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15 de agosto de 2013, 09:19Por Mario Esquivel
 Caracas, 15 ago (PL) El combate a la corrupción, flagelo que atenta contra la construcción de un nuevo modelo social en Venezuela, figura hoy entre las prioridades del presidente Nicolás Maduro, dispuesto a enfrentar el problema "venga de donde venga".
De manera paralela al nuevo esquema de gestión pública denominado gobierno de la eficiencia en la calle, la lucha anticorrupción cobra fuerza en una ofensiva dirigida a eliminar las condiciones que favorecen el desarrollo de conductas de ese tipo.
Para el periodista José Vicente Rangel, el fenómeno alcanza manifestaciones cada vez mas sofisticadas y agresivas, por lo cual llegó el momento de actuar a fondo.
Por ello, es necesaria una respuesta rotunda e inequívoca, que solo puede darla un gobierno dispuesto a correr riesgos para rescatar los atributos conductores del estado y la normativa pautada en la constitución y leyes de la república, afirmó el comunicador.
Las señales de los últimos meses muestran en la práctica la disposición de Maduro y su gabinete de avanzar firme en el enfrentamiento contra la corrupción.
En ese sentido, el Ministerio Público reportó la privación de libertad, entre el 26 de julio último y el 13 de agosto, de 64 personas debido a sus presuntos vínculos con hechos de ese tipo.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, dio cuenta además de 16 ciudadanos actualmente imputados y 46 acusados por delitos de ese tipo, unido a 23 condenas por admisión de los hechos y otras siete por sentencias a través de juicio.
Asimismo, recomendó modificaciones a la Ley Contra la Corrupción; entre ellas, agregar otros tipos penales, pues hay delitos que no se encuentran tipificados en la normativa legal vigente, asi como el aumento en la magnitud de las penas.
Equipos especiales de inspectores se combinan con cuerpos de seguridad -entre ellos las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, policía científica y el Servicio Bolivariano de Inteligencia- para dar seguimiento a las investigaciones necesarias.
En el campo de la oposición, la reacción generada por la estrategia gubernamental se concentra en denuncias sobre presuntas actividades ilícitas de autoridades y dirigentes políticos del chavismo.
Sin embargo, eluden respuestas firmes a los elementos presentados sobre acciones de corrupción de organizaciones de la derecha venezolana, entre ellas el partido Primero Justicia.
Precisamente, un legislador de esa bancada -Richard Mardo- perdió la inmunidad parlamentaria para ser investigado por supuestos delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.
Para el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles, el argumento es que el gobierno pretende debilitar a la derecha de cara a los comicios municipales del 8 de diciembre, sin tomar en cuenta que el problema va mas allá de un contexto electoral.
En gobiernos anteriores a 1999, los grupos económicos se esforzaban al máximo por controlar el poder político en el país, sin tomar en cuenta los intereses del pueblo venezolano.
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