Quito, 17 abr (PL) La Asamblea Nacional aprobó hoy aquí, con 89 votos a favor, la resolución de respaldo al gobierno ante las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento apoya la posición del Estado ecuatoriano expresada por la cancillería, relativa a que dicho organismo internacional no posee atribución alguna para ese pedido, de conformidad con la Convención de Derechos Humanos y su Estatuto, refiere un comunicado del legislativo.

A propósito de ello, incitó a la Comisión a que en sus pronunciamientos preste especial consideración a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

También, la resolución exhorta a la CIDH para que sus informes y pronunciamientos se circunscriban dentro de los límites y los ámbitos de sus competencias y atribuciones.

Según recuerda el texto, el pasado 30 de enero dicha Comisión recibió una solicitud de medidas cautelares por los señores Cléver Jiménez y otros, sentenciados por la justicia de la nación andina.

El pedido se realizó con el fin de que el Estado ecuatoriano suspenda la ejecución de la sentencia de casación emitida en su contra por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en virtud del proceso penal seguido por acusaciones maliciosas contra el presidente Rafael Correa.

Correa declaró recientemente que "esos genios hicieron una denuncia penal, firmada por abogado, acusando al presidente de la República de crimen de lesa humanidad, con tan mala fe que falsearon evidentemente los hechos".

La CIDH solicitó al Estado ecuatoriano suspenda los efectos de la decisión de la CNJ.

Por lo que, el Pleno consideró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y su Estatuto, no posee entre sus atribuciones la de solicitar al Estado ecuatoriano la adopción de medidas cautelares.

En los considerandos se advierte que la CIDH ha dictado una medida cautelar que busca proteger la expresión de afirmaciones falsas que afectan la reputación de terceros, con lo cual contraviene la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Asamblea Nacional recordó que la Declaración 2625 de Naciones Unidas establece el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de la ONU.