Ojo con los buitres de adentro: son los peores

Por Carlos M. Reymundo Roberts | LA NACION

EL PAIS

Madura el lock out

El cierre intempestivo de Donnelley. Silencio de la empresa, números raros. Movidas posibles para mantener la fuente de trabajo. El sindicato, los delegados, el Gobierno. Acciones legales en danza. Los juzgados comerciales, quién juega de local. Tareas y desafíos para dos jueces. Algo sobre capitalismo y delito.

 Por Mario Wainfeld

Según informa la versión local de su sitio corporativo, “RR Donnelley, líder mundial de la industria gráfica, fue creada en 1864, en Chicago, Estados Unidos, contando en la actualidad con más de 55.000 empleados en todo el mundo... (Y está) presente en el mercado argentino desde 1992”. Su planta en Garín, cabe agregar, da trabajo a más de 400 personas. Fue cerrada intempestivamente el lunes pasado, antes de que se declarara oficialmente su quiebra, por propio pedido. La diferencia se mide en horas, lo que no le resta ilegalidad ni prepotencia ni significación a la jugada.

La situación apesta a lock out, esto es, a medida de fuerza inconsulta y unilateral de la empresa. Se subraya la expresión “lock out” porque parece estar prohibida por los manuales de estilo de la mayoría de los dirigentes opositores y de la prensa hegemónica.

La actual ley de quiebras (apodada “Ley Cavallo”, adivinad por qué) es muy benigna con los pedidos formuladas por el propio deudor. Exige, claro, una serie de requisitos formales que cualquier gran empresa puede preparar con tiempo. Los tribunales comerciales, mayoritariamente, son más benignos que las normas, corpos friendly. Los grandes estudios entran a esa cancha en condición de locales, sin tribuna visitante. El estudio Marval-O’Farrell- Mairal representa a la multinacional y conoce esa cancha al dedillo.

Los laburantes tomaron la planta en defensa de sus derechos. Hay en ella materia prima para seguir produciendo con normalidad durante semanas, solo para empezar. Abundan pedidos en trámite para cumplir y facturar. Según información conseguida por los laburantes y que el Gobierno considera veraz, Donnelley tiene, por lo menos, nueve millones de pesos en cuenta corriente, disponibles. Los salarios de julio se pagaron el 5 de agosto, los de este mes (a ojímetro, alrededor de 6 millones de pesos) podrían cubrirse con ese dinero disponible, si el juez comercial Gerardo Santicchia lo ordena.

El Gobierno decidió intervenir en varios frentes. La AFIP pidió que se revoque el decreto de quiebra en la Justicia comercial. Y presentó una querella penal por delitos económicos, que quedó radicada ante el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien regresará de una licencia el martes. El principal objetivo del Gobierno, al que esas movidas pueden ayudar, es mantener activa a la empresa y conservar las fuentes de trabajo.

El juez Santicchia debe resolver cuanto antes sobre la continuidad y los pasos a seguir.

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Números y continuidades: Para la praxis patronal que analizamos, la quiebra no es una tragedia dolorosa que duele o abochorna al empresario, como en alguna bella novela de Honorato de Balzac. Su régimen, el real y tangible, la facilita y la instala como un rebusque más. La ley fija recaudos, sin embargo. El primero es la “cesación de pagos”: quien pide su bancarrota debe estar imposibilitado de cumplir sus obligaciones. Un mal trance financiero no la habilitaría, menos aún la perspectiva de un futuro difícil. Quebrar dista de ser un recurso entre otros, es una salida extrema.

En la legislación argentina, una empresa puede llegar a cerrar y despedir a sus empleados, pagándoles las condignas indemnizaciones. La estabilidad laboral es pues, impropia o parcial.

Donnelley no expone sus razones en público ni la prensa independiente la acosa clamando “queremos preguntar”. Es otra faceta, digamos lateral, de su conducta disruptiva y antidemocrática. La empresa aduce crecientes pérdidas irremontables, según se filtra de su presentación comercial. Sin embargo, según los trabajadores, produce mucho y tiene clientes importantes que le siguen pagando. Según la AFIP, el activo de la empresa es de 180 millones de pesos, superando a un pasivo de 140 millones. Los pagos de la plantilla, se dijo, están al día. Y la deuda fiscal, para el giro de la multi, es llamativamente bajo: cien mil pesos.

Claro que si la papelería está en regla y la empresa alega cesación de pagos, el juez debe dar curso rápidamente al pedido. Quien lee podría preguntarse si no correspondería que un magistrado, pensando en la justicia y la equidad, deba hacer averiguaciones por afuera del expediente. Ir a la planta, hablar con la gente, pisar un poquito el barro. La respuesta, decepcionante aunque previsible, es que no tiene obligación de hacerlo. El Poder Judicial, de ordinario, persigue la certeza. De ahí que sea tan inadecuado llamarlo “Justicia”, que debe buscarse en otros parajes y estrados.

Santicchia obró de modo legal, que no equivale a justo al conceder la quiebra de volea. Si fuera un juez atento debería honrar pronto otras de sus prerrogativas y obligaciones.

La quiebra “desapodera” al deudor; es decir, éste queda privado del manejo de su patrimonio, que pasa a ser “prenda común” de los acreedores. Desde la declaración, la dirección queda a cargo del juzgado y del síndico que éste designa.

El artículo 189 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), actualizado en el año 2011, prescribe que el síndico (o Su Señoría, si hay premura) puede continuar la explotación de la empresa. Ese rumbo puede elegirse si lo reclaman las dos terceras partes de los trabajadores, organizados en cooperativa, aunque fuera en formación.

De nuevo, ésa es la mayor urgencia social y debería regir en el expediente. Es imperioso que se resuelva en cuestión de días, el paso de tiempo complica la situación en el mundo real.

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Gremios, delegados, salidas posibles: El sindicato del sector es la Federación Gráfica Bonaerense (FGB). La comisión interna no comulga con la conducción del gremio, responde al PTS. Propios y ajenos le reconocen combatividad, varios cuadros de esa fuerza de izquierda radical fueron candidatos en las elecciones del año pasado. La situación es relativamente usual en esta etapa, uno de los cambios en el esquema de representación sindical que, cosas veredes, prosperó durante los gobiernos kirchneristas.

El Gobierno explora soluciones. Los ministros Carlos Tomada, Débora Giorgi, Cecilia Rodríguez y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunieron anteayer con dirigentes de la FGB. También lo hicieron con los de Smata por el conflicto en la autopartista Lear.

El ministro de Trabajo también dialogó con los delegados de Donnelley en el edificio de su cartera.

Empresarios gráficos forman parte del repertorio de interlocutores con el Gobierno. Según esos capitalistas, el sector no atraviesa la dramática coyuntura que lagrimea Donnelley. Tan es así que están convencidos de que otros competidores podrían absorber a los laburantes de la multinacional gringa si ésta los despidiera e indemnizara en forma. Es una hipótesis ardua de concretar, aun de comprometer. Sería una solución poco deseable, que los trabajadores resistirían por lógica desconfianza.

De nuevo, en el corto plazo, hay elementos materiales y trabajo como para proseguir con la producción. Una salida sustentable a futuro ofrece un menú hipotético de salidas. Abarcan la compra de la empresa y continuidad, la formación de una cooperativa y la estatización. Los delegados mocionan esta vía, que el Gobierno rechaza porque considera que sería impropio y riesgoso hacerse cargo de la gestión de una empresa netamente privada que no presta ningún servicio público.

La cooperativa es una experiencia creciente desde la crisis del 2001. La capacidad de los trabajadores argentinos es proverbial, la necesidad aguzó su inventiva. Hay ejemplos notables y exitosos, otros tuvieron menos fortuna o viabilidad. Un precedente flamante alienta el optimismo, es otra explotación de capital extranjero, la autopartista Visteon S. A. (ver recuadro aparte). Claro que mantener a flote un emprendimiento con más de 400 empleados es un desafío difícil.

La presencia obrera en el establecimiento garantiza que Donnelley no sustraiga maquinarias, la solvencia aparente podría lubricar el intento que depende, como ya se dijo, de la voluntad de la mayoría.

Según fuentes empresarias que conversaron con más de un ministro, hay al menos un inversor dispuesto a comprar Donnelley, lo que le exigiría garantizar todos los puestos de trabajo y los derechos adquiridos de los trabajadores, abarcando la antigüedad. La adquisición supondría un tramado legal complejo más la aprobación del juzgado comercial. Habría que ver cuál sería la respuesta de los trabajadores y El delito de quiebra de sociedades. 

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Acciones y guante blanco: La AFIP, entonces, emprende una doble búsqueda en la quiebra. Solicita la anulación, que suena muy poco viable. Y tratará, con mejores perspectivas, de ir probando que la quiebra es fraudulenta. Esa condición debe ser declarada por el juez. Su fundamento es el dolo (mala fe) de la empresa en pro de “vaciarse”, disminuir su patrimonio, realizar maniobras para burlar su responsabilidad ante los acreedores. Enumera la LCQ: quien “simula o supone deudas, o genera salidas de activos sin justificación o substrae u oculta cosas correspondientes a la masa o concede ventajas indebidas a algún acreedor”.

La quiebra fraudulenta es uno de los delitos “clásicos” penales que pueden denunciar el Estado o los acreedores. La querella presentada por la AFIP se funda en otro de tipificación más reciente. Es la “Alteración del orden económico”, prevista en el artículo 309, inciso 1) incorporado al Código Penal en 2011. Castiga a quien o quienes “realizan transacciones u operaciones que hagan subir o bajar el precio de los valores negociables o instrumentos financieros, con noticias falsas, negociaciones fingidas, o coalición entre los principales tenedores de la especie con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a determinado precio”. Con variantes lógicas, este delito está incorporado a la legislación de muchos países, incluyendo los del apodado Primer Mundo.

De ahí a que se los castigue dendeveras, media una distancia enorme. Son delitos de guante blanco: en la Argentina los repertorios de condenas por ellos están casi en blanco, a través de décadas. Pero es correcto insistir y tratar de mejorar la deplorable tendencia. Se aclara que la querella no se basa en la llamada ley antiterrorista sino en otra reforma penal que no levantó reproches ni críticas.

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Enfoques y precisiones: La oratoria oficial mencionó la ley antiterrorista, abriéndose un flanco criticable que será mejor evitar con buenos recursos. El mejor, opina este cronista, es dejarla de lado en la retórica y en el obrar concreto. Esto es, no accionar fundándose en ella. La ley antiterrorista es excesivamente laxa y abre puertas a la arbitrariedad, su aplicación puede ser inconstitucional.

En materia penal rige la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Basarse en cargos muy “traídos” es incorrecto y además poco funcional. Lo más grave es zarandear una norma que puede derrapar muy fácilmente hacia lo abusivo.

La oposición política y la mediática se aferran a la ley antiterrorista para victimizar a los empresarios y validar su conducta antisocial. De eso ni se habla. Es casi imposible que esos delitos sean demostrados, tampoco sería un avance que hubiera condenas basadas en una normativa tan polémica.

La eficacia de la acción estatal no sufrirá mella, más bien al contrario. Y seguramente mejorará su posición simbólica, que (despejando ese derrape) es muy sólida.

Rafecas, quien llevará el expediente de la querella, es uno de los contados federales que saben mucho sobre quiebras. Escribió hace unos cuantos años un libro sobre el tema que nos ocupa, se titula El delito de quiebra de sociedades. En ese texto y en otros advierte sobre la impunidad por esos delitos.

Rafecas es un magistrado de buen nivel y trayectoria, sobre cuya cabeza pende una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Está latente desde hace rato, tanto que debería archivarse a mediados del año próximo si no avanza. En un raro caso de coincidencia bipartidista, integrantes del Gobierno y consejeros radicales van a por él, como réplica a sus investigaciones sobre el ex presidente Fernando de la Rúa y el vicepresidente Amado Boudou. El jury sigue abierto, una sanción sería una injusticia manifiesta, una desmesura. Por si hiciera falta, eso añade presión sobre un juez que merece mejor trato institucional.

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Capitalismo y delito: Dirigentes de la FGB confían en la predisposición del juez Santicchia para proteger la fuente de trabajo. Su Señoría deberá ponerse las pilas y contrariar la proverbial lentitud promedio de los tribunales.

Otros detalles deberían llamar su atención. Corresponde, conforme la LCQ, prohibir salir del país por un año a los administradores y directores de Do-nnelley. A menudo, ese elenco se cambia un tiempito antes para aliviar de molestias a los pesos pesado de la empresa. Es buena praxis revisar ese detalle y tomar buena nota. No es delito, pero es un hecho a corroborar para elaborar criterios.

De cualquier modo, vale la pena hablar de contextos y no sólo de delitos. Estas son circunstancias especiales, en caso de duda corresponde la absolución. Las conductas odiosas y antisociales trascienden el inventario penal. Una empresa que baja la cortina de sopetón y deja en banda a 400 familias habla del salvajismo capitalista. El sesgo se acentúa cuando son grandes la concentración y la extranjerización de la economía. Esta nota no tiene por qué teorizar sobre los móviles de los “hombres de negocios”, lo que sí cabe a sus lectores. Sea para ponerle un palo en la rueda al Gobierno que ha defendido los derechos de los trabajadores, sea para reaccionar contra gremios y delegados luchadores, sea para ir tratando de incidir en el futuro de las relaciones laborales, sea para recolocarse en otro rincón del planeta,,,

Un capitalismo sin escrúpulos es un dato de la etapa. El Estado debe tratar de matizarlo en una lucha que es dispar si no cuenta con decisión, con apoyo de la población. O si no elige bien sus herramientas.

El personal de Donnelley y el Gobierno se han colocado en la postura deseable. El silencio de la mayoría del espectro opositor o sus apoyos mezquinos a la multinacional son un timbre de alerta, que resuena más allá de la planta de Garín.

ECONOMIA › LA SITUACION DE LA GRAFICA DONNELLEY PREVIA A LA PRESENTACION PIDIENDO SU PROPIA QUIEBRA

Lejos de la crisis, cerca de la sospecha

El pedido de su propia quiebra por parte de la empresa norteamericana y una crisis no demostrada. La respuesta de la casa matriz a la Presidenta. Una operación que afecta la estabilidad laboral y social.

 Por Raúl Dellatorre

De Todman a los buitres

Ya retirado de la diplomacia y los negocios, el embajador que Washington envió hace un cuarto de siglo a realinear a la Argentina murió a los 88 años. Su mundo y este mundo. La política hacia EE.UU. de Menem a hoy. Las tácticas de la Presidenta.

 Por Martín Granovsky

En medio de la pelea con los fondos buitre murió el embajador norteamericano en la Argentina más famoso después de Spruille Braden. Terence Todman falleció el jueves a los 88 años. Queda vigente el refrán español que utilizaba: “Donde muchos mandan y ninguno obedece, el resultado seguro es que todo perece”.

Apodado El Virrey no sólo por sus enemigos sino por sus amigos argentinos, durante sus cuatro años aquí los dos Estados consolidaron lo que el canciller Guido Di Tella llamó “relaciones carnales”. Por primera vez en la historia la Argentina no solo se abstuvo de todo desafío sino que se integró al dispositivo de alineamiento estratégico-militar de Washington.

El mundo estaba en pleno cambio.

Los Estados Unidos y la Unión Soviética aún libraban la Guerra Fría que los enfrentaba desde que ambos, con el Reino Unido y Francia, habían derrotado a la Alemania nazi en 1945.

Washington le estaba ganando la carrera militar a Moscú. Y eran más los europeos envidiosos del american way of life que quienes soñaban con el hombre nuevo soviético.

En la Unión Soviética había comenzado la perestroika, un intento de modernización económica con mayores dosis de mercado. También la glasnost, la transparencia. La figura fuerte, o quizás no tanto, era Mijail Gorbachov, secretario del Partido Comunista de la URSS.

El jefe de la Casa Blanca era George Bush, el padre del George Bush que gobernaría entre 2001 y 2009. Bush padre había sido el piloto naval más joven de las fuerzas armadas en la Segunda Guerra, jefe de la Agencia Central de Inteligencia, primer embajador en Beijing después de la normalización de relaciones con los Estados Unidos y vicepresidente de Ronald Reagan entre 1981 y 1989.

“La propia seguridad”

Todman también había pertenecido a las fuerzas norteamericanas en la Segunda Guerra. Después estudió abogacía y terminó enrolándose en la carrera diplomática. Fue uno de los primeros afroamericanos que llegó al grado de embajador senior, el mayor nivel posible. Con James Carter (1977-1981) fue encargado del área latinoamericana del Departamento de Estado. Desde allí buscó ponerle tope al ala partidaria de las denuncias públicas contra las dictaduras, entre ellas la Argentina, encabezada por Patricia Derian y con la participación del consejero político en la Argentina Tex Harris. Todman quería como máximo que Washington ejerciera presiones discretas. En su opinión habría que evitar que quedara enajenado el compromiso proestadounidense de los Estados de la región y de sus castas militares.

En 1978 el periodista Bernardo Neustadt le hizo una entrevista donde ambos dejaron las cosas claras. “Las medidas que podemos tomar dependen de las relaciones que tenemos con los países”, explicó Todman. “Si tenemos relaciones militares o económicas, podemos jugar con eso cortándolo, reduciéndolo, parándolo. Cuando no tenemos ninguna relación no podemos mostrar nuestro sentimiento cortando lo que no existe. Entonces, en muchos casos, estamos obligados a hablar en público porque no hay otro remedio. En la mayoría de los casos empleamos conversaciones diplomáticas, privadas, para ver si con eso podemos llegar a un entendimiento que resulte en una mejoría. Si se produce, no hay necesidad de pasar a algo público o a algo más fuerte. Muchas veces lo logramos con sólo esas conversaciones, y la gente no se da cuenta de que estamos haciendo las mismas presiones pero en privado. Algunos ven solamente lo que sale a la luz y juzgan solamente por eso, pero eso no implica que son las únicas cosas que estamos haciendo.”

Todman añadió: “Pero hay una segunda consideración también, y ésa es que la relación, nuestras relaciones con cada país, es un complejo de muchas consideraciones, incluso incluye nuestra propia seguridad. Estamos viviendo en un mundo de realidad y tenemos que tratar nuestras relaciones sobre esa misma base”.

Negociador fino y a la vez pushy (la jerga llama así a los que son capaces de presionar duro), en España Todman tejió una excelente relación con Felipe González, que asumió en 1982. Con Felipe primer ministro España ingresó en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un objetivo que los Estados Unidos no había logrado cumplir durante el mandato de transición de Adolfo Suárez.

Otro mundo

Cuando Todman llegó a la Argentina, en junio de 1989, la Unión Soviética aún existía y el mundo era bipolar, aunque el final parecía cantado. El comunismo en la URSS hizo implosión en 1991. Cuando Todman dejó Buenos Aires el mundo ya era unipolar.

Cuando Todman llegó a Buenos Aires gobernaba Raúl Alfonsín. Ya estaba decidido el traspaso adelantado del mando. Carlos Saúl Menem asumiría el 8 de julio. En mayo la hiperinflación había arrojado un índice de precios al consumidor del 50 por ciento. En julio treparía al 200 por ciento. La discusión pública rondaba sobre la crisis económica, naturalmente, la deuda externa y la revisión de las violaciones a los derechos humanos.

Cuando Todman dejó Buenos Aires, en junio de 1993, Carlos Menem había dominado la inflación y regía el Plan de Convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo. La Argentina había desregulado la economía a niveles que entusiasmaban a los neoconservadores que admiraban a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Después de los servicios telefónicos avanzaba el resto de las privatizaciones, que siempre tenían una pata argentina, un operador empresario europeo y una tercera pata en una entidad financiera norteamericana. Por el Plan Brady, al que la Argentina se incorporó en abril de 1992, la Argentina consiguió un descuento del 35 por ciento sobre la deuda. En ese marco, activos de empresas estatales fueron canjeados por bonos de la deuda externa. J. P. Morgan terminó con parte de las acciones de Telecom y Citibank con las de Telefónica.

El delirante proyecto de misil de alcance intermedio, el Cóndor, quedó desactivado, aunque Menem optó por entregarlo como prenda de amor con Wa-

shington en lugar de interrumpir el desarrollo en acuerdo, por ejemplo, con los vecinos brasileños. A fines de 1992 un decreto de Menem complació a Todman: la Argentina se obligaba a no exportar materiales y equipos útiles para la conversión y el enriquecimiento de uranio.

El alineamiento militar tuvo un hito importante con la incorporación argentina a la fuerza multinacional que en 1991 formó Bush para castigar a Irak y obligarlo a dejar Kuwait, invadido en enero.

Ese año, 1991, empezó de manera explosiva. Una nota de Horacio Verbitsky publicada en este diario informó que a fines de 1990 Todman escribió una carta reservada al ministro de Economía Antonio Erman González. Un párrafo decía: “Swift/Armour desea invertir 115 millones de dólares en Rosario, pero nos informa que funcionarios del gobierno argentino han pedido pagos sustanciales para emitir la documentación necesaria para importar maquinarias”. Lo que vino después fue conocido como Swiftgate y terminó con un cambio de gabinete que incluyó a figuras del menemismo como el secretario general Alberto Kohan y el ministro de Obras Públicas Roberto Dromi.

Kirchner y Cristina

Ya sin Todman, que no le impuso nada sino que aprovechó bien el giro de Menem, la Argentina mantuvo hasta 1999 las relaciones carnales. La Alianza gobernó con “relaciones intensas”. Eduardo Duhalde fue presidente en un interregno en el que no se peleó con Washington aunque se acercó a Brasil. Después, Néstor Kirchner desplegó una política hacia los Estados Unidos basada en la reestructuración de la deuda, la crítica a los organismos multilaterales de crédito y la bolilla negra para la formación de un área de libre comercio en el continente. Con Kirchner, los enfrentamientos verbales públicos con Washington fueron solo reactivos. Ante el ataque de un funcionario de la administración norteamericana venía la reacción de Kirchner. Si no, predominaba la no personalización del adversario o del enemigo y el cuidado de no atacar a la Casa Blanca. Esa política cambiaría con Cristina Fernández de Kirchner por lo menos desde el asunto de las valijas del empresario multipropósito Guido Alejandro Antonini Wilson. Algunos hechos jalonaron la nueva estrategia: críticas frecuentes al propio Barack Obama, la orden al canciller Héctor Timerman para que en persona interviniera en el material de un avión militar con equipamiento de comunicaciones, el acuerdo con Irán y, en 2012 en las universidades de Georgetown y Harvard y el cuestionamiento, inclusive, de los sistemas de medición estadística de los Estados Unidos. En las dos últimas semanas esa serie se completó con una presentación en La Haya contra el Estado norteamericano y con la demanda oficial contra una empresa de capital norteamericano.

Si no hubieran existido los pagos a Repsol, los arreglos en el Ciadi, la seducción a Exxon para invertir en Vaca Muerta y el acuerdo con el Club de París, la confrontación verbal explícita y las demandas en La Haya contra los Estados Unidos y en Buenos Aires contra la firma Donnelley podrían tomarse como una forma de guerra estratégica contra el imperio. Con esos cuatro antecedentes parece más lógico incluir los hechos de confrontación dentro de un plano táctico. Se trata, por lo tanto, como toda táctica, de una apuesta medible por sus resultados.

La Presidenta parece haber partido de una premisa. En vez de buscar canales de alianza con la Casa Blanca contra Paul Singer, que además de cabeza de un fondo buitre es el puntero de los financistas de la extrema derecha republicana, decidió que es mejor confrontar de Estado a Estado. Puede haber dos lecturas previas. Una, que si la negociación ya está perdida lo mejor es que el tiempo pase y entretanto prepararse para la situación del 1o de enero de 2015, cuando habrá caído, presuntamente, la cláusula que podría enganchar a los holdouts con el 92,4 por ciento de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Otra, que el choque de Estado a Estado no podría empeorar las condiciones actuales de la economía y la política en la Argentina.

Cuando Todman llegó a Buenos Aires, hace 25 años, los Estados Unidos ya no eran un bloque monolítico pero tanto la emisión de moneda como las metas militares, entre otros factores, enlazaban el resto de las políticas hacia el mundo y le daban cierta homogeneidad.

Hoy la base del poder sigue siendo en esencia la misma pero los límites son mayores. No sólo los límites externos, por la emergencia de China y el mayor peso del Sudeste asiático en la economía mundial. También los límites internos, porque la extrema derecha republicana provoca polarización y dificultades para gobernar y tejer acuerdos bipartidarios en el centro. Esa extrema derecha es la que se encuentra ligada a franjas del poder financiero como la encarnada en Singer, a quien sería equivocado considerar un marginal. Quien no tenga ganas de estudiar a fondo la situación actual en los Estados Unidos puede ver las dos temporadas de House of Cards y prestar atención al papel de los financistas, siempre en coordinación con agencias de inteligencia públicas y privadas, en la articulación o la destrucción de mayorías parlamentarias.

La táctica oficial parece descansar en la asunción de que no vale la pena meterse en el frente interno norteamericano y buscar resquicios y alianzas útiles para fortalecer la posición argentina. La Casa Rosada parece haber optado por la idea de que es mejor tratar a la Casa Blanca como parte de un bloque común con los Singer y correr los peligros pertinentes –personales y estatales– que se desprenden de un desafío de ese tamaño.