La mal llamada democracia española ha metido en la cárcel a dos activistas sociales pacíficos. Tal y como lo había solicitado la Fiscalía, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y òmnium. ¿El motivo? “Promover el asedio a la Guardia Civil el 20 septiembre”. Ser los principales promotores de las protestas de los días 20 y 21 delante de la sede de la Conselleria de Economia los convierte en culpables de un delito de sedición.
Recordemos que la Real Académica Española entiende por sedición cualquier “alzamiento colectivo y violento contra la autoridad”. Sí, lo han leído bien, violento. Sánchez y Cuixart, los mismos que han recordado día tras día la importancia de luchar mediante el pacifismo, duermen hoy entre rejas por sedición.
Parece ser que a la jueza Lamela le impactaron más tres coches de la Guardia Civil destrozados que ver a sus conductores en plena acción durante el 1 de octubre porra en mano. Puede que el hecho de haber recibido la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil y la medalla policial de Interior sea el motivo de esta sobreprotección de Lamela hacia la policía española.
Catalunya, durante los últimos años, se ha mostrado al mundo y ha difundido su reivindicación a través de ejemplares movilizaciones pacíficas, familiares e ingeniosas que ANC y òmnium han ido organizando. Unas manifestaciones masivas en las que hasta la última papelera se ha mantenido intacta. Encarcelando a Cuixart y Sánchez por “violentos” se está encarcelando a dos millones de catalanes. ¿Quién es el valiente que les hablará ahora de diálogo con el gobierno de España?
Vivimos en una España en la que Rajoy exige que se vuelva a la legalidad por querer llenar urnas de papeletas mientras los maletines y bolsillos de miembros de su gobierno se llenan de billetes. Vivimos en una España que se enorgullece de detener convocantes de manifestaciones pero que no se avergüenza de la impunidad de los crímenes del franquismo. Vivimos en una España que habla de cumplir la ley, una ley “igual para todos” de la que Urdangarin se ríe.
Vivimos en una España que va cogiendo forma de Turquía al ritmo de “¡A por ellos, oé!”
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