Vivimos en un país que aún conserva calles, plazas y avenidas dedicadas a Francisco Franco, responsable de un pavoroso genocidio, pero que obstaculiza la exhumación de sus víctimas. Los restos de 113.000 personas aún permanecen en fosas clandestinas. La justicia no pone ninguna objeción a los homenajes o a las fundaciones que exaltan la figura del general Franco, pero envía a prisión, con durísimas condenas, a los que se atreven a manifestar su apoyo a los presos políticos vascos. Indudablemente, es una buena noticia que la jueza argentina María Servini de Cubría haya solicitado a la Interpol la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y los policías Celso Galván Abascal (ya fallecido), José Ignacio Giralte González y José Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”. Se les acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en la mayor parte de las ocasiones en la antigua Dirección General de Seguridad, que funcionó como un centro de tortura y detención ilegal en Madrid hasta 1978. Espero que la orden de extradición prospere, pero me gustaría que se extendiera a los actuales torturadores, como los agentes que en marzo de 2011 violaron anal y vaginalmente a Beatriz Extebarria en la Dirección General de la Guardia Civil. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura consideró que el relato de Beatriz Etxebarria, denunciando los hechos, era “creíble y consistente”. ¿Necesitaremos otras cuatro décadas para que los torturadores de nuestros días -encubiertos por políticos, jueces, fiscales y forenses- sean reclamados por algún magistrado extranjero comprometido con la defensa de los derechos humanos?

No puedo reprimir los sentimientos de indignación y repugnancia al escuchar al ex juez Baltasar Garzón celebrando la iniciativa de la jueza argentina. Durante su paso por la Audiencia Nacional, Garzón promovió y amparó la tortura, ordenando en centenares de casos el régimen de incomunicación, que contempla hasta 13 días de aislamiento durante los cuales no es posible hablar con un abogado o un médico de confianza. Ni siquiera existe la obligación de comunicar a la familia el paradero del detenido. Se trata de un secuestro legal concebido para torturar y maltratar con impunidad, forzando inculpaciones sin la necesidad de pruebas. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación en diferentes ocasiones, afirmando que el período de aislamiento “facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos”. Martxelo Otamendi, director del periódico Euskaldunon Egunkaria hasta su cierre por orden de la Audiencia Nacional en 2003, conoció en sus propias carnes el infierno del régimen de incomunicación. Acusado de pertenecer a ETA, la Guardia Civil puso en práctica su modus operandi: “Estuve tres días sin dormir. Tenía que estar de pie mirando a una pared y sólo me dejaban sentarme 20 minutos cada cinco horas. Me sometieron a la técnica de la bolsa en la cabeza, tuve que hacer ejercicios físicos y sufrí vejaciones sexuales. Me pusieron un hierro en la cabeza que hizo click y luego me hicieron tocar la pistola”. En 2010, la Audiencia Nacional le absolvió, con el resto de los acusados del sumario, otros cuatro periodistas que pasaron por la misma experiencia, algunos con edades avanzadas y una salud precaria. En octubre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español a pagar 24.000 euros de indemnización a Martxelo Otamendi por no investigar suficientemente las denuncias de torturas. “La tortura es estructural y es un método de trabajo –afirma Otamendi-. Cuando te están torturando y te dicen esto es la Guardia Civil y olvídate de todos los derechos, como me dijeron a mí, eso es estructura, eso no son excesos puntuales. La tortura es eficaz para los magistrados, que la toleran y porque de cada 100 casos que abren un gran número acaba en la cárcel. Es eficaz para la Policía, porque demuestra que hace bien su trabajo. Y es eficaz para el Ministerio de Interior porque pone detenidos sobre la mesa. Una justicia que investigue es más lenta y más cara”. En relación a los presuntos manuales de ETA para denunciar falsas torturas, Otamendi puntualiza: “Se habla de un manual que dice eso, pero nadie lo ha visto nunca. Estamos hablando de más de 7.000 torturados vascos desde la aprobación de la Constitución por cuestiones políticas. […] La tortura es estructural, porque se indulta. Es una manera de trabajar y si luego a última hora te pillan pues te indultan. Es el caso de Galindo, que tenía 75 años de cárcel y sólo cumplió cuatro. A Rafael Vera (condenado por financiar los GAL) lo pusieron en la calle porque estaba deprimido. Por lo visto era el único español deprimido en la cárcel. El Estado no abandona a sus esbirros. Si no tiene otro remedio los juzga y los condena, pero luego siempre les puede dar un indulto”.

El prestigioso forense Francisco Etxeberria ha repetido en muchas ocasiones que la tortura está profundamente enraizada en el Estado español: “Cuando empecé en los años ochenta, el 100% de los detenidos eran maltratados por la Policía, aunque vinieran de la delincuencia común. [...] En aquel tiempo y se puede decir que también en todo el periodo posterior, los médicos forenses que estaban en la Audiencia Nacional no ejercían ni ética ni deontológicamente el mínimo esfuerzo que les correspondía. Son y han sido siempre encubridores. Y yo, que les he conocido personalmente, se lo puedo decir a la cara tranquilamente”. Sin embargo, “el reproche, sobre todo, habría que hacérselo al juez. Y por eso llega un momento en que te preguntas: ¿Cuándo se acabarán las torturas? Está claro, el día en que se les puedan imputar estos hechos a los propios jueces. Así de claro. El juez tiene que hacer lo que sea para que esto no pase y, además, tiene todos los mecanismos para que no vuelva a pasar. Así que si no lo hace, es un encubridor”.

Baltasar Garzón es uno de esos jueces y por eso sufrió recientemente un escrache en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El colectivo Euskal Herriaren Lagunak (EHL), grupo de simpatizantes del pueblo vasco en Argentina, boicoteó el acto con ikurriñas y pancartas a favor de los presos políticos, pidiendo el fin de la dispersión penitenciaria. Después, hizo público un comunicado, acusando a Garzón de utilizar los testimonios obtenidos mediante torturas para dictar sentencias de hasta 30 años contra independentistas vascos, catalanes, gallegos y presuntos yihadistas. Garzón nunca investigó las denuncias de torturas presentadas por los detenidos y prolongó el régimen de incomunicación para asegurarse las inculpaciones. En su intento de criminalizar al conjunto de la izquierda abertzale, con la consiga “Todo es ETA”, ilegalizó Batasuna y ordenó el cierre de la editorial Ardi Bertzale, la emisora radiofónica Egin Irratia y los periódicos Egin, La Voz de Euskadi y Euskaldunon Egunkaria. En 2003, once detenidos presentaron en su juzgado una denuncia por torturas físicas y psicológicas. Uno de los denunciantes tenía muy mal aspecto y casi no podía hablar a causa de una crisis de ansiedad. Garzón les envío a todos a prisión, sin ninguna clase de contemplaciones. El supuesto paladín de la lucha judicial antifranquista invalidó desde su cargo el sumario de 152.237 víctimas identificadas por diferentes organismos de derechos humanos. No está de más recordar que Garzón ha colaborado con Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, acusado reiteradamente de complicidad con el narcotráfico y con los grupos paramilitares que han sembrado el terror en las comunidades campesinas. También ha trabajado para Henrique Capriles en su campaña contra Hugo Chávez. Saber que Gaspar Llamazares propuso a Baltasar Garzón como candidato de Izquierda Unida a las elecciones europeas de 2014 sólo confirma la crisis de identidad de una coalición con planteamientos cada vez más conservadores.

Algunos medios de comunicación han sacado a la luz el historial de los cuatro torturadores franquistas reclamados por la justicia argentina. Jesús Muñecas Aguilar, capitán de la Guardia Civil, participó en el 23-F y fue expulsado del cuerpo. Jon Arrizabalada presentó una querella contra él en Argentina por las torturas infligidas a su hermano Andoni: “Le ataron por el pie al hueco de una escalera desde un tercer piso, le hacían creer que le iban a ahogar… Cuando mi padre y mi hermano fueron a verle, el capitán Muñecas lo sacó para que lo vieran bien. Les dijo, sonriendo: Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar. Estaba tan desfigurado por las palizas que mi padre y mi hermano no le reconocieron. Tenía 29 años. Después de aquello le soltaron. Volvió a ser detenido, pasó ocho años en prisión por ser militante de ETA y salió con la amnistía de 1977”. Celso Galván, inspector de la Brigada Político-Social, escolta personal de Franco y, más tarde, del propio rey Juan Carlos I, fue el probable autor del disparo que acabó el 20 de enero de 1969 con la vida del Enrique Ruano, estudiante de Derecho y militante de izquierdas en la clandestinidad. Se fingió un suicidio con la complicidad del ABC, pero años más tarde Torcuato Luca de Tena, director del periódico, admitió que se limitó a cumplir las instrucciones de Manuel Fraga, sin ignorar que se trataba de una farsa. Acacio Puig, torturado en mayo de 1973 en los sótanos de la DGS, afirma que “Celso Galván no pegaba. Era un torturador de guante blanco. Les gritaba a los demás: ¡Baldar a este hijo de puta! ¡Leña hasta que hable en inglés!”. José Ignacio Giralte González también pertenecía a la Brigada Político-Social y participó activamente en represión de los movimientos estudiantiles opuestos a la dictadura. Alfredo Rodríguez Bonilla aún recuerda las torturas que sufrió en la DGS: “Me decían que bajara la cara. Cada vez que lo hacía, me golpeaban. Por la espalda recibí golpes, incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna. Según me iban golpeando, me decían: Di que tu madre es una puta y tu padre es maricón…”. Giralte era uno de los que le golpeaba y humillaba. José Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, es el más conocido de los cuatro torturadores franquistas. Felisa Echegoyen lo describe con una precisión sobrecogedora: “Olía mucho a alcohol. Era bajito, feo, con los ojos saltones. Tenía 28 años, solo dos más que yo. Y disfrutaba torturando. Se le notaba porque en medio de la furia, al pegarte bofetadas y patadas, tenía un gesto de placer, de satisfacción”. José María Galante, otra de sus víctimas, afirma: “No era un funcionario que torturaba. Era un torturador compulsivo. […] Una vez, me tenía esposado al radiador en un despacho de la DGS, llegó, me dio un culatazo y me dijo: Has tenido el honor de que te pegue un culatazo Billy El Niño. Era muy peligroso porque no tenía muchas luces y sí una impunidad absoluta”. Nunca se han despejado las sospechas sobre su implicación en la matanza de los abogados de Atocha en 1977.

No sé qué sucederá con estos criminales, pero me pregunto qué clase de relación mantenía Celso Galván con el rey, cuando se encargaba de su escolta. ¿Bromeaban como antiguos camaradas? ¿Evocaban los viejos tiempos al lado del general Franco? ¿Hablaban de la Transición, que garantizó la impunidad de los crímenes de la dictadura y mantuvo en sus puestos a los funcionarios implicados en la represión? Celso Galván falleció sin responder por el asesinato de Enrique Ruano y nunca manifestó ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento. ¿Conocía su hoja de servicios Juan Carlos I, “campeón de la democracia”, según el risueño y reaccionario Ronald Reagan? ¿Se trata sólo de una casualidad, como en el caso de Emilio Hellín, el ultraderechista que asesinó en 1980 a la estudiante Yolanda González, de 19 años, y que ha trabajado para el Ministerio del Interior entre 2006 y 2011, cobrando 140.000 euros por sus servicios? La antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires fue convertida en 2004 por Néstor Kirchner en Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Se escogió el 24 de marzo por ser el aniversario del golpe de Videla y sus compinches. Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por “la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. ¿Qué pasó con la antigua Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol? Actualmente, es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Simple casualidad? Durante años, Esperanza Aguirre tuvo su despacho en uno de los más siniestros centros de tortura de la dictadura franquista. No creo que le molestara y  dudo que haya dedicado a las víctimas ni un minuto de su pensamiento. España es así.