BRASILIA.— La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, salió al paso de quienes la acusan de privatizar el petróleo brasileño en la subasta realizada el lunes, que entregó a un consorcio multinacional la concesión para explotar al megayacimiento de Libra y que ha provocado protestas desde hace varios días.

Brasil tiene reservas calculadas entre 8 mil millones y 12 mil millones de barriles en la llamada capa presal, ubicada en aguas ultraprofundas.

En un discurso a la nación difundido horas después de la licitación, la mandataria sostuvo que el 85 % del ingreso generado por la explotación del yacimiento "pertenecerá al Estado brasileño y a Petrobras", la empresa estatal de petróleo.

Esto es muy diferente a la privatización, agregó Rousseff, quien al mismo tiempo defendió el derecho de las empresas extranjeras a obtener ganancias de la explotación del pozo petrolero más grande de Brasil ubicado en aguas ultraprofundas de la llamada capa presal, cuyas reservas de crudo son calculadas entre 8 mil millones y 12 mil millones de barriles.

Según Rousseff, Brasil "es y seguirá siendo un país abierto a la in-versión, nacional y extranjera, que respeta los contratos y que preserva su soberanía".

Al defender la subasta, ganada por el consorcio liderado por Petrobras y completado por la angloholandesa Shell, la francesa Total y las chinas CNOOC y CNPC, Rousseff sostuvo que el negocio representó "un hito en la historia de Brasil".

Sin embargo, desde hace varios días se han producido manifestaciones que se oponen a la subasta. La Federación Única de Trabajadores Petroleros (FUP) realiza un paro indefinido de labores desde el pasado día 17, porque considera que Petrobras tiene condiciones y capacidad para explotar este campo, sin necesidad de socios.

PL precisa que esta fue la primera subasta en Brasil bajo el llamado régimen de división de la producción, que sustituyó al de concesión, el cual establece la participación obligatoria de Petrobras en la explotación de los recursos.