Derrocar a un dictador puede parecer un acto justo. Nadie siente compasión por un tirano. Pero el derecho internacional no nació para premiar virtudes, sino para frenar abusos de poder. Por eso limita casi por completo el uso de la fuerza: no porque tolere la injusticia, sino porque sabe que cuando cada Estado se arroga el derecho de liberar a otro por las armas, el mundo regresa, sin disimulo, a la ley del más fuerte.

El problema no es Maduro. El problema es el precedente. Cuando la fuerza militar se convierte en herramienta para cambiar gobiernos sin reglas claras, la soberanía deja de ser un límite y pasa a ser un obstáculo. Hoy se habla de derrocar a un dictador; mañana será corregir una elección, proteger intereses o restaurar el orden. El derecho internacional no absuelve dictaduras, pero tampoco legitima cruzadas unilaterales.

La pregunta incómoda no es si un tirano merece caer, sino quién decide cuándo y cómo. La historia es implacable: derribar al dictador suele ser lo más fácil; construir justicia después, casi nunca. Y cuando la legalidad se rompe en nombre del bien, lo que suele seguir no es libertad, sino caos, violencia y nuevas víctimas.