El juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, obstruyó ayer el cobro por parte de los tenedores de bonos argentinos reestructurados, al ordenarle al Bank of New York (BoNY) que no distribuya el dinero entre los inversores. El gobierno nacional había depositado el día anterior 832 millones de dólares en el BoNY para afrontar el vencimiento del lunes próximo del bono Discount, en una audaz jugada que desorientó al propio Griesa, quien se abstuvo de ordenar un embargo de estos fondos y de declarar al país en desacato, dos posibilidades que se barajaban en el mercado. El juez distrital sólo se limitó a aconsejar al BoNY devolverle los fondos al país, un terreno inexplorado en materia de pago de deuda. Según la interpretación que realizan en Economía, los fondos depositados en el BoNY ya pertenecen a los bonistas y no al Estado argentino. “La Argentina ya pagó”, resaltan cerca del ministro de Economía, Axel Kicillof. “En una insólita e inédita decisión, el juez Griesa pretendió anular el pago ya realizado por la Argentina en cumplimiento de los prospectos, los contratos con sus acreedores de la reestructuración y de la ley argentina”, señaló Economía a través de un comunicado. El país tiene un mes más para negociar una solución antes que se declare default técnico en caso de que no se liberen los fondos.

Luego de que Economía confirmara la transferencia de los fondos para que se paguen este lunes los vencimientos de capital e intereses del bono Discount, Griesa convocó de urgencia a una audiencia con los abogados de cada una de las partes, y la presencia de Daniel Pollack, el special master (mediador) que designó para acercar posiciones. En el encuentro estuvieron presentes los abogados Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa al país; Theodore Olson y Robert Cohen, del fondo NML Elliott, y Stephen Poss y Robert Carroll, de Olifant, del resto de los demandantes. Los abogados de los buitres fueron con los tapones de punta y solicitaron que se declare a la Argentina en desacato, bajo el argumento de que pagaría el vencimiento del Discount y no la sentencia. “Lo único que pasó es que esos fondos llegaron al banco”, dijo Griesa.

Los buitres pretendieron hacer valer una capciosa reinterpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) para forzar ayer una definición más dura de Griesa. El artificio legal de considerar en pie de igualdad a quienes ingresaron en el canje de deuda respecto de los que se mantuvieron litigando, interpretación que avalaron Griesa y la Cámara de Apelaciones neoyorquina, conlleva a la situación de que el pago al 93 por ciento de los bonistas con títulos reestructurados se encuentre condicionado al acatamiento del fallo a favor de los buitres. En ese sentido, algunos analistas esperaban que Griesa dictaminara el desacato del país o embargara los fondos. Incluso se especuló con que podría tomar una parte para los buitres y otra para un pago a prorrata del vencimiento del Discount.

Jugada defensiva

Griesa no tomó ninguna de las alternativas que el establishment esperaba que tomase. El propio juez reconoció haber recibido peticiones de los abogados de la demanda para sancionar al país y/o hacer un informe de las cuentas del país. Este último punto es posible por el fallo favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos al denominado Discovery Mundial, que implica la atribución de que los fondos demandantes busquen activos argentinos embargables en distintas plazas financieras. “Lo importante es que las negociaciones sigan”, resaltó el juez del Distrito Sur de Nueva York. En esa línea tibia se mantuvo ante la jugada delineada por el equipo económico y legal. No obstante, Griesa remarcó que “cualquier intento de pagar a los bonistas es ilegal, no puede hacerse ni ser permitido por este tribunal”.

De los más de mil millones de dólares transferidos, 539 millones (225,8 millones de euros y 230,9 millones de dólares) fueron ingresados en la cuenta del Bank of New York Mellon. “A pesar de esa muestra de voluntad de negociación de buena fe, el juez Griesa denegó el pedido de stay (suspensión de la sentencia), intentando provocar el default de nuestro país. Sin embargo, la Argentina, una vez más, cumplió sus obligaciones, como lo viene haciendo desde la reestructuración de su deuda soberana de los años 2005 y 2010”, señala el comunicado de Economía. El congelamiento dictado por Griesa fue entendido como una suspensión (stay) de hecho, pero con vencimiento al 30 de julio, cuando vence el período de gracia para que se pague el Discount y el país ingrese a un default técnico. La interpretación de los funcionarios argentinos es que el país realizó el pago y un eventual default será cortesía de Griesa y del BoNY, que impiden a los bonistas el cobro.

La estrategia oficial deja en evidencia que cualquier cobro que reciban los fondos buitre no implicará una mejora en la oferta que deba ser reproducida al resto, ya que se estaría embargando dinero que ya dejó de pertenecer al país y que se encuentra en el BoNY. Esto vale para la interpretación de la cláusula RUFO, que obliga a replicar en los bonistas cualquier mejora “voluntaria” a los holdouts. “Su banco no ha hecho nada mal, pero propongo que el dinero sea devuelto a la República Argentina”, dijo Griesa al representante del banco fiduciario, a quien además aconsejó acordar con los demandantes la manera para que ese dinero no llegue a los bonistas. “Al tomar esta medida, el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los del Megacanje que cayeron en default en 2001”, señala el comunicado de Economía.

Según explican en el Palacio de Hacienda, el juez decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and Exchange Commission norteamericana (SEC), por lo que califican de insólita la medida. Pero, además, la decisión de Griesa impide que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar. Según la interpretación oficial, el país podría negarse a una devolución de los fondos por parte del BoNY debido a que la ley local no contemplaría la reversión de los fondos en caso del pago de compromisos de deuda soberana. Las partes continuarán negociando una alternativa al fallo que obliga a pagarles a los buitres en efectivo hasta el 30 de julio. “Todos sabemos que las negociaciones no se van a resolver en esta semana ni en la próxima”, sostuvo Griesa, quien exhortó a las partes a iniciar en esa misma tarde las discusiones con Pollack. La reunión con el mediador no pudo realizarse por temas de agenda.

El Grupo de los 77 países en desarrollo (G-77) + China envió una carta al juez neoyorquino Thomas Griesa, a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y al secretario de Estado, John Kerry, en la que expresaron su “plena solidaridad y apoyo a la Argentina” frente a la negociación con los fondos buitre. En la nota, firmada por el presidente del G-77 + China, Sacha Llorenti Soliz, se resalta la “preocupación sobre las serias consecuencias de la sentencia (de la Corte norteamericana y el fallo de Griesa), que van más allá de Argentina y que podrían afectar a cualquier país enfrentando situaciones similares”.

La declaración de este grupo de países surgió tras el encuentro llevado adelante anteayer por el organismo en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, en el cual participaron el canciller, Héctor Timerman, y el ministro de Economía, Axel Kicillof.

El texto destaca que las decisiones judiciales de Estados Unidos podrían “tener consecuencias sistémicas adversas, ya que la renegociación voluntaria de deudas y las reestructuraciones de deudas podrían convertirse en procesos complejos, si no imposibles”, detalló el documento. Antes de la reunión con Timerman y Kicillof, el G-77 + China había reunido a los presidentes en Bolivia, donde estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este texto, los países llamaron a llevar adelante un “proceso que promueva condiciones de negociación justas y equilibradas para resolver esta disputa, teniendo en cuenta los intereses del ciento por ciento de los tenedores de bonos”.

La carta enviada a Griesa, Kerry y a la Corte Suprema recordó además que en la Declaración de Santa Cruz, firmada en Bolivia hace diez días, los jefes de Estado y representantes de gobierno del G-77 + China señalaron que “una nueva preocupación emergió relacionada con las actividades de los fondos buitre”.

“Los recientes ejemplos de las acciones de estos grupos de poder en tribunales internacionales han revelado su naturaleza altamente especulativa. Tales fondos representan un riesgo para todos los procesos de reestructuración de deuda futura, tanto para países en desarrollo como desarrollados. Por lo tanto, hacemos hincapié en la importancia de no permitir a los fondos buitre paralizar los esfuerzos de reestructuración de deuda de los países en desarrollo”, indicó el G-77 + China. “Estos fondos no deberían sustituir el derecho de un Estado de proteger a su pueblo bajo la ley internacional”, agregó Sacha Llorenti Soliz.

Por último, el escrito reiteró “la urgente necesidad de la comunidad internacional de examinar opciones para un mecanismo internacional de resolución de deuda eficaz, equitativo, duradero, independiente y orientado al desarrollo”. En este sentido, llamó a todos los países a promover y contribuir a las discusiones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales.

El juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, obstruyó ayer el cobro por parte de los tenedores de bonos argentinos reestructurados, al ordenarle al Bank of New York (BoNY) que no distribuya el dinero entre los inversores. El gobierno nacional había depositado el día anterior 832 millones de dólares en el BoNY para afrontar el vencimiento del lunes próximo del bono Discount, en una audaz jugada que desorientó al propio Griesa, quien se abstuvo de ordenar un embargo de estos fondos y de declarar al país en desacato, dos posibilidades que se barajaban en el mercado. El juez distrital sólo se limitó a aconsejar al BoNY devolverle los fondos al país, un terreno inexplorado en materia de pago de deuda. Según la interpretación que realizan en Economía, los fondos depositados en el BoNY ya pertenecen a los bonistas y no al Estado argentino. “La Argentina ya pagó”, resaltan cerca del ministro de Economía, Axel Kicillof. “En una insólita e inédita decisión, el juez Griesa pretendió anular el pago ya realizado por la Argentina en cumplimiento de los prospectos, los contratos con sus acreedores de la reestructuración y de la ley argentina”, señaló Economía a través de un comunicado. El país tiene un mes más para negociar una solución antes que se declare default técnico en caso de que no se liberen los fondos.

Luego de que Economía confirmara la transferencia de los fondos para que se paguen este lunes los vencimientos de capital e intereses del bono Discount, Griesa convocó de urgencia a una audiencia con los abogados de cada una de las partes, y la presencia de Daniel Pollack, el special master (mediador) que designó para acercar posiciones. En el encuentro estuvieron presentes los abogados Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa al país; Theodore Olson y Robert Cohen, del fondo NML Elliott, y Stephen Poss y Robert Carroll, de Olifant, del resto de los demandantes. Los abogados de los buitres fueron con los tapones de punta y solicitaron que se declare a la Argentina en desacato, bajo el argumento de que pagaría el vencimiento del Discount y no la sentencia. “Lo único que pasó es que esos fondos llegaron al banco”, dijo Griesa.

Los buitres pretendieron hacer valer una capciosa reinterpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) para forzar ayer una definición más dura de Griesa. El artificio legal de considerar en pie de igualdad a quienes ingresaron en el canje de deuda respecto de los que se mantuvieron litigando, interpretación que avalaron Griesa y la Cámara de Apelaciones neoyorquina, conlleva a la situación de que el pago al 93 por ciento de los bonistas con títulos reestructurados se encuentre condicionado al acatamiento del fallo a favor de los buitres. En ese sentido, algunos analistas esperaban que Griesa dictaminara el desacato del país o embargara los fondos. Incluso se especuló con que podría tomar una parte para los buitres y otra para un pago a prorrata del vencimiento del Discount.

Jugada defensiva

Griesa no tomó ninguna de las alternativas que el establishment esperaba que tomase. El propio juez reconoció haber recibido peticiones de los abogados de la demanda para sancionar al país y/o hacer un informe de las cuentas del país. Este último punto es posible por el fallo favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos al denominado Discovery Mundial, que implica la atribución de que los fondos demandantes busquen activos argentinos embargables en distintas plazas financieras. “Lo importante es que las negociaciones sigan”, resaltó el juez del Distrito Sur de Nueva York. En esa línea tibia se mantuvo ante la jugada delineada por el equipo económico y legal. No obstante, Griesa remarcó que “cualquier intento de pagar a los bonistas es ilegal, no puede hacerse ni ser permitido por este tribunal”.

De los más de mil millones de dólares transferidos, 539 millones (225,8 millones de euros y 230,9 millones de dólares) fueron ingresados en la cuenta del Bank of New York Mellon. “A pesar de esa muestra de voluntad de negociación de buena fe, el juez Griesa denegó el pedido de stay (suspensión de la sentencia), intentando provocar el default de nuestro país. Sin embargo, la Argentina, una vez más, cumplió sus obligaciones, como lo viene haciendo desde la reestructuración de su deuda soberana de los años 2005 y 2010”, señala el comunicado de Economía. El congelamiento dictado por Griesa fue entendido como una suspensión (stay) de hecho, pero con vencimiento al 30 de julio, cuando vence el período de gracia para que se pague el Discount y el país ingrese a un default técnico. La interpretación de los funcionarios argentinos es que el país realizó el pago y un eventual default será cortesía de Griesa y del BoNY, que impiden a los bonistas el cobro.

La estrategia oficial deja en evidencia que cualquier cobro que reciban los fondos buitre no implicará una mejora en la oferta que deba ser reproducida al resto, ya que se estaría embargando dinero que ya dejó de pertenecer al país y que se encuentra en el BoNY. Esto vale para la interpretación de la cláusula RUFO, que obliga a replicar en los bonistas cualquier mejora “voluntaria” a los holdouts. “Su banco no ha hecho nada mal, pero propongo que el dinero sea devuelto a la República Argentina”, dijo Griesa al representante del banco fiduciario, a quien además aconsejó acordar con los demandantes la manera para que ese dinero no llegue a los bonistas. “Al tomar esta medida, el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los del Megacanje que cayeron en default en 2001”, señala el comunicado de Economía.

Según explican en el Palacio de Hacienda, el juez decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and Exchange Commission norteamericana (SEC), por lo que califican de insólita la medida. Pero, además, la decisión de Griesa impide que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar. Según la interpretación oficial, el país podría negarse a una devolución de los fondos por parte del BoNY debido a que la ley local no contemplaría la reversión de los fondos en caso del pago de compromisos de deuda soberana. Las partes continuarán negociando una alternativa al fallo que obliga a pagarles a los buitres en efectivo hasta el 30 de julio. “Todos sabemos que las negociaciones no se van a resolver en esta semana ni en la próxima”, sostuvo Griesa, quien exhortó a las partes a iniciar en esa misma tarde las discusiones con Pollack. La reunión con el mediador no pudo realizarse por temas de agenda.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo rector en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, quitó de la “lista gris” a la Argentina. En concreto, el país dejará de tener un seguimiento intensivo ante el plenario del GAFI debido al “cumplimiento acabado de las normas recomendadas” por la entidad. Este avance había sido adelantado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace dos semanas, cuando anunció que la Argentina había firmado el Memorando Multilateral de Entendimiento en la reunión de directorio de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco). “Iosco, que forma parte del G-20, acaba de aprobar el ingreso de la Argentina en el acuerdo multilateral de intercambio de información. O sea, en criollo, se pasa de la lista gris a la lista blanca”, argumentó la mandataria.

“La Argentina abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el establecimiento de procedimientos para identificar y congelar activos terroristas; la mejora de los procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; la garantía de que la UIF sea totalmente operativa y de funcionamiento efectivo; y la mejoría de los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas.” Así lo determinó el GAFI a través de un comunicado publicado en el sitio web del organismo.

El Grupo de Acción informó también que enviará al país una delegación para terminar de constatar las mejoras implementadas y concluir formalmente la etapa de revisiones exhaustivas. El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, estuvo en Francia siguiendo al detalle el último encuentro de este organismo, junto a funcionarios del Ministerio de Justicia.

En 2009, este organismo había hecho una evaluación sobre la Argentina y encontró que de las 49 recomendaciones internacionales, sólo cumplía correctamente con dos. Por este motivo, el organismo internacional incluyó a la Argentina en un listado de países “con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero” y lo sometió al seguimiento intensivo ante el plenario. Ahora, esta situación se revirtió.

“Desde 2010 hemos modificado sustancialmente todo el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se han efectuado modificaciones normativas y se ha reformado completamente la UIF, dotándola de las herramientas y los recursos necesarios para una efectiva lucha contra esos delitos”, manifestó Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Una de las últimas medidas estructurales del gobierno nacional fue la sanción de la ley de mercados de capitales. “Uno de los aspectos que permitieron el acceso a los estándares regulatorios internacionales fue la sanción de la nueva ley de mercado de capitales que alinea a la Argentina con las normas más avanzadas a nivel internacional, conforme las regulaciones previstas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, cumpliendo con los principios para el intercambio de información promovidos por la Iosco”, remarcó el Poder Ejecutivo hace dos semanas, luego del ingreso al Iosco.

El Iosco es un instrumento que establece un marco jurídico para consulta, cooperación e intercambio de información entre los firmantes. A través de esos acuerdos, los reguladores persiguen garantizar el cumplimiento de sus respectivas leyes o requisitos normativos internos respecto de los valores negociables.

“Con la firma del memorando se incrementará la protección de inversores, ya que se fortalecerá la prevención de las prácticas fraudulentas y otras conductas contrarias a la transparencia. Además, la investigación de los delitos y de las infracciones de grupos económicos y operaciones que vulneran las normas cambiarias, impositivas o de lavado de dinero se mejorará drásticamente”, argumentó Alejandro Vanoli, presidente de la CNV, en un reportaje publicado por Página/12 el pasado 14 de junio.

El ingreso en el Iosco es consecuencia de alcanzar los estándares internacionales reclamados por el GAFI. Es decir, esta medida está en sintonía con la reciente decisión de este organismo de sacar de la lista gris a la Argentina.

Desde Nueva York

“Stand up”, anunció el secretario del juzgado de Thomas Griesa y la sala llena de abogados, tenedores de bonos y periodistas se puso de pie para ver entrar al juez estadounidense que tiene en sus manos una de las causas judiciales más importantes de la historia argentina. Encorvado, Griesa ingresó a la sala con la cabeza inclinada hacia el piso, cubierto hasta el cuello con una larga túnica negra y con el andar dificultoso, aun para un hombre de 84 años. “El pago es ilegal y no va a ser realizado”, sentenció Griesa una vez ubicado en el estrado desde donde asomaba apenas su cabeza. El representante argentino, Carmine Boccuzzi, fue varias veces interrumpido por el juez mientras buscaba fundamentar la decisión del Estado nacional de realizar el pago de los 832 millones de dólares a los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda. En cambio, los fondos buitre, representados por Robert Cohen, aseguraron que el pago antes del vencimiento del 30 de junio constituyó un “desacato” y una “violación directa” de la orden judicial, por lo que solicitaron un pedido de información de los bienes argentinos en el exterior (discovery) para ser embargados. Griesa finalmente no aceptó ese pedido ni ordenó el embargo de los fondos. En cambio, le sugirió al abogado del Banco de Nueva York que devuelva el dinero depositado en su cuenta del Banco Central argentino y ordenó a las partes avanzar en las negociaciones bajo la tutela del “Special Master”, Daniel Pollack.

El piso 26º del edificio de los tribunales federales comenzó a poblarse lentamente a partir de las 7 de la mañana. Aquellos que querían presenciar la audiencia pública formaban fila apostados sobre las grandes paredes de mármol blanco en el hall anexo a la sala de audiencias. Pasadas las 10, el secretario del juzgado cambió su camisa turquesa floreada de estilo hawaiano por un traje formal y salió al pasillo para hacer ingresar a los periodistas “de la casa”, luego a los visitantes y por último el resto de los presentes. Ya que las seis filas de asientos de un lado y del otro no fueron suficientes, parte de los participantes se sentaron en el lugar destinado para el jurado, que dado el caso estaba vacío.

Como en una mezcla de películas de Wall Street y de juicios por jurados, de frente al magistrado se sentaron los abogados de los fondos buitre, los de los distintos bancos y los de la Argentina. Casi todos de mediana edad, traje oscuro y anteojos para leer.

“Argentina hizo lo que dijo que iba a hacer. Pagó a los bonistas reestructurados sin pagar a NML”, se quejó Cohen, el primero en acercarse al atril para hablarle a Griesa. Los fondos buitre fueron los que solicitaron la audiencia, tras conocerse la transferencia de 539 millones a la cuenta en Argentina del Bank of New York (BoNY). El abogado calificó varias veces esas medida como una “violación” de la decisión judicial, que ordenaba pagarles a los holdouts al tiempo que a los bonistas reestructurados. Dijo que Argentina actuó “desafiante” y “con desprecio”. “Simplemente ignoraron la orden del tribunal pensando que podían salirse con la suya”, remató Cohen. Griesa no se pronunció sobre el pedido de discovery y expresó, mitad en serio, mitad en broma, su fastidio por haber sido obligado a suspender sus vacaciones para atender este caso.

Luego fue el turno de Edward Friedman, del fondo Blue Note, el único abogado lookeado con un traje blanco a rayas celestes un par de talles más grandes y el pelo engominado y peinado hacia atrás. Su exposición fue también interrumpida por Griesa pero para darle la palabra al abogado del Banco de Nueva York, Eric Schaffer, y pedirle precisiones sobre la operación financiera realizada por el gobierno argentino luego de conocerse el rechazo del stay (suspensión) de la medida judicial.

–¿Hubo alguna instrucción del gobierno argentino sobre el destino de los fondos (depositados en el BoNY)? –le preguntó Griesa.

–No, no recibimos ninguna orden. El pago fue el normal y regular –respondió Sheffer.

–¿Y qué más pasó con el dinero? –prosiguió Griesa.

–Los fondos permanecen en la cuenta de nuestro banco en el Banco Central de Argentina. No pasó nada más –aseguró el abogado, que aprovechó para preguntarle al juez qué deberían hacer con ese monto, teniendo en cuenta que no quieren quedar sometidos a una posible demanda por incumplimiento de sus obligaciones como agentes de pago.

–Su banco no hizo nada malo –lo tranquilizó el juez y le dio una recomendación–. Creo que debería devolver el dinero a la Argentina.

Griesa no se guardó las críticas al gobierno argentino por la forma en que solicitó los dos stay y le indicó que avance en las negociaciones a través del mediador Pollack y sin poner obstáculos. “Las negociaciones son importantes”, sostuvo y agregó que esperaba su reanudación “esta misma tarde”. Al terminar la audiencia, Pollack confirmó que horas después habría un segundo encuentro entre las partes.

A su turno, Boccuzzi explicó que la Argentina realizó el depósito para ratificar su voluntad de pago y cumplir con las obligaciones que le manda la ley argentina. Dijo además que no podía mantener el statu quo mientras se realizaban las negociaciones, como le planteó el juez en la audiencia, porque eso implicaría incumplir sus compromisos. “Argentina espera poder entablar las conversaciones para resolver esta disputa”, sostuvo Boccuzzi.

Un representante de tenedores de bonos europeos le planteó a Griesa si tenía jurisdicción sobre el dinero transferido a la cuenta del Banco de Nueva York en Argentina, ya que ellos recibían los fondos sin que pasaran por los Estados Unidos. Sin medias tintas, Griesa desestimó el planteo y ratificó su jurisdicción en el caso.

Las paredes recubiertas de una madera oscura, el tapiz de un colorado opaco y la bandera norteamericana con un águila de metal en la punta de su mástil daban un aire denso al lugar, que a diferencia de muchos juzgados argentinos no tenía imágenes religiosas. Desde las ventanas del piso 26 podían verse los enormes edificios de Nueva York, cuna del capitalismo financiero internacional.