¿A qué horas hace su trabajo de procurador Alejandro Ordóñez si se la pasa metido opinando sobre temas que no son de su resorte cual candidato presidencial? Ya no solo nos impone su credo frente a temas que tienen fuerza de ley en Colombia como sucede con el aborto, permitido en tres c
asos específicos, sino que está metido de lleno en una cruzada para impedir que los notarios cumplan la ley, la cual les permite casar por lo civil a las parejas homosexuales.
En cualquier país del mundo, un procurador que obstruye la ley en perjuicio de los derechos de las minorías del país que él representa estaría en la picota pública. Pero aquí sucede lo contrario: los perseguidos, los que están en la picota pública, son los notarios que no le obedezcan y las parejas gays que han osado transgredir su mandato divino.
Se opone al proceso de paz y a cualquier mecanismo de Justicia Transicional y habla de estos temas como si fuera un candidato en ciernes. Deambula por todo el país exponiendo su posición como si su opinión fuera determinante en la toma de decisiones del Estado, cuando en realidad, bueno es recordarlo, ni es condicionante ni prioritaria.
Y en lugar de estar mirando cómo van las investigaciones disciplinarias que sí son de su competencia, cada semana crea nuevos frentes de batalla para sus cruzadas de tintes políticos. No obstante, sí tiene el cinismo de cuestionar a los funcionarios por participar en política, mientras acepta homenajes de sus seguidores políticos.
La última del procurador ya es el colmo: como si fuera el fiscal de la Nación ha salido a decir que todos los funcionarios públicos que se han entrevistado en La Habana con los jefes de las Farc han cometido un delito. No nos dice ni siquiera cuál es ese delito, pero igual le da. Su arrogancia lo ha llevado incluso más allá: a señalar de delincuentes a ciudadanos como Álvaro Leyva, sobre los cuales no tiene ninguna competencia.
Puede que los viajes a La Habana de Álvaro Leyva no sean convenientes para el gobierno. Probablemente Leyva sea un opositor de Santos y probablemente hasta pueda ser considerado como un lagarto de la paz en la Casa de Nariño. Pero de ahí a señalarlo de delincuente, es un exabrupto que en otro país le habría costado mucho a un procurador.
Ordóñez es, al fin y al cabo, el encargado de preservar nuestros derechos, incluso los de las personas que no comparten sus opiniones. Pero además, se le olvida al procurador un detalle insignificante: que su competencia solo es disciplinaria y que solo opera para los funcionarios públicos.
Él no se puede meter en nuestra vida privada ni censurarnos por cuenta de que almorzamos con personas que a él no le gustan ni mucho menos prohibirnos viajar fuera o dentro de Colombia. Eso solo sucede en las dictaduras y las procuradurías no sirven para eso. Solo falta que diga que los periodistas que vamos a La Habana a cumplir con nuestra labor de informar somos también unos delincuentes.
No es cierto tampoco que estos viajes de colombianos a La Habana sin el aval del gobierno colombiano sean comparables a las reuniones que hacían sus amigos parapolíticos como el exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien está preso porque presuntamente habría asistido a una reunión con paramilitares para pedirles una ayuda electoral.
Una cosa es reunirse con los paras para obtener beneficios personales como lo hicieron muchos congresistas en Ralito y otra muy distinta es hacerlo para colaborar con el proceso de paz. Bajo esa tesis, media Colombia que estuvo en el Caguán sería delincuente.
Procurador: si quiere lanzarse como candidato, renuncie y cumpla las reglas. De lo contrario asuma sus funciones a cabalidad, como manda la ley y déjenos tranquilos.
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