida, tras una período de prueba, y con una indemnización progresiva “pactada”.
Por otra parte, los detractores advierten que se trata de una antigua fórmula, “impulsada desde la órbita neoliberal, donde el costo del despido se reduce al interés patronal y pone al trabajador bajo la coerción de aceptar las condiciones del contrato, por más que sean injustas, para conseguir un trabajo”.
La agencia EFE precisa que, en este último particular, “la contratación indefinida es sólo nominal, ya que los trabajadores serían de hecho temporales dado el bajo costo de su despido”.
La última reforma laboral en España rebajó la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días, aunque la Constitución estipula que toda extinción del contrato de trabajo debe tener una causa justificada.
España se encuentra en recesión económica desde hace años, generando una crisis social que ha sido agudizada con ajustes, recortes y una política de austeridad; medidas que determinaron un número creciente de desempleados, ya que lejos de solucionar los problemas de los españoles, lo agravaron.
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