Nada que no sepamos, pero no deja de ser ilustrativo de lo que pueda estar sucediendo a todo lo largo del País. Un procurador de otro estado confesó, off de record, que según sus cálculos 75% de sus policías estaban infiltrados por el Narco. Hace tiempo que muchos policías pasaron de la protección “pasiva” a los delincuentes a la participación “activa” en los delitos. Muchos de ellos operando ya por iniciativa propia.

¿Cuántas extorsiones y cobro de derecho de piso en restaurantes y tiendas son realizados en nombre de Los Zetas? ¿Cuántos de los delitos que se cometen en este País no están vinculados al crimen organizado, sino a las policías?

O quizá habría que replantear la pregunta ¿es esa Policía parte del crimen organizado? Crimen organizado o delincuencia organizada es la denominación que se le da a las estructuras sociales compuestas por individuos que se organizan para cometer acciones delictivas, así como al tipo de delito imputado por dicha conducta: tráfico de drogas, armas, robo de vehículos, terrorismo, secuestro, extorsiones, trafico de indocumentados, etc. El Artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada…”.

Las policías se han convertido en un peligro para los ciudadanos. No es casual que el 92% de los delitos no se denuncian, según encuesta del propio INEGI. Y supongo que el escaso 8% que sí se reporta obedece a la necesidad de cobrar un seguro o, más probable, para evitar ser criminalizado cuando te roban un auto o celular que puede ser usado para delinquir. Y a veces ni siquiera se necesita denuncia para ser objeto de la delincuencia policiaca, como lo puede atestiguar el poeta Efraín Bartolomé, a quien un judicial le robó su reloj en un cateo ilegal. ¿Por qué se lo robó? Porque sí, porque puede, porque los ciudadanos son tratados por los cuerpos de Seguridad como población enemiga en territorio ocupado.

En este marco es increíblemente irresponsable la propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que el presidente Felipe Calderón entregó al Congreso para su aprobación. El proyecto de ley otorga enormes atribuciones a la Policía para incriminar a los ciudadanos, lo cual necesariamente se traducirá en una mayor arbitrariedad y en mayor número de delitos de esta mafia policiaca.

Entre otras cosas la reforma contempla investigaciones por denuncias anónimas (que puede inventar cualquier judicial), prisión por delitos contra la seguridad de la Nación (¿y quién lo define, gobernadores como Duarte?), grabación de personas y uso de llamadas telefónicas entre particulares, detenciones de “urgencia” sin necesidad de autorización judicial.

En otras palabras, la reformas permitirían detenciones y cateos de personas sin mayor prueba que el criterio arbitrario de un judicial. Es decir, de esos que en gran número trabajan para el crimen organizado o son el crimen organizado.

Se dice que estas nuevas leyes contra los derechos ciudadanos representan una regresión hacia un estado autoritario. Es cierto desde luego. Pero el asunto es aún más grave. El Estado autoritario tiene una lógica política. Calderón cree servir a la gobernabilidad y la implantación de un estado de derecho aunque sea por vía autoritaria. Eso sería en Chile o Alemania donde la corrupción policiaca es mínima. Con el estado calamitoso de las policías en México tales atribuciones lograrán justamente lo contrario: hacer de cada comandante judicial un potencial capo de su propio minicártel del crimen organizado.

Hay aspectos recuperables de la reforma (énfasis en el sistema de juicios orales, por ejemplo), también son reconocibles los esfuerzos realizados como la Plataforma México y la depuración de cuerpos policiacos, pero está aún en ciernes. Otorgar más atribuciones a la Policía contra los ciudadanos, sin sanear antes las instituciones de Seguridad Pública y las estructuras judiciales es una locura.