La ley impide la paralización de la Junta con la que amenaza Díaz

• No peligran ni la organización del curso escolar ni la cobertura de bajas en el SAS

MANUEL MARÍA BECERRO

Contra los temores que quieren extender la Junta y el PSOE andaluz entre la ciudadanía, el bloqueo temporal o incluso definitivo de la investidura de la presidenta del Gobierno autonómico aún en funciones, la socialista Susana Díaz, no debería tener influencia sobre el normal desarrollo de la vida regional. Mantener lo contrario, hasta el punto de llegar a vincular la organización del próximo curso escolar o la cobertura sanitaria del verano a la proclamación de Díaz como presidenta hasta 2019 por parte del pleno del Parlamento andaluz, es amenazar directamente con hacer dejación de funciones, lo que supondría una vulneración flagrante de la legislación regional.

Coincidiendo con el primer día de la campaña electoral de las municipales de dentro de dos semanas, la líder autonómica socialista ha sorprendido con unas declaraciones en las que alerta de los graves efectos prácticos que supone o podría acarrear en el futuro inmediato la negativa de los cuatro partidos de la oposición andaluza (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) a apoyarla o abstenerse en las dos primeras votaciones ya celebradas para que el PSOE comience a gobernar en minoría.

«La gente no puede entender que pase un día, otro, y los jóvenes esperando para las becas del B1 [ayudas a los estudiantes universitarios para el título de idiomas obligatorio para terminar el grado], y los mayores esperando para los ascensores, y teniendo que programar el curso escolar 2015-2016 o el período estival en la sanidad andaluza. Nadie entiende que, con todo eso por delante, estemos pasando un día tras otro», aseguró Susana Díaz el viernes durante una entrevista que concedió al programa televisivo Al rojo vivo de La Sexta.

Es un salto cualitativo: por primera vez desde que los andaluces votaron el pasado 22 de marzo, la presidenta en funciones condiciona directa y expresamente al desbloqueo de su investidura el normal desenvolvimiento de servicios públicos esenciales de la Junta de Andalucía como la sanidad y la educación. Y lo hace conociendo que el artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía imposibilita ese supuesto desamparo administrativo de los estudiantes y enfermos andaluces por el que urge al resto de formaciones a apoyarla parlamentariamente.

Según el tercer epígrafe de la ley mencionada, el Ejecutivo en funciones que preside Susana Díaz está obligado «al despacho ordinario de los asuntos públicos de su competencia», pudiendo incluso adoptar decisiones extraordinarias en «casos de urgencia o interés general debidamente acreditados». Nadie duda de que tanto la preparación del curso escolar como la cobertura médica de verano son, a estas alturas del año, las actividades ordinarias de las consejerías de Educación y Salud, respectivamente, así que ni Luciano Alonso ni María José Sánchez Rubio pueden aducir que estén a la espera de que el Parlamento dé luz verde a la presidenta para iniciar unas planificaciones muy modulables conforme al interés general.

El dramatismo de Díaz, por tanto, cuanto menos resulta muy exagerado. Lo que real y únicamente no se puede hacer desde el Palacio de San Telmo a día de hoy está tasado en los puntos cuarto y quinto del mismo artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma: así, la presidenta en funciones no puede crear, suprimir o modificar consejerías de la Junta ni designar o separar a sus titulares o a los viceconsejeros; no puede disolver el Parlamento; y tampoco puede plantear una cuestión de confianza. Por su parte, el Consejo de Gobierno no puede aprobar un nuevo presupuesto para la Junta ni presentar proyectos de ley a la Cámara autonómica.

No hay, por tanto, ninguna cortapisa legal o parlamentaria para que la Junta otorgue becas universitarias y apruebe el próximo martes un decreto con las ayudas para cumplir la vieja promesa que arrastra desde tiempos de Chaves de contribuir a la instalación de ascensores, ni para que la Consejería de Educación programe el curso escolar o la de Salud cubra las bajas vacacionales de los profesionales sanitarios y hasta mejore la cobertura estival del SAS.

La propia actuación del Gobierno andaluz deja en evidencia el discurso tremendista de Susana Díaz tras perder la segunda votación en el pleno de la Cámara autonómica. Basta simplemente con recordar los motivos esgrimidos el pasado 31 de marzo por el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para mantener en el cargo a la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, la socialista Manuela Gómez, la misma que tras el 22-M envió vía correo electrónico una carta de felicitación, con membrete y sello de la Administración autonómica, a funcionarios de su cargo por la victoria del PSOE-A.

«Ella ha reconocido su error públicamente, ha puesto su cargo a disposición y ha dicho que no quería repetir en el mismo. Y como en estos momentos la prioridad y lo que nos ocupa es un proceso de matriculación y puesta en marcha del próximo ejercicio educativo, no creemos oportuno que la delegada provincial sea cesada en estos momentos, aunque no volverá a repetir en el cargo», justificó el número dos del Gobierno andaluz, ratificando la importancia de la labor de los cargos en funciones que ahora niega el mismo Ejecutivo.