El gobierno portugués comenzó a pagar parte de su deuda con la troika en un contexto en el cual la situación del pueblo es cada vez más precaria debido al alto desempleo y la deuda pública.

A pesar de la devolución anticipada de 17.000 millones de euros por parte del estado al Fondo Monetario Internacional (FMI), los últimos datos expuestos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que Portugal ha retrocedido una década en materia de pobreza.

Dicha entidad ratifica que en el presente, como en 2004, una de cada cinco personas vive en la miseria, lo que representa a dos millones de afectados.

El riesgo de pobreza es del 20 por ciento para las mujeres, 18,9 por ciento para los hombres, y para los menores de 18 años, la tasa asciende al 25,6 por ciento de la población, según la misma fuente.

Otra señal de alerta es la alta tasa de paro del 13,4 por ciento, sin embargo, tener empleo no es sinónimo de escapar de las carencias, pues uno de cada 10 trabajadores portugueses son afectados por este flagelo, declara el experto en políticas públicas, Carlos Farinha Rodrigues.

“Si al principio de la crisis ya había señales de que las desigualdades y la exclusión estaban aumentando, hoy es innegable que se ha invertido el ciclo de reducción de la pobreza”, dijo el economista.

“Cuando nos fijamos en lo que ocurrió hasta el año 2009, vemos que gran parte de la reducción de la pobreza se debía a las estrategias sociales, particularmente las dirigidas a aumentar los ingresos y la inclusión social, como fueron el suplemento de Solidaridad para Ancianos, la Renta Social de Inserción, y las pensiones sociales”, agrega el especialista.

Farinha Rodrigues sostiene que la eliminación de estas políticas en los últimos tres años es la única explicación para el fuerte aumento del desempleo y de las debilidades sociales en el país.

La famosa troika, compuesta por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) impuso en 2011 un paquetazo de medidas neoliberales que atentan contra los derechos de la clase trabajadora lusa.

La “ayuda” de estos organismos multilaterales somete al país “auxiliado” a aceptar medidas y reformas económicas que están deteriorando las condiciones de vida de las familias obreras.

En el caso de Portugal, debido a las exigencias del trío el Poder Ejecutivo adoptó drásticas medidas de ajuste fiscal, desde reducción de inversión, gasto público y pensiones, hasta aumento de impuestos y recortes salariales, que han acabado con el bienestar popular.

PL