El secretario general de la Presidencia Argentina, Anibal Fernández, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunciaron este viernes una maniobra golpista en marcha contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fernánez y Capitanich alertaron que la maniobra es a través de la vía judicial, con la utilización del fiscal federal, Gerardo Pollicita, quien decidió dar curso a una investigación a partir de la denuncia efectuada por el fiscal Alberto Nisman, quien murió el pasado 18 de enero, en contra de la Mandataria.

“Observamos la presencia de una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo”, alertó Capitanich.

Señaló que que la denuncia planteada en enero pasado por Nisman “no tiene ninguna validez jurídica porque no existe prueba de eventual culpabilidad”, con lo cual “lo que se quiere generar es estrépito social”.

Fernández, por su parte manifestó que “la imputación no tiene ningún valor jurídico”, por lo cual también la calificó como “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”.

Además de la presidenta Fernández de Kirchner, la investigación es contra el canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque.

Nisman era el fiscal especial -nombrado en 2004 durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que retomó el caso-encargado de las investigaciones sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), ocurrida en 1994, con saldo de 85 muertos y 300 heridos.

Antes de morir, la causa que tenía a su cargo tomó un giro, al desviar la investigación en contra de la Presidenta, debido a la firma de un Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán, que buscaba la colaboración de Teherán en las investigaciones.

Nisman denunció que la firma de ese Memorándum presuntamente buscaba encubrir a ciudadanos iraníes vinculados con el atentado, atendiendo de esta manera a la matriz que obedece a los intereses de la derecha argentina y extranjera.

AVN