Ángel
Aguirre renuncia al PRD y se pone a disposición de las autoridades para
deslindar a ese órgano político de cualquier actuación que haya tenido
durante su gobernatura.
El exgobernador del
estado Guerrero (México), Ángel Aguirre Rivero, renunció este miércoles a
su militancia en el Partido de Revolución Democrática (PRD) y se puso a
disposición de las autoridades para ser investigado por cualquier hecho
que se impute sobre el caso Ayotzinapa.
Por medio de una carta
dirigida al dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, el
exmandatario asegura que toma esta medida para deslindar a ese órgano
político de cualquier actuación que haya tenido desde que asumió su
cargo como gobernador en Guerrero.
“Con esta fecha
presento mi renuncia como militante del PRD con el propósito de
deslindar a este órgano político sobre cualquier actuación que haya
tenido desde que asumí la gobernatura de Guerrero el primero de abril de
2011", indica la misiva.
Asimismo, Aguirre se
puso a disposición de las autoridades federales y estatales para que se
le investigue por cualquier hecho que se le impute, como ha ocurrido
desde el primer día en que solicitó licencia sobre los hechos
acontecidos en la ciudad de iguala, el pasado 26 de septiembre.
EL DATO: El Gobernador,
Ángel Aguirre pidió licencia en octubre de 2014, luego de ser criticado
arduamente por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa en septiembre del mismo año, donde también está implicado el
exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Lo haré con dignidad y entereza, no habré de esconderme ni mucho menos salir de mi país y de mi estado”, agrega.
Finalmente, en la carta
que fue recibida y sellada por la presidencia nacional del PRD, Aguirre
exigió a las autoridades actuar con justicia pareja y estricto apego al
derecho.
En contexto:
La
Policía Federal mexicana detuvo a Carlos Mateo Aguirre Rivero y a Luis
Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino, respectivamente,
del exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su
presunta participación en delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita (lavado de dinero) por un monto de 287 millones
de pesos, casi 20 millones de dólares.
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