PáginaI12 En Gran Bretaña

Desde Londres

¿Es posible revertir el Brexit? La Corte Suprema británica concluyó ayer cuatro días de sesiones transmitidas en vivo para decidir a quién corresponde activar el artículo 50 para negociar la separación de la Unión Europea (UE): el veredicto se conocerá a principios de 2017, año que se las trae en el primer mundo (Donald Trump, Brexit, elecciones en Francia, Holanda y Alemania). El miércoles la Cámara de los Comunes aprobó una moción laborista para que el gobierno “informe al parlamento del plan que tiene para las negociaciones antes de invocar el artículo 50”, pero Theresa May logró que la Cámara incluyera una enmienda por la que acepta que “el gobierno iniciará el proceso antes del 31 de marzo”.

El argumento legal que analiza la Corte Suprema es entreverado, pero apunta al corazón del funcionamiento de Gran Bretaña (que no tiene constitución escrita) y la Unión Europea (que se gobierna por tratados). Según el gobierno, la política exterior es una “prerrogativa real” (mecanismo que viene del siglo 13 cuando el Rey era soberano absoluto) que le corresponde al ejecutivo. La demandante, Gina Miller, no cuestiona la “prerrogativa real”, pero argumenta que la separación de la UE no es un tema de política exterior sino doméstica ya que la legislación europea fue incorporada al Derecho británico cuando el Reino Unido se sumó al bloque europeo en 1973. En temas domésticos el parlamento es soberano.

Nadie sabe si los 11 jueces de la Corte Suprema ratificarán el fallo contra el gobierno de Theresa May de la Alta Corte de Londres en noviembre, ni si el caso puede llegar a la Corte Europea de Justicia que todavía sigue vigente como última instancia jurídica supranacional para el Reino Unido. En todo caso el dictamen de los supremos solo es la pata judicial del entuerto. A nivel político, la votación del miércoles dejó a eurófilos y eurófobos reivindicando la victoria en una batalla que sigue polarizando a la población británica. Los eurófilos interpretaron que la votación a favor de la enmienda laborista garantiza que el gobierno de Theresa May deberá informar el plan que llevará adelante a la negociación europea, algo a lo que la primera ministro se había negado terminantemente desde que asumió en julio. Los eurófobos se sienten victoriosos porque el parlamento aceptó que se invoque el artículo 50 antes de fin de marzo y la garantía de información excluye material “que pueda perjudicar la posición negociadora del Reino Unido”, frase abierta a interpretaciones. Uno de los más fervorosos eurófobos, el ex líder conservador y ex ministro de Seguridad Social, Ian Duncan Smith, está convencido de que los eurófilos “firmaron un cheque en blanco” al gobierno.

El fallo de los jueces puede inclinar la balanza en una dirección u otra porque si respaldan la necesidad de un debate parlamentario reforzarán el escrutinio de los diputados de esa caja de Pandora que es el Brexit. El escrutinio parlamentario que más preocupa al gobierno es el toma y daca económico con los 27 miembros de la UE. Theresa May ha dicho que quiere lograr el mejor acuerdo para los británicos - una obviedad, sería traición a la patria si no lo deseara - pero se ha negado a explicitar si éste punto óptimo se logra conservando el Single Market (pleno acceso al mercado europeo a condición de que haya libre inmigración), mantener la Política Común Aduanera (libre comercio, pero aranceles comunes, es decir, imposibilidad de acuerdos bilaterales por fuera de la UE) o un “Hard Brexit” que implicaría una separación completa de la UE y regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (aranceles para todos los productos que comercia con Europa).  

 El costo económico de estas fórmulas desvela a muchos. Según el órgano oficial Office of Budget Responsability el costo de un “Hard Brexit” ascendería a alrededor de 90 mil millones de dólares en los próximos diez años. La Unidad de Inteligencia del semanario The Economist, el EIU, predice una caída del 3% del PBI. El sector más competitivo británico, el financiero, podría perder el llamado “pasaporte financiero” que le da acceso al mercado europeo. Según le comentó a la BBC el regulador financiero de Francia, Bernoit de Juvigny, varios bancos internacionales están haciendo preparativos de emergencia para trasladarse a París. 

A nivel diplomático el tono beligerante de ministros, políticos y amplios sectores de la prensa británica cae particularmente espeso en Bruselas. Esta semana el jefe de la diplomacia europea a cargo de la negociación del Brexit Michel Barnier advirtió que los dos años que cuentan para finalizar una negociación a partir de la invocación del artículo 50 son en realidad 15 a 18 meses porque las partes tienen que prepararse para las negociaciones y luego de llegar a un acuerdo, lograr la ratificación unánime de los 27 miembros. 

La elección general en Francia y Holanda en marzo, en Alemania en setiembre y la casi segura necesidad de recurrir a las urnas para resolver la crisis en Italia demorarán aún más las definiciones. El analista global del EIU Mike Jakeman indicó a PáginaI12 que es imposible llegar a un acuerdo en dos años. “El gobierno británico no tiene un rumbo claro ni tiene el aparato diplomático que se necesita para una negociación tan compleja. La única manera de evitar un Hard Brexit es llegar a un acuerdo interino que permita más tiempo para avanzar a un acuerdo definitivo”, señaló Jakeman. El acuerdo interino tampoco es una vara mágica: requiere unanimidad de los 27 miembros y tiene un alto costo político para el Reino Unido (libre circulación de personas, vigencia de la Corte Europea de Justicia y pagos presupuestarios). 

 Entre los monstruos que pueden salir de la Caja de Pandora del Brexit se encuentra la separación de la justicia británica y la europea que ha sido comparada a la de hermanos siameses en la que el corte de “cualquier nervio o sinapsis mal ejecutado puede tener consecuencias devastadoras”. Ejemplo típico son los miles de contratos firmados durante el período en el que la Corte Europea era la última instancia judicial: ¿quién decide en casos de litigio futuro?

La misma imbricación se percibe a nivel económico. La perturbación de las cadenas productivas que unen al Reino Unido con la UE golpearían a la industria automotriz o la aeroespacial británicas. Airear estos escenarios inciertos en el parlamento tendrá un impacto político que será mayor si, como predicen muchos analistas, la tensión política y diplomática con la UE se refleja en una desaceleración económica. En este contexto el revuelto panorama europeo será una de cal y otra de arena para Theresa May. El Reino Unido no podrá escapar a una turbulencia europea y, al mismo tiempo, podrá señalarla como justificación adicional de su estrategia de separación de la UE. 

Será un 2017 para alquilar balcones.

Por el prestigio académico 

El Brexit plantea “grandes desafíos” al sistema de educación superior del Reino Unido, y podría empujar a la reputación de las universidades británicas al “borde de un acantilado”, advirtieron destacados académicos y personas influyentes. La evidencia escrita publicada por el Comité de Educación de la Cámara de los Comunes puso en relieve las preocupaciones de los 190 grupos individuales y representantes de la educación, después de una investigación sobre el impacto en el sector de la educación superior tras el resultado del referéndum. University College de Londres (UCL) advirtió que el Brexit creó un “elevado riesgo de reputación para la educación del Reino Unido en su conjunto”, mientras que la solicitud de la Universidad de Cambridge advirtió de un “riesgo significativo” para la investigación en el Reino Unido. Un número de comunicaciones le pidieron al gobierno una mayor transparencia sobre cómo podría verse afectado el personal no perteneciente al Reino Unido por la decisión de Gran Bretaña de abandonar la UE.