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22 de junio de 2013, 02:00Por Javier Rodriguez Roque
 Asunción, 22 jun (PL) Paraguay llega hoy al primer aniversario de la destitución del presidente constitucional del país por un Congreso dominado por los mismos partidos tradicionales que acaban de pactar otra vez la distribución del poder.
Mediante la celebración de un expedito juicio político en el Parlamento al mandatario Fernando Lugo que provocó su expedita salida del cargo para el cual fue electo, los partidos Liberal y Colorado dieron un giro a la historia reciente de Paraguay.
La ruptura del proceso democrático que se había iniciado con el derrocamiento de la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) apoyada por Estados Unidos, implicó para el país mediterráneo una suerte de salto al vacío, aislándolo internacionalmente.
Para hacerlo, se utilizó como pretexto el sangriento desalojo campesino en tierras de Curuguaty, departamento de Canindeyú, ejecutado por petición de latifundistas, con un saldo de 11 labriegos y seis agentes muertos en circunstancias no aclaradas totalmente.
El alegato pasó por alto que el trasfondo del trágico incidente había que buscarlo en la injusta tenencia de la tierra en Paraguay donde casi 90 por ciento de los terrenos cultivables está en manos de menos del dos por ciento de propietarios, muchos de ellos latifundistas.
Esa impactante estadística se acompaña con la vida en condiciones miserables, a la vera de caminos, en pobrísimos asentamientos o subsistiendo en rústicas carpas y endebles viviendas nada menos que 300 mil campesinos sin derecho a la tierra.
La destitución tuvo como trascendentes testigos a 11 cancilleres suramericanos que volaron urgentemente a Asunción para tratar inútilmente de evitar, mediante el diálogo, lo que quedó calificado para la historia como un golpe de Estado parlamentario.
Las sanciones políticas internacionales no se hicieron esperar y Paraguay fue suspendido de su membresía en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y sufrió el rechazo de muchos otros países latinoamericanos. Numerosas embajadas de la región quedaron y siguen sin sus jefes de misión, retirados como expresión de la falta de reconocimiento al presidente Federico Franco que resultó del golpe y se determinó el cese del castigo solo con la llegada al poder de un gobierno salido de elecciones.
Celebrados los comicios, los mandatarios del Mercosur y Unasur tendieron las manos al gobernante electo, Horacio Cartes, quien durante su campaña había ratificado su interés en el regreso urgente de Paraguay a esas instancias regionales.
Sin embargo, la movilización urgente de los sectores de la derecha con mayor responsabilidad en el golpe contra Lugo y las denunciadas presiones de grandes intereses económicos nacionales y foráneos, parecen querer colocar nuevamente a Paraguay en un punto muerto.
Los grupos más conservadores hablan de alejarlo de su natural entorno regional para buscar fortuna por su cuenta en alejados mercados asiáticos y en la apertura sin límites a la conocida voracidad de transnacionales estadounidenses y de otras potencias.
Advertencias de sectores de izquierda recuerdan el normal entorno regional que siempre acogió favorablemente a la economía paraguaya y piden no olvidar las limitaciones para sus intereses comerciales impuestas por el carácter mediterráneo de la nación guaraní.
Todavía en sentido mas interno denuncian el nuevo pacto político de colorados y liberales como preanuncio de medidas más lacerantes para un universo de pobreza que alcanza casi a la mitad de la población y pronostica arremetidas contra sectores progresistas.
Ese es el panorama existente a un año del episodio del 22 de junio del 2012 que hizo retroceder las manillas del reloj democrático en Paraguay.
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