A través de un comunicado, Michetti dijo que el objetivo de la medida es "garantizar el pago de los salarios". "Si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de 570 millones", justificó y aseguró que la baja de los más de 2000 contratos "cuenta con el apoyo de las distintas bancadas".

Sostuvo que "el ex vicepresidente violó todas las reglas de ingreso y promoción que protegen la carrera administrativa de los trabajadores" y "puso en crisis, además, el presupuesto para 2016".

La vicepresidenta firmó un decreto por el cual se dan de baja las 2035 "designaciones políticas" de su antecesor y dispuso la creación de una "comisión revisora especial de máximo nivel" integrada por el senador Mario Daniele, el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego Lacu.

Esa comisión "analizará, en un plazo máximo de 120 días, la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses a la luz de las necesidades funcionales del Senado, que no variaron de manera sustancial desde el final de la gestión de Julio Cobos", explica el comunicado.

En tanto, el titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, calificó como "una barbaridad" la medida y advirtió que van a "luchar hasta las últimas consecuencias". "Realmente me parece que es una barbaridad esta medida de dar de baja a estos compañeros que afecta a más de 2000 familias que son de planta permanente, que están amparados por la ley y que vamos a recurrir", enfatizó el dirigente sindical.

En declaraciones a la agencia DyN, Di Próspero sostuvo que "es un gran error de la política de Estado" del oficialismo y pidió al Gobierno nacional que "se saque la careta". "Quieren hacer un estudio previo, forman una comisión donde no figura ninguno de los gremios para investigar si hay gente que trabajo o no y dan de baja estos contratos. Tendrían que haber empezado al revés y ver quiénes son los que no trabajan", afirmó.

"Somos gente de consenso y de diálogo, pero ellos cortaron todo consenso y todo diálogo y ahora vamos hasta las últimas consecuencias", remató el dirigente.

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Mediante un comunicado, los trabajadores precisaron que "ya el sábado 2 de enero, día laborable para gran parte de los trabajadores (aunque el centro cultural esté cerrado al público) nos presentamos a trabajar y nos encontramos con la misma negativa y también la desprolijidad de que varios de nuestros compañeros ficharon normalmente y luego fueron invitados a retirarse del edificio".

Según indica el comunicado, el sábado se les informó, mediante el personal de recepción y no de manera oficial, que las nuevas autoridades habían decidido que sólo se trabajaría de lunes a viernes. De todas maneras, hoy también se impidió el ingreso de gran parte del personal y una nuevo aviso imprevisto.

"Recibidos por personal de recursos humanos, se nos informó que seríamos sometidos a entrevistas laborales sin estar en nuestros puestos de trabajo, de hecho, que nos retiremos a nuestras casas y que ellos se irían comunicando con cada uno de nosotros", denuncian en el comunicado.

"Justificaron estar recolectando la información para ver como entraría en el nuevo organigrama del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y que llegado el momento, ellos se comunicarían. Nos invitaron a llenar un formulario con los datos que ya fueron dados y que incluso se encuentran en nuestros legajos", agregan los trabajadores.

Frente a esta situación, se decidió mantener un estado de asamblea permanente, acompañados por los sindicatos ATE Capital y UPCN Cultura, a la espera de que Lombardi o la secretaria Ricardes confirmen una reunión para mañana martes.

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El sindicalista remarcó la necesidad de "discutir con paritarias libres y que se respete el modelo" aplicado los últimos 12 años y rechazó la pretensión de algunos empresarios de negociar aumentos de salarios en función de la productividad porque la intención es "convertir los salarios de los trabajadores en rentabilidad propia".

"Quieren discutir productividad y nosotros queremos discutir con paritarias libres y que se respete el modelo que venimos llevando adelante desde hace 12 años ininterrumpidamente", insistió Yasky en declaraciones a FM Blue.

En tanto, Yasky rechazó también la posibilidad de "discutir paritaria en base a un modelo previamente pautado en el que aumento salarial se fija desde afuera de los sindicatos en una especie de acuerdo económico social".

"No puede haber ningún acuerdo económico y social que no parta de respetar los pilares básicos: paritaria libre, política de empleo, movilidad jubilatoria y consejo mínimo, vital y móvil. Eso ha hecho que durante 12 años las cosas socialmemete funcionarán bien pese a que había otros problemas como el impuesto a las Ganancias", indicó.

El titular de la CTA señaló que "hay empresarios que piensan que ahora tienen la oportunidad de tomar revancha y modificar unilateralmente las reglas de juego y eso los sindicatos no lo podemos permitir".

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