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 16 de octubre de 2013, 10:22Panamá, 16 oct (PL) El caso de la dirigente opositora panameña Balbina Herrera, condenada a tres años de cárcel por divulgar correos electrónicos entre el presidente Ricardo Martinelli y el empresario italiano Valter Lavítola, suscita aquí un creciente apoyo.
Como una vendetta política ha sido considerada la sanción, que ha generado una unión coyuntural entre la oposición y líderes de opinión.
Roberto Brenes, activista a favor de la democracia, indicó que las personas de diferentes sectores de la sociedad se han unido en apoyo a Herrera porque consideran que el proceso legal en su contra está viciado.
Los correos difundidos por ella demostraron que había un vínculo de negocios entre Martinelli y Lavítola, lo cual fue negado por el gobierno cuando en Italia estalló un escándalo de corrupción que involucró a ejecutivos de Finmeccanica y empresas afines relacionadas con sobornos a gobiernos extranjeros.
Entre estos últimos apareció el de Panamá por una compra superior a los 230 millones de dólares de radares, helicópteros y mapa cartográfico electrónico presuntamente a sobreprecios, que se complicó con operaciones frustradas sobre compra de cárceles modulares y un helicóptero de lujo.
Herrera fue acusada entonces por Ana Belfon, quien a la sazón trabajaba en el Ministerio de la Presidencia y ahora es la procuradora de la nación designada por el mandatario.
Acudieron al tribunal para apoyar a Herrera gente dispares como Juan Carlos Navarro, líder del Partido Revolucionario Democrático, su exsecretario Mitchell Doens, el candidato a la Alcaldía de Panamá José Blandón del panameñismo, los exmagistrados Gerardo Solís y Esmeralda Arosemena de Troitiño, entre otros.
El apoyo se extiende a muchas personas independientes que consideran que en el caso ha tenido injerencia directamente el Ejecutivo en cuanto al manejo dado por la jueza que la sancionó.
ls/lma |
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