La Corte Constitucional de Colombia confirmó este
jueves la inhabilitación política de 18 años a la exsenadora y activista
de derechos humanos Piedad Córdoba.
A finales de septiembre de 2007, el Procurador General de la nación
destituyó del cargo de Senadora a Piedad Córdoba y la sancionó con una
inhabilidad por 18 años para ocupar cargos públicos.
El principal argumento se basó en los documentos encontrados en las
computadoras del abatido líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), alias Raúl Reyes, a comienzos del año 2008.
En torno a la tutela que hace más de dos años interpuso Córdoba en
contra del general Alejandro Ordóñez que la destituyó y sancionó para
ocupar cargos públicos durante 18 años.
El recurso jurídico se basa en que el Procurador General de la nación
no es competente para declarar la muerte política de los congresistas.
Este jueves, tras un largo debate, los magistrados aceptaron por una
votación de siete a dos el fallo de la Procuraduría que dio muerte
política a Córdoba, con la imposibilidad de ejercer cargos públicos o de
ser elegida por mandato popular.
Para el alto tribunal, en el proceso disciplinario a la exsenadora no se le violó el debido proceso.
Según la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) las
muertes políticas solo podrían decretarse cuando se trate de una
condena impuesta por un juez competente en un proceso penal, lo cual no
rige en el caso de Piedad Córdoba, cuya destitución e inhabilitación no
correspondió a esos presupuestos legales.
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