Los policías trasladaron aún con vida a García, de 69 años, al hospital Casimiro Ulloa, a solo 600 metros de su domicilio y donde ingresó con un diagnóstico de herida de bala con entrada y salida en la cabeza. Poco antes, a primera hora del miércoles, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad debidamente identificados habían acudido a su vivienda, en el acomodado barrio limeño de Miraflores, para ejecutar la orden de arresto que pesaba contra él. Tras ser informado de “la ejecución de la medida judicial” por los agentes y el fiscal Henry Amenábar, el político alegó que debía hacer una llamada de teléfono. García entró en su habitación, cerró la puerta y a los pocos minutos se oyó un disparo. La policía forzó la puerta y halló al exmandatario malherido. Tras unas horas en el hospital, su fallecimiento fue confirmado por Vizcarra a las 10.30 de la mañana (17.30 en la España peninsular).

“La intervención de la policía se ha ceñido a protocolos establecidos y apoyado en una diligencia judicial dictada por un juez en un caso emblemático como Lava Jato”, informó Carlos Morán, ministro del Interior. 

El exmandatario, que presidió el Ejecutivo entre 1985 y 1990 y de 2006 a 2011, estaba siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción del metro de Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht, un gigante del sector. La orden de detención cautelar de García durante 10 días —idéntica a la ejecutada la semana pasada contra el expresidente Kuczynski— había sido emitida por un juez a petición del equipo especial de la fiscalía para el caso Lava Jato. Pero la investigación no solo alcanzaba al expresidente, sino a su círculo más cercano en su segundo Gobierno. Enrique Cornejo, ministro de Transportes, ha sido detenido este miércoles; también están implicados el exsecretario de la Presidencia y ministro de la Producción al final de ese mandato, Luis Nava, y Miguel Atala Herrera, que fue vicepresidente de la estatal Petro Perú y recibió, presuntamente, pagos de Odebrecht por 1,3 millones de dólares en una cuenta en la Banca Privada D’Andorra. Las siguientes detenciones deberían ser las de los hijos de Nava y de Atala, que, supuestamente, también recibieron dinero de Odebrecht.

El equipo especial de la fiscalía para el caso Lava Jato investigaba a García, del Partido Aprista, desde noviembre por los delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias, es decir, por su participación en la concesión a la empresa brasileña de las obras de la línea 1 del Metro de Lima y por la percepción de aportaciones irregulares para su campaña electoral. El 17 de noviembre un juez dictó la orden de no abandonar el país y el exmandatario pidió asilo en Uruguay, refugiándose en casa del embajador de ese país en Lima. El Gobierno de Tabaré Vázquez denegó la solicitud dos semanas después.

La constructora brasileña —que colabora con la Justicia peruana— ha protagonizado en los últimos años el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina, con ramificaciones en varios países, entre ellos Perú. La trama ha salpicado a los cuatro expresidentes peruanos que han gobernado desde 2001: Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y el propio García. Los dos primeros ya han pisado la cárcel por este caso.

La corrupción ha depredado el Estado peruano y sus arcas desde 1821, cuando fue declarada la independencia. Pero hasta el estallido del caso Odebrecht, según el libro Historia de la corrupción, de Alfonso Quiroz, en casi 200 años el único presidente preso por este motivo era Augusto Leguía, fallecido en 1932 en la cárcel de Lima.

Alejandro Toledo es prófugo de la justicia desde 2017. Según consta en la petición de extradición a Estados Unidos, Toledo prometió al exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata —el hombre clave de la investigación—, 6 millones de dólares a cambio de la concesión de las obras de la carretera Interoceánica. El testaferro de Toledo, el empresario peruano-israelí Yosef Maiman, ha reconocido ante las autoridades que recibió de la constructora más de 17 millones de dólares destinados a Toledo.

Desde el pasado miércoles, Kuczynski se halla en detención preventiva a petición del equipo especial de la Fiscalía que lo investiga por actos de corrupción, supuestamente cometidos durante su etapa como ministro de Toledo, al otorgar dos concesiones al gigante brasileño: la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos. También se le imputa blanqueo de capitales en agravio del Estado.

Los fiscales, tras recabar más pruebas en los últimos días, cerraron el lunes la investigación preliminar sobre Kuczynski y se disponen a instruir el caso. Por ello han pedido prisión preventiva de 36 meses para el exbanquero de inversión que gobernó Perú entre julio de 2016 y marzo de 2018. El político a la presidencia del país debido al escándalo generado por la presunta percepción de pagos como consultor de Odebrecht mientras era ministro.

También cumple prisión preventiva durante 36 meses, desde octubre, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, presuntamente procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cumple 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y corrupción.

Gracias a un acuerdo de colaboración entre los investigadores y la constructora, firmado el 14 de febrero, la empresa ha entregado nuevas pruebas de sobornos a altos cargos peruanos. Las más recientes, divulgadas por el medio digital IDL-Reporteros y el diario El Comercio, prueban que Odebrecht entregó al menos cuatro millones de dólares a quien fue la mano derecha de García durante su Gobierno, el exsecretario de la Presidencia y exministro Luis Nava. Nava niega los hechos y desde el lunes está internado en una clínica local.

Apenas 24 horas antes de acabar con su vida, Alan García manifestó el martes que los documentos que dan cuenta de transferencias millonarias a Nava, no lo vinculaban a él con pagos de sobornos. “A mí no se me menciona, espero que las personas mencionadas respondan y hagan sus descargos y que el 23 el señor Barata termine con esta telenovela ante los fiscales. Estoy con impedimento de salida del país que ya es una sanción, soy el hombre más investigado en Perú en los últimos 30 años”, comentó en su casa.

La investigación a Ollanta Humala, en el poder entre 2011 y 2016, por pagos irregulares de Odebrecht a su campaña en 2011, es la más avanzada y está pendiente la acusación fiscal.

El antiguo superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, será interrogado por los fiscales la próxima semana. Desde 2018, los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela se hallan entre los personajes más conocidos por los peruanos de a pie, por su investigación a los políticos citados. Sus pesquisas han requerido viajes a Andorra, Tel Aviv, São Paulo y Curitiba, donde mantienen un contacto fluido con los investigadores de la Fiscalía brasileña.