El promedio de Gasto Público total del período 1961 a 2016 fue del 24,95 por ciento. El proyecto político que comenzó en 2003 y culminó en 2015 tuvo un promedio de Gasto Público total sobre PIB corriente de 21,94 por ciento, terminando el último año en 26,46 por ciento. Ese indicador en el período 2003-2015 estuvo por debajo del de la Convertibilidad (1991-2001), que tuvo un promedio de 26,08 por ciento, y que finalizó en 2001 con un ratio de 30,65 por ciento del PIB.

La famosa pesada herencia del kirchnerismo, relacionada con el Gasto Público total sobre el Producto, fue sobrepasada en 16 años durante los últimos 56 y a diferencia de lo ocurrido durante aquellos años, esta vez el mayor GP estuvo explicado por la construcción de un Estado nacional al que se lo dotó de las capacidades productivas, administrativas, sociales y políticas, que habían sido destruidas primero por la dictadura cívico– militar y después por el menemismo. 

Logros

Es necesario recordar los logros del kirchnerismo. Según el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional 2016, aprobado por mayoría del Congreso Nacional, las pensiones no contributivas que incluyen pensiones a la vejez, por invalidez y para madres de siete o más hijos y están especialmente dirigidas a poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad que no cuentan con apoyo económico pasaron de poco menos de 340 mil en 2003 a más de un millón y medio (1.543.781) en 2014.

Un hito fundamental en materia de ingresos de la población fue la política previsional que amplió la cobertura mediante la continuidad del otorgamiento de facilidades a los adultos mayores para acceder al beneficio jubilatorio (permitió pasar de menos del 60 por ciento de beneficiarios en relación a la población en edad de jubilarse en 2003 a casi el 97 por ciento) y la actualizó los haberes aplicando la ley de movilidad jubilatoria.

El programa “Incluir Salud” financió la cobertura médico–asistencial a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros; transfirió recursos a las provincias, las cuales brindaron las prestaciones médicas a los titulares de pensiones asistenciales y no contributivas, atendiendo a más de un millón de ciudadanos y ciudadanas.

En Educación y Cultura sobresalen los lineamientos establecidos en la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, en la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, en la Ley 26.206 de Educación Nacional y en diversos planes nacionales como el Plan Nacional de Educación Obligatoria, el Plan Nacional para la Educación Secundaria y el Plan Nacional de Formación Docente.

En 2015 se realizaron modificaciones al Plan Progresar para poder captar una mayor cantidad de destinatarios para aumentar la cantidad de jóvenes titulares de derecho, pasando de 700.000 a 1.000.000. En marzo se amplió el programa incluyendo a losjóvenes de 18 a 24 años que estudian y cuyas familias cobran menos de tres salarios mínimos.

Intereses pagados

Los estallidos provocados por el endeudamiento externo fueron estimulados por intereses impagables: en 1982 los intereses totales representaron 7,63 por ciento del PIB, explicado fundamentalmente por los intereses pagados en moneda extranjera, que representó para ese año el 3,42 por ciento del PIB. En el año que se precipitó el default (2001), los intereses totales  representaban el 5,07 por ciento del PIB y estuvieron explicados casi en su totalidad por intereses pagados en moneda extranjera, que fueron el 4,8 por ciento del PIB.

 En los gobiernos de 2003-2015, los intereses tuvieron un promedio del 1,72 por ciento del Producto, y finalizaron en 2015 con intereses de deuda total del 2,06 por ciento del PIB, siendo los intereses en moneda local del 1,14 por ciento, mayores a los intereses en moneda extranjera del 0,92 por ciento del PIB para ese año.

El endeudamiento comenzado por la dictadura cívico–militar y continuado luego por la Convertibilidad limitaron las posibilidades de política económica de los gobiernos sucesivos, al ubicar el pago de intereses como uno de los rubros de mayor relevancia de la política económica. El desguace del Estado funcionó como parte de las garantías para poder emitir nueva deuda necesaria para refinanciar los compromisos preexistentes.  

Sin la posibilidad de soberanía fiscal ni monetaria, los instrumentos disponibles fueron usados solamente para disciplinar al conjunto de la sociedad y de los trabajadores. No hubo dinero para aumentos de las jubilaciones, ni para los planes de obras públicas necesarios para el crecimiento y desarrollo del país.

Quiebras

Hubo cuatro períodos históricos con quebrantos de las cuentas públicas. El primero fue el Rodrigazo en 1975, cuando se llegó a un déficit primario del 12,67 por ciento y un déficit financiero del 13,84 por ciento del PIB. Las políticas de Celestino Rodrigo de tarifazos, devaluación y ajuste fiscal produjeron una inflación del 335 por ciento y una caída del nivel de actividad. 

La crisis de sobreendeudamiento del 1982 impuesta por los militares llevó el déficit primario al 5,37 por ciento y el déficit financiero al 11,27 por ciento del PIB. La inflación fue del 131 por ciento y el nivel de actividad cayó 5,19 por ciento.

La crisis de 1989, originada por la irresuelta deuda de la dictadura, llevó el déficit primario al 3,66 por ciento y el déficit financiero al 7,81 por ciento del PIB. Los pagos de intereses de deuda y los problemas para la refinanciación de los mismos, produjeron una devaluación de la moneda que derivó en hiperinflación del 4923por ciento y a una caída de la economía del 7,16 por ciento.

La crisis del fin de la Convertibilidad en el 2001 registró un déficit primario del 1,96 por ciento y un déficit financiero del 7,03 por ciento del PIB. El ajuste fiscal para sustraer recursos de la economía para el pago de deuda terminó en un estallido social y en la salida anticipada del gobierno.

Déficit

El fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner registró, con el recalculo del PIB corriente del nuevo Indec, un déficit primario del 1,79 por ciento y un déficit financiero del 3,85 por ciento.

 En el nuevo gobierno que asumió en diciembre de 2015, computó ingresos extraordinarios del blanqueo de capitales como recursos tributarios corrientes, que por otra parte no se coparticiparon con las provincias, las cuales les correspondería aproximadamente el 30 por ciento de esos recursos. Con esos ingresos extras se presentó, con una nueva metodología de cálculo de los recursos fiscales, que en 1016 el déficit primario había sido del 4,46 por ciento y el déficit financiero del 4,53 por ciento del PIB, cuando en realidad fue un déficit primario del 6,01 por ciento y un déficit financiero del 6,08 por ciento del PIB. 

Para el corriente año se proyecta un déficit primario, con el nuevo cambio de metodología de medición, de 6,39 por ciento y un déficit financiero del 8,82 por ciento, que sumados a un déficit cuasifiscal (BCRA) del 1,85 por ciento del PIB, terminará con un resultado fiscal negativo de 10,68 por ciento del PIB. 

Sobre esta herencia, realmente pesada, que dejará el gobierno en curso, sus funcionarios no dicen nada.

* Magíster en Finanzas (UNR).