De la muerte, saben. Por eso lo dejaron todo y huyeron, sin esperar nada del Estado ni de nadie.
La semana pasada, unas 200 personas de nacionalidad colombiana cruzaron hacia Venezuela en búsqueda de refugio. La petición fue aceptada por las autoridades venezolanas y la alarma disparada por la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).
"Estas personas, que arribaron en su mayoría por el río Catatumbo, afirman temores de persecución y amenazas de presuntos grupos armados ilegales que pretendían ingresar a la zona tras el proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)", advierte el comunicado emitido el pasado 14 de febrero. La declaración reaviva el temor que se rumora desde hace años: ¿Han vuelto los paramilitares?
Los que no existen
Las denuncias por la presencia de grupos paramilitares se han incrementado aún más desde que empezó el proceso de desmovilización de los rebeldes de las FARC. Los territorios que anteriormente estaban bajo control de la guerrilla ahora temen ser secuestrados por esas organizaciones responsables de la mayoría de las víctimas civiles del conflicto armado en Colombia.
Lo grave es que el gobierno no las reconoce. El mes pasado, el propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró: "En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada".
Desde 2005, Colombia "eliminó" por ley el paramilitarismo. Mediante un instrumento jurídico, promulgado durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, se suprimió la palabra "paramilitar" y se le sustituyó por la expresión "organizaciones criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico". Pero el principio es el mismo.
La dirigente social Olga Quintero, entrevistada por Contagio Radio, denunció que los hombres que hoy amenazan con tomar por la fuerza los territorios dejados por las FARC "son grupos paramilitares que aún existen y que se están volviendo a rearmar en medio de este proceso de paz".
Desplazados invisibles
La preocupación por el paramilitarismo también ha llegado a Amnistía Internacional (AI). Este martes, la organización resaltó en su informe anual que si bien el proceso de paz ha contribuido a disminuir el impacto del conflicto en la población civil, las bandas herederas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras".
Aunado a ese panorama, es creciente el número de atentados en contra de defensores de Derechos Humanos. De acuerdo a las cifras de AI, en 2016 fueron asesinados 75 líderes sociales y comunales, y amenazados muchos más por parte de bandas paramilitares. Datos de otras organizaciones elevan el número de víctimas a 80 homicidios en el mismo período, la mayoría de ellos perpetrados por armas de fuego.
Por eso, muchas personas han intentado llegar a Venezuela. El gobernador del estado Táchira, limítrofe con Colombia por el Norte de Santander, ratificó el lunes pasado que el país ha recibido oleadas de refugiados desde el 10 de enero de este año pero rechazó que desde las Casa de Nariño aún no se admitan esos casos: "Por qué lo niegan. Cómo puede gente negar esto. Dejaron enseres, ganado, sus casas, se vienen con una mano adelante y otra atrás para salvarse", dijo la autoridad regional citada por El Nacional.
Acnur, entretanto, ha reconocido "la respuesta solidaria y rápida de las autoridades de Venezuela, que han acogido a estos refugiados y a otros miles que tuvieron que huir de la violencia en sus países de origen".
Los más vulnerables
Una comisión de verificación viajó a la región colombiana del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, y confirmó la presencia de paramilitares en la zona como causantes del desplazamiento de familias campesinas. Allí, los pobladores que quedan evitan enviar a sus hijos a la escuela por temor a los grupos ilegales.
Se espera que la comisión ofrezca en los próximos días un informe preliminar, en el que dará cuenta de los actores armados que han regresado para implantar la ley del terror. Pero la historia no ocurre sólo en Catatumbo.
En la región del Urabá, donde convergen los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, el miedo campea. Un reportaje realizado por el diario El Colombiano confirma que los habitantes de la zona están a merced de grupos armados que controlan las rutas del narcotráfico, especialmente el llamado Clan del Golfo, que se autodenomina como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, aunque las autoridades niegan que se trate de paramilitares.
La situación se repite en el departamento de Nariño, donde formaciones paramilitares, vestidos de camuflaje y con armas largas, se han apostado muy cerca de las zonas veredales de normalización transitoria dispuestas para la desmovilización de las FARC. La comunidad alerta que se trata de grupos armados pertenecientes a las bandas "Los urabeños" y "Los negritos". El Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Córdoba son otras jurisdicciones donde se ha denunciado un panorama similar.
Sin acompañamiento
Para Olga Quintero, la situación es crítica, tanto que el día en que se iba a movilizar la caravana de las FARC, la comunidad de La Gabarra -que hace 15 años sufrió una sangrienta masacre perpetrada por los militares- trató de impedir que los guerrilleros se fueran: "Era la prenda de garantía para que el gobierno nacional asumiera la responsabilidad de combatir y contrarrestar la nueva presencia paramilitar en la zona del Catatumbo".
Sin embargo, lo que más preocupa a la dirigente social es que, a su juicio, "no hay acompañamiento" a los pobladores para evitar que otros grupos armados tomen el lugar que deja la guerrilla, y el gobierno "sigue negando que existen paramilitares".
Entretanto, este martes las FARC enviaron una carta al Representante del Secretario general de Naciones Unidas para el proceso de paz, Jean Arnault, con el propósito de solicitar el ajuste del cronograma de la dejación de armas, como consecuencia de los incumplimientos logísticos del gobierno: "ninguna de las 26 zonas y puntos tiene la infraestructura para albergar a los guerrilleros en condiciones de normalidad".
El temor de los actores que están comprometidos con el fin de la guerra en Colombia se resume en la advertencia que hizo Quintero la semana pasada: "La paz es garantizar la vida y la tranquilidad de los pobladores colombianos y, obviamente, lograr cuestiones de justicia social (...) No podemos permitir que el terror se repita".
Nazareth Balbás
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Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá.