Carlos Alexander Rodríguez, tras ser detenido. Policía de Colombia
Una juez de Bogota deja libre a un pediatra en busca y captura en España por abusar de niños de entre siete y 13 años
Violó y abusó de niños en España y en Colombia. Y pese a ello, una juez ha considerado que no representa ningún peligro para la sociedad y le ha concedido prisión domiciliaria. Tan inofensivo debió encontrar al pediatra Carlos Alexander Rodríguez Linares, 47 años de edad, que ni siquiera solicitó el brazalete electrónico.
No tuvo en cuenta que es prófugo de la justicia española y que puede volver a escapar. En España le espera una condena de 34 años y en su país está cumpliendo otra de 39 meses.
"Violó niños acá, violó en España, es un sujeto que sabe que apenas cumpla en Colombia su condena, lo extraditan, es decir, además hay riesgo de fuga, y la juez ni siquiera ordena el brazalete para vigilarlo en su vivienda. No entiendo cómo un violador de niños internacional está en su casa", le dice a EL MUNDO Cristina Plazas, directora del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Sólo por su insistencia y la del Instituto Penitenciario, la juez accedió a imponerle dicha medida de custodia.
El violador, un pediatra de aspecto agradable, vivió seis años en Almería, y fueacusado de abuso sexual a niños de edades comprendidas entre los siete y los trece años. Unos los cometió del 2008 al 2012, y el último data de julio del 2013.
Carlos Alexander Rodríguez Linares utilizaba su profesión y el hecho de ser padre de un chico de 14 años para ganarse a sus víctimas. Se instaló en la ciudad andaluza, trabajó en el centro médico Pulpi, y solía escoger a niños de madres de Colombia, Guatemala y España, separadas y de precarios recursos económicos. Se hacía amigo de las mujeres e invitaba a sus hijos a pasar el fin de semana en su domicilio, que tenía piscina, además de llevarles al cine.Luego abusaba de los pequeños.
Cuando en septiembre del 2014 supo que le detendrían, huyó de España y regresó a Colombia.
Tiempo antes de emigrar a España, cuando era médico en Páez, pueblo del departamento de Boyacá, abusó de cuatro niños. Fue procesado como reo ausente. La Policía cree que cruzó el charco para escapar de la Justicia, y no entienden cómo logró el visado y convalidar su título académico.
En marzo pasado le detuvieron los agentes de la DIJIN atendiendo una orden de la Corte Suprema de Justicia que había admitido su extradición a España, solicitada por la Audiencia Nacional. Al revisar sus antecedentes, le encarcelaron para cumplir la anterior condena.
El pediatra tuvo la suerte de que su primer caso, ocurrido en el 2005, lo cobija el sistema judicial anterior, que imponía castigos muy laxos a los violadores. Con la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, el panorama cambió, pero solo en el papel porque los jueces no la aplican con rigor.
"La pelea que estamos dando es que a los violadores no les pueden dar beneficios como la casa por cárcel, porque la ley los prohíbe", afirma Cristina Plazas. "Pero en lugar de verlo como beneficio, los jueces lo ven como un derecho y aducen que el código no puede ir en contra de los derechos de los violadores".
Su entidad ha interpuesto una tutela -herramienta jurídica que puede echar abajo una decisión judicial- ante la Corte Constitucional por otro caso similar, para evitar que cualquier violador, incluido el médico citado, pueda obtener rebajas de su pena o prisión domiciliaria.
El artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que fue muy difícil de aprobar, estableció que los violadores de menores de edad no pueden rebajar un solo día de cárcel. Aunque estudien o trabajen tras las rejas, deben cumplir su pena íntegra.
"Así se porte bien en un centro penitenciario, ¿cómo me va a explicar un juez que un violador no es un peligro para la sociedad y lo manda para su casa?", reitera Plazas.
El ICBF también denunció a la jueza Olga Lucía Ochoa ante el Consejo Superior de la Judicatura por su decisión.
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