El grupo de los 20 llama a la sociedad civil a organizarse y a que haga uso de los instrumentos legales que están en la Constitución para impedir que la ley habilitante se utilice en beneficio de una parcialidad política.

“Fundamentar la necesidad de una ley habilitante, que usurpa funciones propias de la Asamblea Nacional, para combatir la guerra ‘económica y corrupción’ es una falsedad”, dice un comunicado de la organización.

El documento afirma que en el ordenamiento jurídico venezolano existen suficientes leyes para combatir la corrupción y los desajustes económicos. El grupo, integrado por empresarios e intelectuales, asegura que la crisis económica es consecuencia de las prácticas del gobierno.

Además, califica de “inmoral” el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Aranguren para que lograra votar el llamado diputado 99. “Esto no solo es un acto antidemocráctico sino imoral, y revela la decisión de ejercer cualquier medida que mantenga el poder absoluto en un solo ciudadano desconociendo por igual la ética y la Costitución”, expresa.

Denuncia que la aprobación de la habilitante menoscaba la reserva legal de la Asamblea Nacional. Alega que la AN es la instancia del Estado donde se representa la diversidad política del país, y si esta atribución se pierde automáticamente se viola la Constitución.

Reclama que el proyecto de ley habilitante tiene “frases genéricas que permiten una evaluación unilateral” por parte del presidente sobre lo que se quiere legislar, lo que considera “una usurpación de los poderes y un abuso de autoridad”.

Expresa que la manifestación en las calles de los ciudadanos es importante para rescatar la democracia en el país.