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 28 de junio de 2013, 01:20Buenos Aires, 28 jun (PL) El gobierno argentino ratificó su voluntad política a juzgar los delitos durante la última dictadura y contra los derechos humanos con el establecimiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, cuyo primer presidente es el fiscal Jorge Auat.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien encabezó anoche la apertura de ese organismo, afirmó que este paso "implica la ratificación y el afán de profundizar la política de derechos humanos" de estos últimos años.
Esta Procuraduría es un relanzamiento de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos" que nació en 2007 bajo la dirección del propio Auat para impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad, explicó Gils Carbó.
El acto de presentación de la nueva institución tuvo lugar en la sala "Rodolfo Puiggrós" del Archivo Nacional de la Memoria, en el predio de la de lo que fue la temible Escuela de Mecánica de la Armada, desde donde se dirigió una de las políticas más sangrientas en los anales de la historia argentina.
Esta es la quinta procuraduría especial creada en el período; las otras se encargan de los delitos de apropiación de niños, lavado de dinero, narcotráfico y trata de personas.
"Todas se inspiraron en la Unidad Fiscal para causas de lesa humanidad, que logró mover el mapa de la impunidad", recalcó Gils Carbó.
También se dirigieron a la concurrencia presente Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Lita Boitano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos, y el escritor Mempo Giardinelli, así como el fiscal Auat.
El martes pasado comenzó un segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca contra 10 oficiales represores de la última dictadura militar, cometidos bajo la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército en esa ciudad portuaria en la provincia de Buenos Aires.
Con ese, se desarrollan actualmente 13 juicios en varios puntos del país contra represores por crímenes de lesa humanidad, con el apoyo de la Secretaría de la Nación para los Derechos Humanos.
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