Análisis de coyuntura de la Organización de Estados Americanos

Plinio Arruda Sampaio

La reforma de la Carta de la Organización de Estados America­nos (OEA) para dotar a su Asam­blea General de la facultad de suspender la representación de un país miembro, cuando en él ocurren «hechos que causen la interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente elegido» (Res. 1080), es algo que debemos reflexionar para comprender en profundidad la hora que vive la OEA.

¡Curioso! Después de más de un siglo de existencia y de más de cien golpes, pronunciamientos y dictaduras militares o civiles en todos los países miembros situados al sur del Río Gran­de, la OEA se dio cuenta de que la existencia de regímenes arbitrarios amenaza la seguridad continental... ¿Quién puede oponerse a la aplicación de penas a golpes como el del Pinochet en Chile, o el de los generales brasileños, argentinos y uruguayos que decapitaron gobiernos democráticamente elegidos en aquellos países, en los años 60 y 70? ¿Quién no se indignó cuando un gorila de la CIA, Cedras, depuso al presidente Aristide de Haití?

Pero, atención: nada indica que la reforma apunte a solucionar esos casos. Fujimori cerró el Congreso peruano, disolvió el poder Judicial, censuró la prensa... pero se sienta impávido en la OEA, porque montó una elección amañada y cumplió el ritual del «gobierno democrático representativo institucional». Pinochet derrocha arrogancia y bloquea la apuración de responsabilidades de los asesinatos cometidos durante su dictadura, porque los demó­cratas chilenos saben que la CIA desestabilizará el país si el Presi­dente Frei se atreve a dimitirlo.

No nos engañemos. El objetivo real de la reforma no es el de impedir golpes de Estado contra regímenes democráticos, sino el de proporcionar una justificación jurídica más clara para la intervención de le OEA siempre que haya amenaza de derrumbe de las «democracias plutocráticas» montadas a partir de los años 70, que se han mostrado más dóciles a los intereses de EEUU que los imprevisibles dictadores latinos.

Con todo, hay algo intrigante: ¿qué necesidad había de esta reforma en este momento?

EEUU realizó centenares de intervenciones económicas o mili­tares en decenas de países latinoa­mericanos, siempre que quiso hacerlo. Hoy mantiene un bloqueo económico contra Cuba hace más de 30 años; destituyó al presidente Jacobo Arbenz cuando éste desa­propió tierras de la United Fruit en Guatemala; envió tropas a Santo Domingo para impedir la toma de posesión del Presidente electo Juan Bosch; financió huelgas y atentados destinados a desestabilizar el gobierno constitucional de Allende; mantuvo a sangre y fuego dictaduras sanguina­rias en El Salvador y Guatemala. ¿Qué necesidad había, por tanto, de incluir en la Carta de la OEA una regla que le facultase para hacer lo que ya viene haciendo sistemáticamente?

Como no se puede suponer que los astutos embajadores que cocinaron esta reforma descono­cieran la historia de la política externa continental, es necesario formular una hipótesis de explicación racional del hecho. Los cambios que se están dando en el orden político internacional y en el sistema económico del capitalismo proporcionan algunos elementos esclarecedores para ese análisis.

Una de las primeras consecuencias de esos cambios fue la embestida contra la autonomía y hasta contra la soberanía de los estados nacionales. El principio de la «no intervención» de otros países o de las organizaciones internacionales en los asuntos internos de cada nación, que fue consagrado en la Carta de la ONU, ha sido objeto de un sistemático ataque en varios congresos y reuniones políticas internacionales en estos últimos años. Son mocio­nes, recomendaciones, apelaciones, relatorios, informes técnicos que, con el pretexto de la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de la mujer, la garantía de los derechos humanos, el combate a la pobreza, la prohibición de las armas nucleares, el amparo de la propiedad intelectual... buscan abrir brechas en el principio de la autodeterminación de los pueblos -precaria defensa de las naciones débiles contra la injerencia de las poderosas en sus asuntos internos-.

Más allá de las declaraciones hay hechos reveladores. EEUU autorizó a su FBI a actuar en cualquier país para defender sus intereses; secuestró ostentosamente a un mexicano, en México, y lo condujo a EEUU para juzgarlo. Francia prepara su ejército para actuar en cualquier punto del planeta: en el futuro -dijo su presidente Chirac- habrá que ser capaz de actuar allá donde surjan problemas económicos. Para castigar a los cubanos que derribaron una avioneta pilotada por dos agentes provocadores venidos de Miami hasta el espacio aéreo de Cuba, EEUU tomó la increíble decisión de colocar una lista prohibida de países cuyas empresas comercian con la isla.

¿Quién no ve, ante todas estas evidencias, que está en marcha un proceso de recolonización de los países dependientes y periféricos por parte de las potencias económicas y por las megamultinacionales que están reorganizando el sistema económico capitalista y el orden internacional?

Todo hace creer que, en el nuevo mapa del capitalismo mun­dializado, los mercados latinoamericanos pasarán a formar parte de aquel conjunto de espacios económicos que, no estando integrados en los tres grandes bloques econó­micos, constituyen áreas de libre competición de las multinacionales. Esto significa que EEUU no podrá ya dialogar exclusivamente con las subservientes élites «criollas» para resolver los asuntos hemisféricos. La mundialización determinó la presencia de nuevos y más pode­rosos interesados en estas cuestiones. Todo hace creer que la reforma de la Carta se debe al deseo de EEUU -que ocupa hoy en el mundo la situación poco habitual de ser una potencia militarmente hegemónica que ya no es económicamente hegemónica- de precaverse para que este diálogo con los nuevos y más poderosos interlocutores no reduzca la eficacia de la Doctrina Monroe.

Para los americanos del norte, los países e América Latina siem­pre fueron y es necesario que continúen siendo el patio trasero de sus empresas, pero como ya no es posible invocar la defensa del hemisferio contra la expansión comunista para justificar las intervenciones, necesitan una nueva regla jurídica, que asegure la existencia de «gobiernos amistosos» en todos los países.

¿Qué juicio deberá hacer un latinoamericano comprometido con la justicia social, la democracia y la solidaridad entre los pueblos de todo el mundo, respecto a la reforma de la Carta? Pregunta de difícil respuesta, porque la persona que ve el mundo bajo ese ángulo normalmente enfoca las cuestiones internacio­nales desde un ángulo completa­mente distinto a los dirigentes de los países capitalistas.

La Carta de la OEA es un problema respecto a las relaciones entre la potencia norteamericana y las élites que gobiernan los países del hemisferio, manteniendo a las poblaciones de estos países bajo regímenes que, de democráticos sólo tienen la apariencia, mientras el problema prioritario de esas poblaciones subyugadas consiste en encontrar medios para sacudir el yugo de las élites y tomar posesión de los destinos políticos de sus patrias. Teniendo en cuenta que la reforma autoriza a la OEA a intervenir en los países miembros siempre que ocurran hechos atentatorios contra el «régimen representativo institucional», y como los jueces de esos hechos serán los representantes de las élites «criollas» y de EEUU, reunidos en la Asamblea General de la OEA, el cambio pretendido no pasa de ser un expediente más para reprimir movimientos populares o destituir gobiernos que decidan emprender transformaciones verdaderamente democráticas en sus países.

Una segunda dificultad se refiere a la naturaleza misma de las instituciones de derecho internacional, que son creaciones de los Estados europeos a lo largo de una dominación multisecular y de modo especial, de la fase de constitución de los grandes imperios coloniales. Esas normas, las más de las veces, reglamentan disputas que poco tienen que ver con los problemas reales y con los verdaderos sentimientos de las poblaciones de América Latina. Por eso mismo, son de difícil interpretación para quien ve el mundo con otros ojos y razona jurídicamente a partir de presupuestos y objetivos distintos de los que guían a las grandes potencias. Por ejemplo, cómo aplicar el principio de la no intervención en el caso Noriega, un ex-agente de la CIA, puesto por EEUU en el gobierno de Panamá, destituido años después por tropas estadounidenses, trasportado a territorio norteamericano, donde se encuentra encarcelado bajo la acusación de narcotraficante? ¿Cuándo se dio la transgresión al principio de no intervención?

Todo esto no exime sin embargo al latinoamericano consciente de la obligación cívica de tomar en serio la dimensión internacional de su lucha por la democracia. Para cumplirla cabalmente, él necesita preocuparse por construir otros foros e instancias de diálogo entre los pueblos del Continente, foros que se basen realmente en los principios de igualdad y de solidaridad entre naciones hermanas.