El riesgo por defender los derechos de las más diversas comunidades en cualquier región de Colombia va en aumento. Pero lo que más preocupa es que de las amenazas contra defensderechos humanos se está pasando al asesinato. Así se desprende de un informe que acaba de presentar el programa Somos Defensores que monitorea las agresiones contra defensores y líderes sociales en Colombia.
En promedio, durante el primer semestre de 2013, cada día fue agredido un defensor y cada cuatro días uno de ellos fue asesinado, según las cifras del informe Héroes Anónimos. Y aunque las agresiones –que incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias–, se redujeron en un 5,6% comparado el primer semestre de 2012, los homicidios crecieron 27%. Esto quiere decir que si bien se pasó 163 a 153 agresiones, se incrementó de 29 a 37 líderes asesinados, lo que convertiría a 2013 en el año más crítico en la última década. El 2012 cerró con un ya trágico saldo de 69 defensores muertos.
Durante el primer semestre de 2013, cada día fue agredido un defensor y cada cuatro días uno fue asesinado, según las cifras de Héroes Anónimos.
“Las amenazas se han ido transformando y se han vuelto cada vez más directas. En 2011 eran digitales, a través de correos electrónicos y llamadas. En 2012 el actor armado se le presentaba al líder para intentar callarlo y en lo que va de 2013, las amenazas pasaron a ser acciones físicas”, explicó Carlos Guevara, miembro del programa Somos Defensores que está integrado por tres ONGs de derechos humanos.
Las víctimas son en su mayoría líderes comunitarios, dirigentes indígenas, sindicalistas, reclamantes de tierras, líderes de víctimas y de desplazados por el conflicto armado. Pero también hay líderes cafeteros, mineros y afroamericanos. Preocupa además que 12 de estos defensores habían reportado amenazas y sus asesinatos siguieron un patrón muy parecido. Primero los secuestraron y luego los asesinaron con el agravante de que casi todos los cuerpos tenían señales de tortura. Otros fueron asesinados en su propia casa. “Esa forma de agresión significa que la víctima fue seguida durante un tiempo suficiente como para identificar cuándo era más vulnerable y cuándo el homicidio podía quedar más impune”, agrega Guevara.
Uno de esos líderes es Éver Cordero, reconocido defensor de derechos humanos, líder de víctimas y de restitución de tierras del departamento de Córdoba, al norte del país, que fue asesinado el mismo día en que en los colombianos se movilizaban para marchar a favor de las víctimas del conflicto y del proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC.
Ese 9 de abril, mientras el centro de Bogotá se llenaba con 900.000 personas, en Valencia, un municipio azotado por la violencia en el departamento de Córdoba y donde se concentra gran parte de las solicitudes de restitución de tierras, Cordero fue baleado por dos sicarios. Su muerte se produjo cuando iba a la marcha que apoyaría la salida negociada al conflicto en Colombia. Y aunque este hombre de 45 años no había sido amenazado, había alertado sobre las intimidaciones a 114 líderes de desplazados de esa región.
Las amenazas son la agresión más frecuente. Y en este caso, las cifras también han aumentado. Ya van 86 amenazas, cinco más que en el mismo periodo de 2012, la mayoría a través de panfletos que los victimarios distribuyen en las poblaciones donde ejercen liderazgo los defensores. En los departamentos donde más se dieron agresiones, los defensores son líderes de tierras y de población desplazada.
Ese es el caso del líder de restitución de tierras Iván Darío Restrepo que estaba protegido por parte del Estado. Según el informe, fue asesinado el 4 de mayo en la sala de su casa frente a su esposa, minutos después de que sus escoltas terminaran su turno de vigilancia. Lo mataron dos hombres vestidos de policías. Se sabe que Restrepo había denunciado alianzas entre integrantes de bandas criminales de su región y la policía.
El informe de Somos Defensores también da cuenta sobre los posibles responsables de las agresiones a estos defensores. En 70 de los casos aparecen como victimarios los paramilitares que no se desmovilizaron e integrantes de bandas criminales, seguidos de autores desconocidos. En el caso de las guerrillas y agentes del Estado, el informe destaca que su autoría en estos hechos ha venido disminuyendo.
“Hay que reconocer que las cosas han cambiado, muestra de ello es el acceso de muchas de las poblaciones vulnerables a mecanismos de denuncia, de protección, la puesta en marcha de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la búsqueda de acuerdos de paz con los grupos insurgentes, incluso los mismos golpes que le ha dado el gobierno a las bandas criminales”, dice Guevara con relación al discurso guerrerista del gobierno anterior.
Aun así, pese a que la vulneración a los derechos humanos en el país ha disminuido, Somos Defensores asegura que hoy el peligro se concentra en ciertas regiones y sectores que trabajan defendiendo derechos de desplazados, víctimas y despojados que buscan recuperar sus tierras.
El informe también hace una fuerte crítica a la Unidad de Protección del gobierno que ha enfocado sus esfuerzos -y un enorme presupuesto- a brindar esquemas de seguridad que incluyen carros blindados y escoltas. Por eso proponen apostarle a la prevención y a la investigación para dar con los responsables de las amenazas y las agresiones. Según Guevara, desde que el gobierno creó en 2009 la Mesa Nacional de Garantías han asesinado a 219 defensores de derechos humanos sin que las investigaciones arrojen resultados.
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