Uruguay conmemora este jueves el aniversario número 40 del golpe de Estado de 1973, encabezado por el entonces presidente Juan María Bordaberry (1972-1976), un hecho que dio pasó a una férrea dictadura durante los siguientes 12 años, hasta 1985, caracterizada por la persecución política y desapariciones de personas que pensaran distinto al régimen militar.

Diferentes movimientos sociales, organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura marcharán por las calles de Montevideo, para exigir “cero impunidad” con los responsables de los crímenes cometidos durante esa época.

Las actividades programadas para este jueves se llevarán a cabo en memoria de la huelga general decretada por los sindicatos uruguayos el mismo día del golpe, la cual duró quince días y fue seriamente reprimida y condenada por el Gobierno de facto.

Al final de la tarde, en la puerta del Teatro Solís, aledaño a la sede de la Presidencia uruguaya, se estrenará la serie de documentales: "Huellas. A 40 años del golpe", realizados por diversos cineastas uruguayos. La proyección será simultánea en otros auditorios de la capital.

En tanto, la Televisión Nacional de Uruguay lanzará un ciclo de documentales sobre el tema, así como también se reestrenará la obra teatral "Antígona Oriental", protagonizada por expresas políticas y que intercala el texto clásico de Sófocles con testimonios de víctimas de la dictadura y sus familiares.

Durante las últimas semanas se han realizado numerosas conferencias y mesas redondas, donde se ha analizado el golpe impulsado por Bordaberry, que suprimió las dos cámaras del Parlamento, dando paso a la dictadura militar y a la persecución política, asesinato y desapariciones de opositores.

Hasta la fecha, solamente 15 personas han sido procesadas por crímenes cometidos durante la dictadura, mientras los abogados de las víctimas rechazan e intentan revertir una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que considera que “esos delitos prescribieron”.

El Parlamento aprobó en 1989 la Ley de Caducidad, una especie de ley de amnistía para los que cometieron crímenes en aquella época. La norma fue ratificada por la población en dos referendos, en 1989 y 2009.

A inicios de este año, la SCJ declaró inconstitucional esa ley, pero solamente para un caso concreto, afirmando que viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución, pues el delito de lesa humanidad fue incorporado a la legislación uruguaya recién en 2006.

Desde entonces, en la mayoría de los casos pendientes, la defensa de los militares acusados ha presentado recursos ante la SCJ para que se pronuncie de la misma forma, hecho que ha retrasado las investigaciones en curso.

En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura, cuestionando la reciente decisión de la SCJ uruguaya.

La dictadura

La dictadura uruguaya se extendió desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, con un Gobierno de facto que decretó la prohibición de los partidos políticos, la ilegalidad de los sindicatos y la persecución y encarcelamiento de los opositores.

Entre 2000 y 2003, la Comisión para la Paz investigó los crímenes de la dictadura y determinó que la dictadura dejó 38 desaparecidos, aunque en Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile ocho más; en Paraguay otras dos, y en Brasil una.

Asimismo, la Comisión reveló que la mayoría de los crímenes iban ligados a detenciones masivas y prolongadas de miles de opositores, pues se contabilizaron al menos seis mil presos políticos.