El guerrillero republicano Pedro Alcorisa (93 años) tenía 26 años cuando la policía franquista fue a buscarle a su casa en Higueruelas (Valencia). Al no encontrarle, los agentes mandaron llamar a su padre, Teófilo Alcorisa. "Le dijeron que se pusiera una chaqueta porque tenía que ir con ellos a responder unas preguntas. Y nunca volvió", explicaba ayer su hija, Pilar Alcorisa (73 años), que lleva desde 2009 tratando de recuperar sus restos, enterrados en una fosa común del Cementerio Civil de Valencia. La demora del Ayuntamiento en responder ha obligado a la familia a devolver la subvención estatal que consiguió para la exhumación porque ahora, cuatro años más tarde y habiendo conseguido el permiso favorable de la consejería de Sanidad, elAyuntamiento de Valencia ha denegado por escrito el permiso para exhumarle.

Pilar Alcorisa tenía seis años cuando ocurrió todo. "Casi no me enteré. Al principio los niños se burlaban de mí: "¡A tu padre se lo han llevado!", me decían... y yo no lo entendía. Cuando crecí un poco me lo explicaron en casa", contaba ayer emocionada abrazando el expediente sobre la desaparición de su padre. Su hermano Pedro (93 años), a quien la policía buscaba, continúa con vida y aunque apoya la búsqueda de su padre, su delicada salud ya no le permite continuar en primera línea. "Están esperando que nos muramos para que no reclamemos más", sentenciaba Pilar.

El 19 de abril de 1947, Teófilo Alcorisa fue detenido por la policía del régimen sin que se conozca de qué se le acusaba. Según las indagaciones del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Alcorisa fue llevado al centro de detención de Arrancapins, en Valencia, donde, al parecer, se ahorcó con los cordones de sus zapatos. En la hoja de registro del cementerio consta que fue enterrado con 51 años y falleció por "asfixia por suspensión". El grupo de arqueólogos que ha participado en el estudio, Paleolab, ha determinado el punto exacto en que se encuentra el cuerpo y la posición en la que se encuentra, debajo de tres cuerpos más.

Matías Alonso, miembro del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica explicó ayer en qué punto se encuentra el caso: "Si al mes de haber pedido el permiso para exhumar no se recibe respuesta, el silencio se considera positivo. Pero, sin la resolución que nos autorice a entrar, no podemos hacer los trabajos, así que la familia está en una especie de limbo en el que no pueden avanzar". Aunque el Ayuntamiento de Valencia argumenta las dificultades técnicas para negar el permiso, Alonso explicó que son argumentos habituales y están resueltos en el documento técnico que han presentado en el que se dan todos los detalles del proyecto.

En un intento por agotar las vías no judiciales, la familia entregó ayer al Síndic de Greuges el expediente. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas de Naciones Unidas se ha interesado por el caso y lleva desde diciembre investigando. El bufete de abogados del juez Baltasar Garzón, Ilocad, se ha ofrecido a defender a la familia de manera gratuita para esclarecer el caso, unido a la causa Argentina.

"Hemos recuperado los restos de cerca de 30 personas en la Comunidad Valenciana. Este es el único caso en Valencia que nos queda por resolver", explicó Alonso. Sin poder evitar el llanto, Pilar solo pide una cosa a la alcaldesa, Rita Barberá: "Que tenga dignidad y que nos deje enterrar a mi padre dignamente. Que sea humana".

Cavaron tres meses buscando 50 cuerpos, en un cementerio donde oficialmente debían estar enterrados 31: 29 jóvenes estudiantes y dos empleados de la antigua escuela para varones Arthur G. Dozier de Marianna, Florida. Cavaron entre septiembre y diciembre de 2013 donde indicaban las sombras rojas y amarillas del radar de prospección, y encontraron más cuerpos de los que buscaban. Encontraron más niños. Y los antropólogos no dudan que encontrarán otro medio centenar si siguen cavando.

En el Panhandle de Florida, el "mango" fronterizo de 200 millas de largo que colinda en el noroeste con los Estados sureños de Alabama y Luisiana, el reformatorio de Marianna arrastra una oscura fama de más de un siglo por los abusos que allí se cometían. No era una prisión, en términos formales. En la época en la que fue inaugurado —el 1 de enero de 1900— no había prisiones en Florida, sino campos de trabajo como éste, donde el castigo físico —las palizas, el confinamiento, las cadenas— y la segregación racial eran política de la institución. Allí iban a parar los jóvenes y niños entre seis y 18 años de edad, con condenas penales por robo o lesiones. También los acusados de ausentismo escolar, los "incorregibles" y los huérfanos de 22 condados distintos de los Estados sureños de Florida, Georgia y Carolina del Sur. Hasta que fue clausurado, el 30 de junio de 2011.

El reformatorio de Marianna fue el primero de este tipo en Estados Unidos. Fue rebautizado tres veces y estuvo siempre a cargo del Departamento de Justicia Juvenil de Florida. El Estado le cambió el nombre por primera vez en 1914, después de que seis investigaciones legislativas comprobaron que, durante los 13 años anteriores, los niños de Marianna recibían castigos brutales e inapropiados, que eran encadenados y que su alimentación y sus albergues eran paupérrimos. Especialmente los de los chicos negros, a quienes les correspondía trabajar en los cultivos de madera, algodón y hortalizas de la escuela y que eran cedidos para trabajar por temporadas como mano de obra en granjas del pueblo. En 1968 fue llamada Escuela para varones Arthur G. Dozier, en honor a uno de sus exdirectores.

Niños internos en la escuela, década de 1950. / ARCHIVOS DEL ESTADO DE FLORIDA

“Había chicos allí que ni siquiera tenían edad para cometer un delito”. Glen Varnadoe fue uno de los primeros familiares que intentó una acción legal contra el Estado para que le devolvieran los restos de su tío, Thomas Varnadoe, quien murió en Marianna el 26 de octubre de 1934, a los 13 años, un mes y una semana después de haber sido enviado al reformatorio por “violación maliciosa de propiedad privada”. Thomas y su hermano Hubert, el padre de Glen, habían entrado al patio de la casa vecina para jugar con la máquina de escribir que la dueña de casa tenía en la trastienda. Una semana después del funeral, el superintendente de la escuela envió una carta a la familia para notificar que Thomas había muerto de neumonía. El diario de la escuela, The Yellow Jacket, le dedicó unas líneas en su edición del 3 de noviembre: decían que el chico ya arrastraba una pobre condición de salud y que al sepelio asistió un amplio número de empleados y alumnos de la escuela, entre ellos Hubert. “Mi padre estaba tan avergonzado de haber ido a parar allí que nunca habló de los tratos que recibía en Marianna. Pero es difícil de creer que alguien pueda enfermarse de neumonía entre septiembre y octubre en el clima del sur de Florida”, dice Glen Varnadoe.

Los registros oficiales del reformatorio están incompletos. Hay largas listas de tránsfugas de los que nunca se supo más. En la mayoría de los decesos reportados desde su fundación la causa de muerte es desconocida y en otros es atribuida a la neumonía, a la inmersión, a un incendio y a accidentes y homicidios nunca aclarados. Hasta el cierre de la escuela, había solo 31 tumbas en el cementerio de la propiedad, identificadas con cruces blancas de metal. En atención a las denuncias acumuladas durante décadas, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) cruzó datos, recabó testimonios y estimó que podía haber más de 80 niños desaparecidos y enterrados en distintos puntos de las 560 hectáreas que comprenden las instalaciones del reformatorio. El FDLE encargó al Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de South Florida una investigación más profunda.

Los trabajos empezaron en el cementerio, ubicado en el área de la escuela reservada para los estudiantes negros, donde el radar de prospección indicaba que podría haber entre 40 y 50 cuerpos enterrados. “Cuando comenzamos a excavar, encontramos muchos más cuerpos de los que esperábamos. Al final, conseguimos restos de 55 niños. ¿Quiénes son los demás chicos? ¿Por qué nadie sabía de ellos? Durante los próximos dos meses nos dedicaremos a encontrar sus identidades, quiénes fueron y cómo murieron. Eran muy chiquitos, el más pequeño tenía 6 años”, dice el profesor y antropólogo Christian Wells, uno de los investigadores que trabaja en el terreno junto con un centenar de especialistas y voluntarios dirigidos por la profesora Erin Kimmerle. Glen Varnadoe y los familiares de otros once antiguos internos muertos o desaparecidos han entregado muestras de ADN para que sean comparadas con las de los restos hallados hasta ahora. El departamento de casos no resueltos de la policía del condado de Hillsborough, en Tampa, busca información de los familiares de otros 44 chicos que también fueron sepultados en Marianna entre 1914 y 1952.

Nunca le había a tocado a Wells una tarea similar. Había trabajado antes en Honduras, en Guatemala, en México, en tumbas mayas y aztecas de miles de años de antigüedad, sin familias sobrevivientes, ni comunidades ni gobiernos involucrados.

Estudiantes afroamericanos trabajan en la carnicería de la Escuela para Varones de Mariana en la década de 1950. / ARCHIVOS DEL ESTADO DE FLORIDA

“Esto es muy distinto. Desde el principio, esta ha sido una larga batalla con el Estado porque nadie sabía realmente qué autoridad debía encargarse. ¿Era un caso médico? ¿Un caso forense? ¿Un caso arqueológico? No está muy claro quién puede ser responsable de todo esto. Creo que hay gente que se siente nerviosa de que encontremos una bala o cualquier otra prueba”, dice Wells.

La fiscal general de Florida, Pamela Jo Bondi, consiguió un presupuesto de varios miles de dólares para que los antropólogos sigan cavando, hasta agosto de 2014, y practiquen pruebas genéticas a lo que encuentren. “Sabemos que han ocurrido atrocidades en la escuela de varones Dozier desde principios de 1900. Estas familias necesitan conclusiones. Lo justo es que podamos identificar a sus seres queridos y entregarles sus restos”, ha dicho la fiscal. Pero a la comunidad de Marianna no le complace su empeño ni el de los antropólogos.

Marianna sigue siendo un área semirrural y conservadora, poblada por familias que han vivido allí por generaciones y que ahora ocupan cargos de poder en Tallahassee, capital del Estado y sede del Gobierno, a algo más de 100 kilómetros de allí. Sus abuelos y bisabuelos trabajaron en la escuela que, junto a las granjas, el hospital y el Centro para Jóvenes Delincuentes de Jackson, fueron las principales fuentes de empleo durante la primera mitad del siglo pasado. “La gente no quiere que estemos ahí. No les gusta que estemos abriendo tumbas y moviendo muertos. Nadie necesita ver eso. Algunas veces es difícil, cuando escuchas decir en los medios locales que eres una mala persona. Pero mucha gente también nos ha dicho en privado que están muy contentos con que estemos allí, aunque jamás lo dirían en público porque es una ciudad muy pequeña, todo el mundo conoce a todo el mundo”, comenta Wells.

La imagen que la pequeña ciudad desea conservar del reformatorio es la de su archivo fotográfico. Postales veraniegas en blanco y negro, donde los estudiantes y empleados de la Escuela para varones Arthur G. Dozier posan sonrientes, llenos de vida.

Los restos de los fusilados en el cementerio de San Rafael de Málaga, la fosa más grande de España, descansan en un panteón. El mausoleo se ha construido por el apoyo y el acuerdo unánime de las fuerzas políticas

Los restos de 2.880 personas, que fueron fusiladas durante la Guerra Civil y la represión franquista en Málaga, descansan ya en paz en un panteón en el cementerio de San Rafael. La exhumación de los cuerpos y la construcción del monumento que honra su memoria no ha sido un camino fácil, pero se ha recorrido gracias al tesón de los familiares y a la colaboración entre las Administraciones, que en este proyecto orillaron la confrontación y actuaron sin las discrepancias surgidas en otras provincias. Sus nombres y apellidos están esculpidos en el mausoleo junto al de las otras víctimas sobre las que existe constancia documental que fueron ejecutadas en las tapias del camposanto malagueño, la fosa más grande excavada en España.

En total, 4.410 personas. Una pirámide revestida de mármol blanco les devuelve la dignidad tras una década de esfuerzo, negociaciones y trabajo. José Dorado se plantó en septiembre de 2003 ante la puerta del cementerio, cerrado desde 1987, y convocó a los medios de comunicación para intentar buscar a posibles víctimas que, como su padre, estuvieran enterradas en las fosas de San Rafael. Es hijo de un ferroviario ejecutado en marzo de 1937 y su único empeño durante estos años ha sido darle “una sepultura digna”.

Familiares de otros represaliados contactaron con él y en 2004, con apenas una decena de afectados, nació la Asociación contra el Silencio y el Olvido para la Recuperación de la Memoria Histórica.

“Ha costado mucho trabajo poner a las fuerzas políticas de acuerdo”, rememora Dorado, que está a punto de cumplir 80 años. Junto a Francisco Espinosa, presidente honorífico del colectivo, lograron que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, se comprometiera con su causa. El paso definitivo se dio en 2006, con la firma de un convenio entre la asociación, el Ayuntamiento, la Junta y la Universidad de Málaga (UMA) para exhumar los restos de San Rafael.

Las excavaciones se iniciaron el 16 de octubre de 2006. Esa mañana, cuando el equipo de arqueólogos llegó al camposanto, una mujer esperaba sentada. “Cuando le preguntamos qué hacía, nos dijo que estaba allí para velar a su padre”, recuerda el profesor de la UMA Sebastián Fernández, director del proyecto. La visita de las familias de los asesinados ha sido diaria y muchos de ellos, antes de las exhumaciones, hicieron marcas durante años en la tierra con el objetivo de proteger las tumbas para que no cayeran en el olvido.

Los crímenes no cesaron en Málaga desde el día antes de que las tropas nacionales entraran en la ciudad, en febrero de 1937, hasta 1956. Los archivos históricos han documentado 4.410 ejecutados en San Rafael. Más de tres años de excavaciones, hasta principios de 2010, permitieron recuperar los huesos de 2.880 personas (aproximadamente un 10% son mujeres), localizadas en nueve fosas. La novena se abrió en el patio civil, donde reposaban los restos de los fusilados que, decían los verdugos, morían sin estar en gracia con Dios. Muchos fueron hallados con las manos cruzadas y atadas con alambres.

En el cementerio no quedan más restos por descubrir. “En la parcela de San Eduardo estuvimos trabajando seis meses porque los archivos indicaban que había personas enterradas, pero no encontramos a nadie”, relata Fernández. La teoría de los investigadores es que esos cuerpos fueron trasladados a otros sitios, como el Valle de los Caídos. Pero el nombre de cada uno de ellos está grabado en el monumento de San Rafael.

Un estudio geofísico permitió localizar las tumbas por las irregularidades del subsuelo. El trabajo fue manual y minucioso. Se excavaron fosas con hasta seis niveles de enterramiento que contenían más de 250 cuerpos, que fueron cubiertos con cal viva. Una de las tareas más arduas fue identificar los restos que correspondían a cada esqueleto e intentar determinar el sexo, la edad o la estatura de cada persona.

En el trabajo arqueológico hubo muchas sorpresas, pero una de las más llamativas fue la aparición de restos de niños en los mismos estratos donde reposaban los adultos. Una investigación con la Facultad de Medicina determinó que esos pequeños, con toda probabilidad, enfermaron de tifus y cólera por la epidemia que hubo al final de la Guerra Civil.

Posiblemente eran de pueblos de la provincia y estaban en la capital acompañados de otros familiares intentando visitar a sus padres, bien en la cárcel o en el momento de su ejecución, cuando murieron. Se habría tomado entonces la decisión de enterrarlos en las fosas.

Culminadas las exhumaciones en San Rafael, un arqueólogo y dos médicos estuvieron durante un año extrayendo muestras de los cadáveres para poder cotejar el ADN con el de los familiares. La exposición de los cuerpos a la intemperie y la acción de la cal viva provocaron que solo las piezas molares fueran útiles para este proceso. “Es algo muy lento y costoso”, argumenta Fernández, sobre la identificación de los cuerpos. De esta fase del proyecto se encarga el Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Málaga.

El monumento inaugurado ayer recibió el último impulso en julio de 2012 con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación contra el Silencio y el Olvido. La pirámide tiene ocho metros de altura y ocupa una superficie de 140 metros cuadrados. El diseño es obra de los técnicos de la Gerencia municipal de Urbanismo. “Es el tercer proyecto que se hizo. El primero era muy caro y del segundo no nos gustó el sitio”, explica Dorado, que intenta describir así la paciencia que ha envuelto cada paso en este asunto. La primera piedra se puso a finales de diciembre de ese año.

La inversión ha sido de 220.000 euros. El Ayuntamiento ha puesto 80.000 euros, la Junta 40.000 y la asociación, a través de una subvención del Gobierno central, los 100.000 euros restantes. La idea original es que un gran parque acompañe al mausoleo de las víctimas del franquismo en San Rafael, pero eso, con la crisis, tendrá que esperar.