La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de los diputados Araceli Ferreyra (FPV), Virginia Linares (GEN), Alcira Argumedo (UNEN), Claudio Lozano, Víctor De Gennaro y Antonio Riestra (UP), además de los restantes integrantes del bloque FIT, Pablo López y Néstor Pitrola, aspira a crear una nueva empresa estatal bajo la propia gestión de sus trabajadores.

Durante su intervención en el recinto Del Caño subrayó que “ya se han producido 2 millones de pesos que tiene el juez y que los trabajadores exigen que se destinen al pago de sus salarios. Hay 400 familias afectadas por esta patronal norteamericana. Nosotros defendemos lo resuelto por los trabajadores de Donnelley, que tomaron la planta y la pusieron a producir inmediatamente después de que la patronal declarara la quiebra fraudulenta y cerrara las puertas de la empresa y por eso presentamos este proyecto que fue votado en asamblea”.

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. A pesar del discurso presidencial, que recientemente condenó el fraudulento accionar de la gráfica Donnelley, el bloque que dirige Juliana Di Tulio se negó a dar el número necesario para el tratamiento del proyecto. “Confiamos en la intervención del Ministerio de Trabajo”, argumentó la jefa de del bloque kirchnerista para terminar negando hasta la mínima posibilidad de poner en discusión el proyecto de ley.

Al respecto, Del Caño recordó que “Ciccone se estatizó en tiempo record al servicio de la corrupción y los negociados de Boudou y compañía; Donnelley tiene que ser expropiada y estatizada inmediatamente para que sean sus propios trabajadores los que la gestionen”.