Y esto fue hecho, preciso es decirlo, con la complicidad de las autoridades argentinas, tanto de las provincias como de la nación, que hicieron la «vista gorda» ante el descarado incumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de privatización de YPF. Gracias a esta negligencia oficial, sobre cuyas (malas) razones preferimos, por ahora, no expedirnos, Repsol pudo explotar los yacimientos conocidos, y hacerlo de mala manera, sin cuidarlos como se debe, y sin tener tampoco que preocuparse por tomar los riesgos financieros que supone la exploración y búsqueda de nuevos mantos petrolíferos o gasíferos, cosa a la que contractualmente estaba obligada. Pudo también remitir el 90% de sus utilidades, ante la mirada distraída de los entes estatales encargados de fiscalizar sus operaciones en la Argentina.

Pudo ocultar operaciones, al punto tal que recién con la intervención de Repsol-YPF se conoció que había una compañía denominada Repsol YPF Gas S.A, que se encontraba en poder de Repsol sin que los sagaces ojos de los funcionarios de diversos entes reguladores de Argentina se hubieran percatado de ello.

Por eso, cuando la presidenta envió el proyecto de ley expropiando las acciones de Repsol en YPF no incluyó la de aquella empresa, cosa que hubo de corregir apresuradamente una vez que la intervención hizo el anuncio correspondiente.

Tenemos una larga lucha por delante. Los pueblos de España y de América Latina y el Caribe debemos ser conscientes de que tenemos los mismos enemigos. Los que destruyen la legislación laboral y provocan paro y empobrecimiento en el Estado español son los mismos que han provocado el holocausto social y ecológico que hoy padecen los países de este lado del Atlántico.

De Atilio Boron