La Cámara de Representantes del Congreso
colombiano aprobó este lunes, en último debate, el proyecto de reforma
constitucional que amplía el fuero militar, norma criticado y rechazada
por organizaciones defensoras de los derechos humanos y por la misma
Organización de Naciones Unidas (ONU), ente que la considera
“innecesaria y perjudicial”.
La ley estatutaria, que había sido aprobada días atrás por el Senado,
recibió en la Cámara Baja 103 votos a favor y seis en contra, luego de
ocho horas de debate. Ahora, la reforma debe pasar a una conciliación
con el texto votado en el Senado.
En última instancia, la Corte Constitucional escrutará el proyecto
para determinar si se ajusta a la Carta Magna y, en caso de que lo haga,
el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lo firmará para que entre
en vigor.
La coalición partidista del Gobierno de Santos, que domina el
Congreso, apoyó la iniciativa del Ejecutivo, que sólo fue rechazada por
el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Verde
(PV).
El fuero penal militar establece que la justicia ordinaria asumirá
todos los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la fuerza
pública, tales como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución
extrajudicial, tortura y desplazamiento.
En caso de duda, se establece que será un Tribunal de Garantías
mixto, compuesto por militares y policías en retiro y jueces ordinarios,
el que atribuya el caso en disputa a la justicia correspondiente.
Uno de los artículos que desató más polémica fue el denominado
"Blanco legítimo", pues incluye a la población inocente civil que, en
ocasiones, queda desprotegida en medio del fuego cruzado.
En ese sentido, el congresista Iván Cepeda (PDA) denuncia que esta
reforma podría entorpecer los procedimientos judiciales abiertos contra
muchos militares que están siendo investigados y juzgados por
violaciones de derechos humanos.
“Los mal llamados falsos positivos quedan exentos en esta Ley.
Además, a futuro podría servir como patente de corso para que militares
puedan sentirse tranquilos actuando contra civiles o cometiendo
violaciones de derechos humanos”, aseveró.
Asimismo, la congresista Ángela María Robledo (PV) tildó la
aprobación de la norma como un acto inconstitucional, que permitiría a
las fuerzas militar hacer un uso desproporcionado de la fuerza contra
civiles, campesinos, indígenas y población en general.
ONU cuestiona
El periodista Paul Bacares, corresponsal de teleSUR en Colombia,
señaló que, según la oposición de ese país, la Ley “blinda a los
militares que cometen delitos de lesa humanidad y les da poderes para
legitimar crímenes contra civiles en medio del conflicto”.
También recordó que la propia ONU manifestó su “profunda
preocupación” por el avance de esta reforma, pues consideran que
perjudica la administración de la justicia.
El organismo expone que la norma “podría llevar a que casos de falsos
positivos (ejecuciones extrajudiciales) actualmente investigados bajo
régimen penal, puedan ser transferidos para investigación y juicio de
autoridades del Ministerio de Defensa Nacional en lugar de que sean
investigados, como corresponde, por una autoridad independiente”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, celebró la
aprobación y aseguró que los legisladores "han votado un proyecto que
tiene toda la legitimidad y responde a los cuestionamientos
internacionales".
Contrario a sus declaraciones, la iniciativa se aprobó en medio de
críticas de organizaciones internacionales y humanitarias que han
manifestado su preocupación por el riesgo de que delitos cometidos por
agentes de seguridad del Estado queden impunes.
La reforma al fuero militar fue aprobada en diciembre pasado por el
Congreso, pero para entrar en vigor necesita ser activada por la ley
estatutaria.
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