Una marcha encabezada por el movimiento social 
Articulación Curuguaty llegó este lunes al Palacio de Justicia, en 
Asunción (capital paraguaya), para manifestar su apoyo a los 12 
campesinos imputados por la muerte de seis policías durante la masacre 
Curuguaty (este), el 15 de junio de 2012. 
La corresponsal de 
teleSUR en Paraguay, Amanda Huerta informó que a las afueras del Palacio
 de Justicia "han llegado movimientos sociales encabezados por 
Articulación Curuguaty para apoyar a los campesinos imputados por la 
masacre de seis policías". 
Huerta resaltó que la audiencia que 
inició este lunes "sólo es por la muerte de los seis policías, porque la
 muerte de los 11 campesinos aún no ha sido investigada".
De los 12 labriegos imputados, un fiscal del Ministerio Público ordenó este lunes el sobreseimiento a tres acusados
 al "descubrir" que no se encontraban en el lugar el día en que la 
policía desalojó de manera violenta a unos labriegos de las tierras que 
ocupaban.
La periodista ha destacado que durante la audiencia se 
han podido observar violaciones muy graves del debido proceso. De igual 
manera, la Fiscalía ha presentado pruebas dudosas para acusar a los 
campesinos.
Los campesinos son acusados de invasión a la 
propiedad, entre otros cargos, aunque los "magistrados de la corte 
reconocen que esas tierras no son de la empresa que las explota hoy".
La
 corresponsal reportó que la audiencia que arrancó este lunes 
"finalizará el miércoles, pero si se logra tener una resolución sobre la
 titularidad de las tierras y hay una sentencia quedaría totalmente nulo
 lo que acá se decida, incluido el sobreseimiento de estas tres 
personas".
El 15 de junio de 2012,  durante un operativo de 
desalojo de una hacienda ubicada en la ciudad de Curuguaty se 
registraron 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías, además de 20 
heridos.
La responsabilidad de lo ocurrido fue atribuido a priori
 al expresidente Fernando Lugo por la oposición del país y usado como 
argumento para el juicio en el Congreso del país que terminó en su 
destitución y posterior designación de Federico Franco como gobernante 
de la nación.