Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis...”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.

El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.

El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.

Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”

El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.

Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.

Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”

Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.

Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”

El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.

Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”

Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.

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(Gran Papiyo)           

El juicio que empezó el 11 de diciembre de 2009 es uno de los tramos en que se dividió la llamada megacausa ESMA. El proceso resultó más largo de lo previsto, entre otras razones por una de las características que distinguieron este centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar bajo la órbita de la Marina: es uno de los pocos campos de concentración con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados.

La densidad de los relatos le dieron al juicio otra singularidad. La sala tuvo múltiples querellas, integradas por organismos de derechos humanos que multiplicaron las voces de la acusación pero también las perspectivas. La defensa de la mayoría de los acusados, por su parte, hizo un culto al “heroísmo de los mártires”. Los más moderados esgrimieron la teoría de los dos demonios, pero todos se consideraron víctimas y "perseguidos políticos".

La Fiscalía había solicitado prisión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Julio César Coronel, Jorge Rádice, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Alberto González, Juan Carlos Fotea, Ernesto Weber, Ricardo Cavallo, Néstor Savio, Manuel García Tallada; y 25 años de prisión para Antonio Montes, Juan Antonio Azic, Pablo García Velazco y Carlos Capdevila.

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(Gran Papiyo)         

En su testimonio ante el Tribunal, Walsh reclamó a uno de los procesados, Jorge "Tigre" Acosta, por el destino del cuerpo de su padre y solicitó que se preserve el campo de deportes de la ESMA para que se realicen peritajes para confirmar o no la existencia de cadáveres calcinados en el predio ubicado entre la Avenida Cantilo y la costa del Río de la Plata.

La hija del autor de "Operación Masacre" destacó que, durante el juicio iniciado hace 22 meses, "escuchar testimonios de sobrevivientes por casi dos años fue muy duro para los familiares, el juicio fue revelador porque contó con testigos que declararon por primera vez y que aportaron datos desconocidos".

En el caso de su padre, la exlegisladora puntualizó que "por primera vez hubo testimonios que contaron con más detalle lo ocurrido en la última casa en la que vivió mi padre (en San Vicente), que quedó completamente destruida, donde robaron su último cuento `Juan se iba por el río´ y que actualmente está ocupada por una familia de un policía retirado".

Recordó también que se pudo "reconstruir lo que pasó en el río Carapachay, en el Delta del Tigre, en la última casa que mi padre alquiló y donde pudimos probar que los hechos que ocurrieron antes de su desaparición, también involucraron a tres casas vecinas que fueron ocupadas por un grupo de tareas y sus ocupantes secuestrados y llevados a la ESMA".

Walsh defendió el pedido de la querella conformada por el colectivo Justicia Ya y la agrupación Memoria Verdad y Justicia, de "reclusión perpetua en cárcel común para todos los acusados" en el marco de "un genocidio planificado". "Son crímenes de lesa humanidad y no se puede pensar en cumplir condena en barrios privados o en los domicilios por el sólo hecho de ser mayores, cuando existen servicios médicos en las unidades carcelarias", afirmó.

Rodolfo Walsh fue baleado por un grupo de tareas de la ESMA el 25 de marzo de 1977 en el barrio porteño de San Cristóbal. El periodista, que acababa de escribir y distribuir la Carta Abierta a la Junta Militar al cumplirse un año del golpe militar, respondió al ataque y, malherido fue trasladado al centro clandestino que funcionó en la ex ESMA, donde fue visto por algunos secuestrados.

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(Gran Papiyo)           

El ex capellán de la policía de Rosario Eugenio Zitelli, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de esa ciudad, quedó detenido ayer. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes interrogará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del sacerdote. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le siguen el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Sotera –jefe de la inteligencia militar– y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. “Es un paso trascendental para la Justicia, porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de Estado”, señalo el fiscal federal Gonzalo Stara, quien había pedido la detención del sacerdote por el caso de Eduardo Bracaccini, entre otros, desaparecido de Casilda.

El juez Bailaque reveló a Página/12 que “Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales de Zavalla” y designó un defensor particular, Eduardo Romera. Este letrado fue defensor en su momento de Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la Justicia Federal.

La detención e indagatoria del ex capellán de la Unidad Regional II entre los años 1964 y 1983, Eugenio Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la Justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone.

Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y está a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el “apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II”, según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty y agregó: “En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga”, pedido que se está concretando en estas horas.

Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que “está registrado” que el cura Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detención.

Muchos fueron los testimonios que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari, quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaidía de Mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender “que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo”.

El listado de los represores con pedido de indagatoria en esta causa se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.

También figuran en la nómina Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, la mano derecha de Agustín Feced.

Ayer, el magistrado les tomó declaración a dos ex policías, Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.

Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre él aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del ’70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos.

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(Gran Papiyo)         

“Pensábamos que no se refería sólo a uno o dos niños o uno o dos oficiales, era un plan”, dijo Elliot Abrams.
Imagen: Joaquín Salguero.

Elliot Abrams se presentó como consultor, casado, nacido en Estados Unidos el 24 de enero de 1948. Su voz y figura llegaban a la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py a través de una pantalla. Declaró por videoconferencia desde Washington en el juicio por el plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura. En 1982 era subsecretario de Derechos Humanos de Estados Unidos y en ese rol mantuvo una conversación con el embajador argentino en ese país, Lucio García del Solar, en la que este último admitió que tanto el canciller Juan Ramón Aguirre Lanari como el dictador Reynaldo Benito Bignone estaban al tanto del robo de hijos de desaparecidos. El hecho fue documentado en un memo de carácter reservado revelado en 2002 por Página/12. Ayer, Abrams ratificó el contenido de ese papel y explicó: “Estábamos (el gobierno de los Estados Unidos) al tanto de que algunos niños habían sido sustraídos estando los padres en prisión o fallecidos y pensábamos que no se refería sólo a uno o dos niños o uno o dos oficiales que hubiesen sustraído a los niños, sabíamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos niños se entregasen a otras familias”.

El memo

Abrams y García del Solar se reunieron el 3 de diciembre de 1982 a la una del mediodía en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carleton de Washington. “Había dos temas principales, la certificación (una especie de certificado de buena conducta en derechos humanos) y la cuestión de los desaparecidos”, apuntó el funcionario estadounidense en un documento que fue parte de los 4677 cables secretos sobre el terrorismo de Estado en la Argentina que el Departamento de Estado desclasificó en agosto de 2002.

Abrams informó luego del encuentro a sus superiores: “Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su visión pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacar los chicos de sus padres adoptivos. Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia o por una comisión que incluya la Iglesia, a doctores, etc. Las acciones respecto a estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de acuerdo y que tocaría este punto una vez más con su capital”.

La audiencia

El papel que prueba que de Bignone para abajo estaban enterados de las apropiaciones de niños, y que la dictadura se negaba a devolver a los hijos de desaparecidos a sus familias biológicas aun luego de la sugerencia de los Estados Unidos, fue publicado por este diario el 23 de agosto de 2002 y presentado como prueba en el juicio por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. Ayer Abrams ratificó la veracidad del memo y su contenido. Y, a partir de las preguntas de Alan Iud y María Inés Bedia, representantes de Abuelas, y la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, explicó el contexto en el que fue elaborado. La declaración contaba con traducción simultánea, pero el ex funcionario republicano, que estaba en el consulado argentino en Washington, no la esperaba, aunque sí respondía en inglés.

–Según su experiencia, ¿este diálogo con García del Solar, en qué nivel de diplomacia lo ubica? –quisieron saber los abogados de Abuelas.

–Se trata de una conversación importante, el hecho de que sólo estuviéramos nosotros dos fue significativo, para así poder hablar más honestamente que si hubiese más gente, el hecho de redactar este memo tan detallado indica que era de suma importancia.

–¿Conoció casos análogos a la Argentina sobre los niños en otros países?

–No. Había muchas juntas militares en los países de América latina y en Asia, no recuerdo ningún caso similar a éste de niños sustraídos, éste fue el peor caso.

–¿Al tomar conocimiento de que varios niños fueron sustraídos, tomó conocimiento o al menos elaboró alguna hipótesis sobre por qué esos niños eran sustraídos y no entregados a la familia? –le preguntó Roqueta.

–Sí, me acuerdo de dos factores importantes. Uno era que las familias de los desaparecidos eran vistas como no aptas para criarlos, que eran comunistas. El segundo factor es que en algunos casos las familias a los que los entregaban no podían tener hijos, entonces lo consideraban como una bendición para estas familias leales al régimen.

–¿Esta es su opinión o tuvo otros elementos para llegar a este análisis?

–No es un análisis propio, sino lo que circulaba en el gobierno de Estados Unidos, lo que no recuerdo es en qué se fundamentaba. Pero me acuerdo que era sí, no recuerdo la fuente.

–De acá surge que el embajador iba a transmitir esta preocupación al presidente de la Nación...

–En el memo dice que el embajador ya había hablado con el ministro de Relaciones Exteriores y con el presidente.

–Después de esta reunión, ¿por parte del gobierno argentino hubo alguna propuesta? ¿Acercó al gobierno de Estados Unidos alguna idea?

–Realmente no me acuerdo, a lo mejor existen otros documentos, pero participaríamos en esto hasta que hubiese un gobierno democrático, después de eso considerábamos que debía tratarlo el propio gobierno argentino.

Con la llegada de la democracia y el comienzo de los juicios a los represores, los militares, e incluso el gobierno de Raúl Alfonsín, sostuvieron que la apropiación de niños fue uno de los “excesos” de la represión ilegal, un delito cometido por unos pocos fuera de la estructura montada por los jefes castrense. Las Abuelas de Plaza de Mayo y abogados defensores de derechos humanos demostraron que el robo de bebés fue una práctica sistemática.

“Consideramos que el de Abrams fue un testimonio importantes porque acreditó la veracidad del memo y si bien eso no estaba puesto en duda, para el sistema judicial argentino puede resultar extraño un documento de esas características. Y es una prueba importante contra Bignone y (Rubén) Franco (ex jefe de la Armada integrante de la última junta militar). Además, aportó interpretaciones sobre el documento que si bien podían ser inferidas, es diferente si lo afirma una persona que fue funcionario de jerarquía”, dijo Iud a este diario. Las Abuelas señalaron en un comunicado que consideran que “tanto el memo al que logramos acceder como la declaración de Abrams constituyen pruebas importantes” y por lo tanto redoblaron su pedido “para que se desclasifiquen todos los documentos de Estados Unidos, en particular de la CIA y el FBI, que puedan aportar información clave para encontrar a los nietos y nietas y condenar a los genocidas”.

Los documentos que reflejan la conversación entre Abrams y Lucio García del Solar.

 

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(Gran Papiyo)         

El ex dictador Jorge Rafael Videla, que ya tiene dos condenas a prisión perpetua por crimenes de lesa humanidad, se negó a declarar hoy en torno del presunto secuestro y torturas a 13 ciudadanos peruanos durante el Mundial de Futbol de 1978, en el marco del Plan Cóndor, de cooperación represiva en la región. 

Requerido por el juez federal Norberto Oyarbide, Videla ingresó caminando poco después de las 14.30 al despacho del magistrado en los Tribunales Federales de Retiro, con esposas en la muñecas al frente, y conducido por agentes penitenciarios que lo trasladaron desde el Penal de Campo de Mayo, donde cumple condena.

Oyarbide dictó hace semanas un pedido de captura a Interpol del ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez, a quien acusó por la presunta captura y posterior traslado a la Argentina de un grupo de periodistas, políticos y militares peruanos, quienes desde acá fueron expulsados a Europa.

El juez consideró que "Videla, Morales Bermúdez y Albano Harguindeguy no fueron ajenos” a los hechos de colaboración represiva entre dictaduras latinoamericanas denunciados ante su juzgado.

Por tal motivo, Oyarbide citó para mañana a su entonces ministro del interior, Albano Harguindeguy, que a los 84 tiene prisión preventiva domiciliaria.

Según la denuncia, el acuerdo entre Videla y Morales Bermúdez incluyó el resultado del partido de fútbtol del Mundial en que la Selección argentina derrotó 6 a 1 a la peruana, ganándose asi el pase a la final con Holanda.

En esta causa, además de Videla y Harguindeguy, están procesados el ex director de Institutos Militares de Campo de Mayo, el también condenador general Santiago Riveros; y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.

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(Gran Papiyo)         

El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem, sostuvo que el hecho de que los cruzamientos de datos genéticos no indiquen que el bebé que fuera entregado por la madre de Alfredo Astiz sea hijo de desaparecidos “no la autoriza a sustituirle la identidad” a nadie. Tal como informó en exclusiva Página/12, María Elena Vázquez de Astiz, la madre del represor de la ESMA, está siendo investigada en la causa por la supuesta sustitución y supresión de la identidad de un niño nacido en el año 1977. El funcionario agregó que igual “podría tratarse de uno de los nietos que todavía buscan las Abuelas, aunque el cruce de datos con el Banco Nacional de Datos Genéticos dio resultado negativo, esto no excluye la posibilidad de que sea uno de los nietos apropiados porque en el Banco no están todos los grupos familiares”.

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(Gran Papiyo)            

"En nombre de las Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos hermanos, de los 30 mil detenidos-desaparecidos y de la mayoría del pueblo argentino, manifiesto que, sin que nos muevan sentimientos de odio, venganza o revancha, brindamos por arribar a la inclaudicable justicia, que sin dudas consolidará la democracia y asegurará el nunca más", setenció Carlotto.

Antes de entrar en la audiencia, que cerrará la etapa final de alegatos de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, el abogado del organismo, Alan Iud, explicó que "es difícil evaluar hasta dónde llegan los daños", porque "se suman otros delitos como el ocultamiento y apropiación de los menores y la supresión de sus identidades, mediante la falsificación ideológica de documentos públicos, por lo tanto, "se deben aplicar las máximas condenas" previstas en el Código Penal para los acusados.

Ayer, la querella organizó las pruebas sobre once mujeres embarazadas que parieron en la ESMA y describió el sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde parieron secuestradas. Explicaron cómo se establecieron las maternidades clandestinas en estos dos lugares, uno era el centro clandestino más importante de la Marina y el otro del Ejército.

El lunes, inició la parte final del juicio por el plan sistemático de robo de bebes que tiene en el banquillo de los acusados a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone; el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exalmirante Antonio Vañek, el excapitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta, el exprefecto Jorge Azic, el exmarino Rubén Franco y el exmédico del hospital Naval Jorge Magnacco.

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(Gran Papiyo)             

Memoria, verdad y justicia

Cayó la mujer de Vildoza

La Justicia detuvo a la esposa del exjefe de la ESMA, Jorge Vildoza, imputado en la causa del plan sistemático de robo de bebés, quien estaba prófuga desde 1988, acusada de la apropiación del hijo biológico de Cecilia Viñas, actualmente detenida desaparecida. Ana María Grimaldos fue capturada en la localidad bonaerense de Acassuso y puesta a disposición de la jueza María Romilda Servini de Cubría.