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Así como Sebastián Piñera aprovechaba cada contacto bilateral con CFK para plantear los reclamos de la línea aérea LAN en la Argentina, Macrì utilizó su primer encuentro con Dilma Rousseff para solicitar que se reviviera el crédito del banco brasileño de desarrollo para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Piñera era el principal accionista de LAN y aunque había colocado esas acciones en un fideicomiso, seguía gestionando a favor de la compañía chileno-estadounidense. Del mismo modo, Macrì tiene interés directo en las obras del Sarmiento, que están a cargo de un consorcio integrado por la constructora brasileña Odebrecht, la española Comsa, la italiana Ghella y la argentina Iecsa. Las dos últimas forman parte del grupo que conduce el nuevo jefe de la famiglia Macrì, el primo Angelo Calcaterra, hijo de la hermana de Franco y Tonino Macrì, María Pía".
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"Insistió e insistió con el fideicomiso ciego voluntario, y lo hizo. Pero lo que parece ser un acto de congelación de una actividad privada, mientras se ejerce la presidencia del país, más bien se asemeja a una estrategia legal que en la práctica atenta contra la transparencia de la función pública, la cual es clave para el control de la administración del Estado y del actuar funcionario. La verdadera ley que rige la función del presidente de la república corresponde principalmente a la Ley 18.575 de administración del Estado y no un fideicomiso ciego voluntario que esconde el patrimonio y sus modificaciones relevantes.
En efecto, Sebastián Piñera ha declarado su patrimonio identificando las sociedades en que participa, pero esa declaración nada dice de las ramificaciones que esas sociedades conllevan. Por ejemplo, se señala que es dueño de una “sociedad de inversiones x”, pero no sabemos si esa sociedad tiene acciones de alguna empresa productiva, institución financiera u otra, homologables a una actividad económica clara que podamos identificar.
La maraña de sociedades de inversiones o sociedades inmobiliarias esconden el interés último y ello atenta contra la transparencia requerida por la misma ley. Más aún, Sebastián Piñera ha entregado la administración de sociedades en que participa directamente a terceros -corredores de bolsa principalmente-, firmando contratos privados para ese efecto, en que teóricamente aquéllos no pueden informar de las inversiones que realicen al mismo Sebastián Piñera, y digo privado porque si, por ejemplo, alguno de esos terceros le llega a informar a Sebastián Piñera en lo que está invirtiendo sus dineros, no hay organismo público que pueda sancionarlo. A lo más el presidente se podría ʻenojarʼ y
terminar el contrato… Qué terrible.
Entonces, ¿qué pasaría si la Contraloría pidiera a Sebastián Piñera que le informaran las ramificaciones de las sociedades en que participa? Creo que él le remitirá la misma declaración de patrimonio que acaba de hacer y le explicará que las inversiones que hagan esas sociedades él no las conoce, porque a quienes les delegó la administración de ellas, en el fideicomiso ciego voluntario, por contrato, no le pueden informar… ¡Qué tal!
Ojalá la Contraloría, y aquí veremos si tiene cojones para ello, alegue que esos fideicomisos ciegos no son válidos porque van contra el espíritu de la ley de transparencia, al esconder finalmente el patrimonio ramificado y los cambios relevantes que se podrían producir y, así, exigir a Sebastián Piñera que informe los intereses últimos que encierran sus inversiones, para, con esa información, poder identificar claramente cuándo se produzcan los conflictos de interés en su función como presidente, inhabilitándose en lo que corresponda".
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Piñera financió campañas políticas a través del fideicomiso
Primer 
Cristina Fernández, en una imagen de 2015, cuando aún era presidenta argentina.