Colombia, Juan Manuel Santos, ha ordenado este viernes que sus negociadores abandonen la mesa de diálogo con los campesinos en Tunja, en el departamento de Boyacá, y ha anunciado la militarización en Bogotá, tras los graves disturbios del jueves durante una marcha de apoyo al paro de los trabajadores del campo.

Tras el consejo de ministros extraordinario de anoche, Santos ha anunciado que ha ordenado "la militarización de Bogotá" y ha amenazado con que hará lo mismo "en cualquier sitio y zona que sea necesario". Además, ha ordenado el despliegue de "50.000 hombres de las Fuerzas Militares para que trabajen con la Policía en la movilidad de las carreteras".

Santos ha ordenado a los ministros que estaban negociando con los campesinos que "regresen a Bogotá y dejen las propuestas —del Gobierno— sobre la mesa" para que sean los campesinos quienes decidan si las aceptan o no para levantar el paro agrario, que este viernes cumple doce días. "Mantenemos toda la disposición de dialogar con los verdaderos campesinos", ha apuntado Santos, que ha insistido en que la única respuesta ha sido "la constante dilatación de un acuerdo porque no quieren acordar o, tal vez, porque no los dejan", en referencia a posibles instigaciones de grupos guerrilleros a los campesinos.

Este jueves el presidente Santos reconoció la legitimidad de la protesta: “Los campesinos son los que más han sufrido ese abandono, los campesinos que están protestando. Protestas legítimas, protestas que tienen muchos argumentos, protestas válidas”. A una hora inusual dio un discurso televisivo, el mismo día que estaba anunciada una gigantesca movilización en las principales ciudades del país en apoyo al paro nacional agrario que ya se extiende 12 días.

“Sin duda alguna, estamos atravesando por una tormenta; una tormenta que se formó por la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos pagando las consecuencias”, afirmó el presidente.

Santos se refería a las protestas a las que hasta hoy se han unido los campesinos de 16 de los 32 departamentos del país, entre los que están los pequeños productores de patata, cacao, leche, fresa, maíz, café y cereales, y que antes había minimizado. En un discurso, el domingo dijo que “el tal paro no existe”, como puntillazo final a sus comentarios nada más comenzar una a protesta que calificó como de menor magnitud de lo que se esperaba.

Los agricultores han dirigido sus reclamos contra las políticas de libre comercio que, según dicen, los han dejado en la ruina: los altos costos generados por fertilizantes y abonos, el precio de la gasolina, que encarece todo el proceso de comercialización, la importación de alimentos a bajos precios y las nulas ayudas para la competitividad.

Santos anunció, entre otras cosas, el control a los precios de los fertilizantes y pesticidas, la eliminación de los aranceles para algunos abonos y una libertad vigilada de precios, además del fortalecimiento de la lucha contra el contrabando.

Pero esto no alcanzó para lograr un acuerdo de desbloquear alguna de la treintena de vías donde los productores se apostaron para hacer sentir su protesta. Al contrario, los líderes campesinos que negocian en Boyacá, un departamento ubicado en el centro del país, de carácter agrícola, minifundista, principal productor de patata y donde se ha vivido lo más álgido de la protesta, aseguraron que no van a ceder ante las ofertas del Gobierno de negociar sectorialmente sino que se levantarán de la mesa cuando haya un acuerdo nacional. No tienen la presión del calendario, dicen que tienen cómo subsistir dos meses en huelga.

Tras cuatro días de negociaciones, el Gobierno esperaba llegar este jueves a un acuerdo. Sin embargo, la solución no parece cercana. Al contrario, cada día se unen más sectores de pequeños cultivadores que son quienes más fuerte han sufrido las consecuencias de la competencia internacional.

Paralelamente, las redes sociales han logrado movilizar también al sector urbano. Al contrario de mitigar la protesta, el discurso matutino de Santos activó mucho más la organización social. En Bogotá, Cali y Medellín, entre otras doce ciudades, la movilización logró alertar al Gobierno sobre la solidaridad que la protesta rural ha generado en las zonas urbanas.

Muchas de las manifestaciones, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, han terminado en enfrentamientos entre campesinos, estudiantes, y manifestantes con la policía antidisturbios, (Esmad). Vídeos con desmanes de los hombres del Esmad contra los campesinos inundaron las redes sociales y llenaron de indignación, lo que provocó el anuncio de investigaciones internas por parte de la Policía.

Y en paralelo con las protestas, grupos de vándalos han aprovechado la situación y han saqueado y destruido varias ciudades. Hasta las 10 de la noche de este jueves había disturbios en cuatro de las veinte localidades de Bogotá donde la Alcaldía debió decretar una prohibición de venta de licor y toque de queda hasta las 5 de la mañana. Igual ocurría en otras tres ciudades, donde grupos de delincuentes robaban los sectores comerciales y se enfrentaban con la Policía. Solo en Bogotá, el reporte preliminar de las autoridades dio cuenta de la muerte de tres civiles y 25 policías heridos. Además, de más de 300 detenidos en todo el país..

La situación se volvió tan delicada que el presidente Santos convocó a un consejo extraordinario de ministros a las 10 de la noche.

La respuesta del Gobierno ante el paro ha sido errática. Mientras el Ministro encargado de la Agricultura se reúne con los campesinos el de Defensa acusa a las FARC de haber infiltrado las protestas. Y Santos, con sus diferentes discursos sobre el paro ha causado más desconfianza que tranquilidad.

Analistas califican el manejo que el presidente Santos ha dado al paro como imprudente, torpe e, improvisado. Ricardo Galán experto en comunicación política, aseguró que el manejo ha sido muy torpe desde antes de que iniciara la protesta porque anuncios como los hechos esta mañana se hubieran podido hacer hace tres meses y con eso se había evitado la convocatoria.

En eso coincide Héctor Riveros, consultor en seguridad y convivencia ciudadana, quien asegura que el Presidente ha tomado decisiones en el sentido correcto, pero tardías. “Por qué un Presidente que lleva más de tres años de gobierno dice que aquí hace mucho no hay política agraria. Bien que lo reconozca, pero es que lleva tres años de presidente”.

El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, quien pertenece a la coalición del Gobierno no lo ve así. Asegura que al Gobierno Santos le reventó una crisis crónica del sector agropecuario colombiano que viene desde hace dos décadas y por eso de lo que se puede acusar al Presidente es de no haberla advertido a tiempo.

“El presidente ha aceptado con sensatez y con humildad que hay una crisis, que hay sectores golpeados y esta crisis debe servir para hacer lo que se debía haber hecho hace tiempo y es impulsar un cambio en el modelo agropecuario del país”, aseguró.

Pero lo errático del discurso de Santos no solo ha estado en la negación y aceptación del paro y de las protestas sino también en el manejo de la protesta social. El gobierno de Santos, desde que se inició, ha alentado un proceso de movilización y de búsqueda de diálogo social y lo ha ratificado con las negociaciones en la Habana. “Es un gobierno que plantea reformas al campo, apertura al diálogo y la gente aprovecha y protesta”, dijo el analista León Valencia.

Santos, agregó, no tiene una estrategia de diálogo social nacional, está a la defensiva y no tiene un paquete de reformas claras para ofrecer. En lugar de escuchar a los campesinos, desde el primer día de manifestaciones Santos ordenó a la Policía desalojar las vías y controlar cualquier tipo de protesta. El resultado fueron decenas de imágenes de los hombres del Esmad golpeando campesinos por todo el territorio nacional.

“La sensación es que al pobre campesino lo maltratan, lo ignoran, lo persiguen y eso es porque no es campesino, no es bueno. Eso genera graves problemas en los estratos bajos”, dijo Valencia.

Y para Santos, la pérdida del control de la seguridad es un tema recurrente, que ha sido presionado por el ex presidente Álvaro Uribe, quien lo llevó a la presidencia y hoy es su principal opositor. Ahí el discurso de Santos también ha sido ambivalente. Mientras que promueve la protesta social también permite el uso de la fuerza contra campesinos y estudiantes.

“Es un golpe al liderazgo de Santos, no ha logrado convocar al país y no le reconocen liderazgo, no entienden por qué sí diálogo abierto con organizaciones subversidas y no con los ciudadanos que hacen sus reclamos”, explicó el analista uribista Rafael Guarín.

Lo que se juega Santos no es poco. A un año de las elecciones presidenciales, peligra su posible reelección. “Está alejando la posibilidad porque se está alejando del pueblo”, dijo Galán.

Igual lo ve Guarín, quien cree que la respuesta del Gobierno al paro golpea la capacidad de maniobra actual del gobierno y puede tener implicaciones serias y es que el eje de la próxima campaña presidencial cambie de la seguridad y la paz por el de los problemas sociales.

El gobierno ha dicho que, tanto desde las FARC como desde el uribismo, se está aprovechando políticamente la protesta campesina y les ha acusado de instigar a los manifestantes.

“La inmensa mayoría de las peticiones de los campesinos son justas y válidas, pero tampoco podemos desconocer que hay políticos oportunistas pescando en el río revuelto de la justa protesta social”, dijo Cristo, quien cree que detrás el vandalismo y las acciones delincuenciales que han surgido paralelas al paro hay sectores interesados en generar un clima que le genere dificultades al gobierno.

Para el viernes están convocadas varias marchas más por las ciudades mientras continuarán las conversaciones entre Gobierno y campesinos.