El primer programa electoral de Podemos en Andalucía no deja indiferente. Al margen de una batería de medidas destinadas a garantizar la vivienda, sustentada en la declaración del «estado de emergencia habitacional» y en la «suspensión temporal de los desahucios», concretamente en el sector agrícola deja abierta una puerta a la expropiación de tierras. Un planteamiento radical heredado que nace en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y sus líderes, José Antonio Gordillo y Diego Cañamero, este último asesor de la candidata a la Junta de Andalucía Teresa Rodríguez.

Entre las 433 medidas que plantea «Un programa para el cambio en Andalucía», el partido podemista hace hincapié en la necesidad de cambiar el modelo productivo actual de la comunidad. Lo que traducido al área de «Agricultura y alimentación» significa «producir de otra manera». Y concretamente, en la medida número 75 se fija como objetivo la creación de una «reserva de tierras, con fincas públicas y fincas privadas que voluntariamente se ofrezcan a ella, para facilitar la incorporación de jóvenes, mujeres y otros colectivos en dificultad al sector agrario, con apoyo para la puesta en marcha de proyectos sostenibles». Un primer paso que tiene su continuidad a la hora de analizar el futuro del PER, pasando a ser una prioridad «integrar los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA, antiguo PER)» en las «estrategias territoriales para la creación de empleo, orientándolos principalmente a apoyar proyectos productivos de puesta en valor de recursos agrarios infrautilizados, en fincas públicas o privadas que no cumplan con la función social de la propiedad».

No hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para recordar las «ocupaciones» simbólicas que el alcalde de Marinaleda y su socio político protagonizaron hace un par de veranos en propiedades privadas de «Las Turquillas».

Precisamente, la influencia de IU posibilitó que el bipartito implantara la Ley de la Función Social de la Vivienda, bajo la cual se han formulado numerosos expedientes sancionadores a entidades financieras por no respetar el fin de las VPO en la comunidad.

Lo que Podemos llama un «plan ciudadano de rescate habitacional» incluye también garantizar los suministros básicos: agua y luz, incluso para los ocupas. Y es que se plantea una reforma de «los reglamentos de suministro de agua y electricidad de forma que su contratación no exija la acreditación de un título de posesión legítimo sobre la vivienda objeto de suministro», como se especifica en una amplia batería de medidas del «plan de emergencia habitacional».

Impuesto de riqueza

Las empresas públicas o privadas de suministros, además, estarán expuestas a «grandes sanciones» con la implantación de una ley de protección al consumidor.

De forma paralela, Teresa Rodríguez explicó que si gobierna tras el 22-M aprobará «un impuesto especial de riqueza a través de las vías habilitadas actualmente (patrimonio y sucesiones) que mantenga los principios constitucionales de progresividad, que rompa con la penalización fiscal a las mujeres y que dote a la Hacienda andaluza de fondos para luchar contra la desigualda